Topadoras que avanzan sobre bosques nativos, represión sobre familias originarias, niños y embarazadas, heridos con balas de goma, personas detenidas por defender su tierra y sus casas, y la expropiación de un patio cultural que desde hace más de 15 años recibe todos los domingos a centenares de personas, inclusive turistas de varios países del mundo, para compartir música y bailar bajo la sombra de los árboles. Ese es, ni más ni menos, el proyecto de urbanización y progreso del gobierno de Santiago del Estero, ahora en manos del radical kirchnerista Gerardo Zamora.
Todo explotó el viernes 24 de mayo cerca de las 5 de la madrugada, cuando la policía provincial ingresó a sus tierras reprimiendo con balas de goma, muchos de ellos a caballo y protegidos hasta los dientes, para permitir el ingreso de las topadoras y desmontar varias hectáreas de monte nativo, habitadas sobre todo por comunidades indígenas, violando incluso la Ley de Bosques, según denunciaron organizaciones ambientalistas como Greenpeace.
La orden es avanzar con el desmonte en la ribera del río Dulce y desalojar a los pobladores de la zona conocida como Mal Paso, en el barrio Aeropuerto de la capital santiagueña, con la intención de expulsar a 27 familias, muchas de ellas pertenecientes al pueblo originario Tonocoté (muchos de apellido Sosa y parientes directos de Mercedes Sosa), para ampliar la costanera, avanzar en la construcción de la circunvalación e instalar nuevos barrios, uno de ellos privado.
El proyecto, que no fue difundido, implicó la expropiación de terrenos en la zona mediante las leyes 7110 y 7111, sancionadas entre gallos y medianoche el 18 de diciembre de 2012, según denunciaron los pobladores del lugar, que no fueron consultados y se enteraron cuando las topadoras llegaron a sus tierras. Entre los terrenos expropiados se encuentra incluso el patio del Indio Froilán, uno de los más reconocidos fabricantes de bombos del país, que abre las puertas de su casa todos los domingos para compartir música y baile con personas que viajan desde todo el país. Su patio es tan famoso que figura en guías turísticas internacionales.
Desde hace aproximadamente dos meses, ya fueron varias las hectáreas desmontadas, hecho que fue repudiado por ONG ambientalistas. “Repudiamos la represión a los históricos pobladores de la zona. Este desmonte viola la Ley de Bosques, ya que afecta a comunidades indígenas y la zona posee bosques que están especialmente protegidos por estar en la ribera de un río. Además no se realizó una audiencia pública para aprobarlo, algo que establece claramente la normativa nacional”, señaló Hernán Giardini, coordinador de la campaña de Bosques de Greenpeace.
En diálogo con Perfil.com, el Indio Froilán, que además organiza la famosa “marcha de los bombos” en julio de cada año, denunció que el día de la represión el lugar “se parecía a Bagdad”, y contó que con violencia fueron heridas cinco personas, entre ellas dos niños, uno de 3 y otro de 11, y una mujer embarazada. “Además de las familias que pierden sus tierras, hay 38 familias que viven del patio, haciendo comida o artesanías”, detalló.
Su patio, de una hectárea y tres cuartos, es tierra de su familia durante generaciones. “Era de mi abuelo, que murió en el 83 con 116 años. En este lugar me dedico a hacer bombos desde hace 53 años, empecé a los 10 años y medio, y desde el 97 funciona como ente cultural, donde nos visitan centenares de personas todos los domingos del año”, contó.
Y aseguró que luego de la represión, que provocó que personas de la cultura y de distintas organizaciones de derechos humanos los apoyaran, el gobernador le aseguró telefónicamente que “no van a tocar el patio”. Cuestión de creer en la palabra.
Mientras tanto, los pobladores de la comunidad Tonocoté lograron firmar un acuerdo con el gobierno por el cual entregaron cuatro hectáreas de su territorio a cambio de quedarse con las otras cuatro hectáreas que les corresponde milenariamente, a cambio de la construcción de viviendas y un “espacio intercultural”. Así, la zona que quedó por acuerdo para el gobierno continúa siendo desmontada rápidamente. En ese lugar todavía quedan las casas de algunos de los habitantes de la comunidad, a quienes les instalarán casillas en otro lado para que puedan vivir hasta que les construyan nuevas casas de material, según contó a Perfil.com la Kamachej (autoridad tradicional de la comunidad Auqajkuna) Reina Isabel Sosa.
“Nunca imaginamos tener este problema, hace más de 200 años que habitamos estas tierras y mantenemos nuestra forma de vida, nuestros hábitos, como criar animales, vivir de las plantas que nos dan remedios para curarnos. También trabajamos en el patio del Indio, que es como nuestro hermano, donde vendemos tortillas, empanadas, locro, y los tejidos a telar que hacen las chicas a la siesta”, relató Sosa.
La vice Kamachej, Andrea Taboada, contó que en el acuerdo firmado se estableció que no serán movidos de la zona y que, aunque ceden tierras originarias, el gobierno se compromete a la construcción de un salón comunitario que funcione como "Espacio Intercultural" para exposición, charlas, desarrollo de la cultura y el arte tonocoté que será ubicado en la esquina "Paso de los Indios".
Todo eso sucede mientras en la Plaza de Mayo se movilizan aborígenes de la comunidad qom La Primavera, de Formosa, que viene siendo reprimida y hostigada por los mismos intereses de progreso de otro gobernador kirchnerista, Gildo Insfrán, que busca expulsar de sus tierras milenarias a los pueblos originarios para emprendimientos privados.
En 2011, un campesino santiagueño, Cristian Ferreyra, fue asesinado por sicarios empresarios en un conflicto por tierras, donde manos privadas intentan avanzar sobre territorios que no les pertenecen. Por este hecho, campesinos acusaron a Zamora de avalar desmontes donde viven familias rurales.
(*) De la redacción de Perfil.com
