El ministro del Interior, Aníbal Fernández reconoció que las amenazas de muerte al juez Carlos Rozanski, quien integra la Corte que en la ciudad de La Plata condenó a reclusión perpetua al represor Miguel Etchecolatz, es uno más de los "varios elementos que nos muestran que no está el campo para trabajar tranquilamente".
El ministro, señaló además la "responsabilidad" compartida por la Nación y la provincia de Buenos Aires en la búsqueda de Jorge Julio López, testigo clave en el juicio, desaparecido hace once días. " La responsabilidad está en todos, Nación y provincia", aseguró. En este sentido, destacó el " feed back" que tiene el Ejecutivo nacional tanto con el gobernador bonaerense Felipe Solá como con el ministro de Seguridad, León Arslanián.
Según dijo, se han reunido en varias oportunidades para establecer "acciones puntuales que nos permitan fortalecer la custodia de eventuales testigos y garantizar que ninguno pueda ser objeto de alguna agresión o amedrentamiento".
La idea, agregó, es que ningún eventual testigo "sea víctima de situaciones que signifiquen morigerar su vocación de colaborar en la sanción de los responsables, porque el Estado tiene que hacerse cargo a la par que seguir trabajando en la búsqueda de Lopez".
Otra voz. Para Nilda Eloy, una de las querellantes en el juicio contra Etchecolatz, sostuvo hoy que "no es casual" la desaparición de López y las menazas recibidas por el Tribunal que juzgó al ex jefe policial.
"Desde que empezó el juicio estamos recibiendo amenazas. Y no es casual la desaparición de López, ni que haya aparecido un cuerpo calcinado a 15 cuadras de la casa del juez Rozanski, ni las amenazas que recibió el Tribunal", afirmó Eloy al ingresar a los tribunales federales de La Plata.
Sostuvo además, que las amenazas y la desaparición de López ocasionan temor, pero también provocaron que muchas víctimas de la dictadura expresen y reafirmen su calidad de testigos en próximas causas a ser tratadas en instancias orales. "Dicen `yo sigo siendo testigo'", expresó.
Eloy denunció haber recibido llamados telefónicos donde le hacían oír sesiones de torturas. A raíz de este incidente, la dirigente de derechos humanos se maneja con custodia policial.
