La colaboración de la Justicia suiza en la causa en la que se investiga a Lázaro Báez por supuesto lavado de dinero quedó en un punto muerto luego de idas y venidas entre Argentina y el país helvético.
El Ministerio Público de ese país se sigue resistiendo a aportar información sobre las cuentas y los movimientos bancarios del empresario en Suiza, uno de los principales paraísos fiscales, donde el secreto bancario sigue siendo un mandamiento religioso a pesar de la presión del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
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Hubo un primer acercamiento informal que indicaba que Suiza iba a colaborar, pero las vueltas burocráticas y políticas, y la desconfianza terminaron por dilapidar un encuentro que iba a ser clave entre el juez federal Sebastián Casanello, el fiscal federal Guillermo Marijuány los investigadores en Suiza que siguen una causa contra Báez, tras el escándalo que desató el affaire Fariña-Elaskar y compañía.
A través de la mediación de allegados al gobierno suizo, el juez Casanello recibió una invitación del Ministerio Público helvético para viajar a Suiza. El magistrado convocó al fiscal del caso, Marijuán, con quien mantiene una relación distante, para que se sume. La procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, jefa de los fiscales, aprobó el viaje de Marijuán. Sin embargo, la Corte Suprema negó esa posibilidad a Casanello, confirmaron a PERFIL altas fuentes de la causa.
El máximo tribunal, a cargo de Ricardo Lorenzetti, envió una notificación al juez en la que le sugería que el “encuentro” fuera por videoconferencia, un método que obliga a la Justicia a dejar asentado el intercambio de manera oficial.
Los suizos se negaron. Lo que buscaban, según pudo reconstruir este diario, era un encuentro extraoficial, que no quedara asentado, para obtener información sobre el plan de trabajo del juez y sondear las intenciones del magistrado. Para el juez era central para ganarse la confianza de los suizos y obtener lo que necesita: las supuestas cuentas y movimientos bancarios de Báez y su hijo.
La sugerencia de la Corte Suprema fue informada a Europa y generó una respuesta fría de los suizos. Le comunicaron al juez que a partir de entonces, se comunicarían sólo por vía burocrática a través de la Cancillería. Así, el Gobierno argentino tendrá pleno conocimiento de todo lo que intercambian.
Casanello pidió hace varios meses los detalles bancarios de los imputados, pero Suiza jamás envió la información que el juez les solicitó por exhorto. Luego de la frustrada visita extraoficial, el juzgado federal recibió una notificación: para que le envíen esa documentación le exigen que se determine el delito preexistente de lavado.
