El sistema judicial es, hoy, más parcial que el que funcionó durante los años de Menem. Ya no recorre los pasillos de Comodoro Py Pepe Allevato con su valija llena de regalos al contado, pero no por un arranque de honestidad del Ejecutivo, sino porque ni siquiera hace falta: desde 2003 el kirchnerismo nombró a la mitad de los jueces, 438 de los 886 cargos nacionales en todo el país. Entre ellos están cuatro miembros de la Corte Suprema. Cristina designó en 2011 a 107 magistrados, la mayor cantidad de jueces por año de la última década.
La presión sobre el resto se ejerce a través de la subrogancia. Son jueces suplentes que saben que su destino pende de un hilo y deben evitar cualquier desatino. Los últimos nombramientos en el fuero en lo Criminal y Correccional Federal y las piruetas y acuerdos del Gobierno en el Consejo de la Magistratura completan ese panorama.
A lo largo de la era K sólo ocho de los 12 juzgados federales fueron ocupados por jueces titulares: Servini, Lijo, Torres, Canicoba, Bonadío, Rafecas, Ercolini y Oyarbide. Las vacantes se produjeron con la salida de Galeano (destituido por el escándalo del caso AMIA), Urso (tenía dos pedidos de destitución después de 13 años a cargo del Juzgado Federal Nº 8; renunció un lunes y, en curiosa coordinación, su renuncia apareció aceptada en el Boletín Oficial del martes; pero antes de irse cerró dos causas contra Julio De Vido por la compra irregular de locomotoras y por la adjudicación de un gasoducto al Grupo Techint), Ballesteros (subió a Cámara) y Montenegro (renunció para irse al gabinete de Mauricio Macri).
El caso de los subrogantes tiene algunos hitos como el de Aráoz de Lamadrid, quien reemplazó a Galeano en el Juzgado Federal Nº 9 y también sobreseyó a De Vido en una causa por enriquecimiento ilícito. De Lamadrid sacó un 1 en el concurso para quedarse con la vacante. Todo estaba bien hasta que falló en una causa a favor de Clarín: fue el final de su subrogancia, en diciembre de 2010. Hace unas semanas De Lamadrid volvió a ser noticia: como abogado en la causa Pedraza intentó coimear a un juez de Casación.
Para manejarse en tribunales, nada mejor que llamarse Fernández: Alberto Fernández fue el operador de Néstor a través del Estudio Righi (que es del procurador general de la Nación, o sea, el jefe de todos los fiscales) y Javier Fernández, representante del oficialismo en la AGN, es quien hoy se encarga de influir a los jueces sensibles: mover expedientes de juicio político en el Consejo de la Magistratura es una de las presiones más comunes.
Mientras todos pensaban que el kirchnerismo iba a perder la mayoría en dicho Consejo, el Gobierno se unió con el PRO y logró los dos tercios; fue en el ya mítico concurso 140.
“El problema no es sólo el 140, en su efecto colateral. Por primera vez tuvieron los dos tercios y eso es como la virginidad. ¿Ahora cómo convencés a los jueces de que cuando quieran avanzar contra alguno sin motivo los vamos a frenar? El kirchnerismo es muy hábil y fue cooptando gente”, le dijo a La Nación el juez y consejero Ricardo Recondo.
El interés de Macri por correr a Oyarbide del juzgado donde, como subrogante, lo procesó fue determinante para el acuerdo K-PRO. Mauricio instruyó a su representante Alejandro Fargosi para que se aprobara este concurso sospechado de trampas desde su inicio. El acuerdo con el macrismo le abrió la puerta al juez de Instrucción Rodríguez, que días antes del examen pidió en su juzgado copias de un fallo real que resultó ser similar al del examen, que en teoría no podía conocer. El caso real, que funcionó como machete, era sobre un robo de monedas en el Banco Nación. Se abrió una investigación en la Justicia, pero recayó en Servini y el caso fue cerrado. Rodríguez es también un hombre de Javier Fernández. Pinedo resumió su posición frente al acuerdo: “Si el resultado es tres buenos y uno malo, estamos conformes. Como dijo Mauricio, le hemos hecho un gran favor a la Argentina”.
El “trabajo” de tres jueces logró el sobreseimiento del matrimonio Kirchner en la causa por enriquecimiento ilícito: Ercolini, Canicoba Corral y Oyarbide. Durante la gestión presidencial, el matrimonio de El y Ella incrementó su patrimonio 710%, de $ 6.851.810 a $ 55.537.290. Los Kirchner, según un análisis realizado por un ex perito de la Corte Suprema, entre 2003 y 2009 aumentaron 3.240% la superficie de sus propiedades inmuebles y 8.734% sus lotes.
Las irregularidades del fallo generaron un expediente en el Consejo que fue cerrado en menos de cinco minutos y sin debate; la diputada Diana Conti redactó el dictamen desestimatorio y contó con el apoyo de otros tres consejeros.
De ahí para abajo, cualquier otro milagro fue posible.
(*) Columnista del Diario Perfil.
