El 24 de marzo de 1976, la Junta Militar encabezada por Jorge Rafael Videla asumió el control del Estado y, con ello, de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA). Bajo la conducción del vicealmirante Carlos Castro Madero, el organismo dejó de ser un ente puramente científico para transformarse en un pilar de la "seguridad nacional" y la proyección de poder regional. El objetivo era ambicioso: alcanzar la autonomía tecnológica completa y dominar el ciclo del combustible nuclear.
A diferencia de otras áreas de la administración pública que sufrieron recortes, la CNEA recibió un flujo de fondos constante y prioritario durante los primeros años del régimen. En 1977, mediante el Decreto 302, se aprobó el Plan Nuclear que preveía la construcción de cuatro centrales adicionales a Atucha I, que ya estaba operativa. Los militares buscaban que Argentina no dependiera de proveedores externos para el enriquecimiento de uranio o el suministro de agua pesada, elementos críticos para cualquier desarrollo posterior.
Un informe de la CIA fechado en mayo de 1982, titulado "Argentina's Nuclear Program: Seeking Self-Sufficiency", señala que el país buscaba activamente la capacidad de producir plutonio. El documento indica que "la determinación de Argentina de dominar el ciclo del combustible nuclear se basa en el deseo de prestigio internacional y la autosuficiencia energética, pero también en la opción de desarrollar un artefacto nuclear si la situación de seguridad regional lo requiere".
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Sin embargo, el vicealmirante y doctor en física Castro Madero defendía la idea de que la tecnología nuclear era un símbolo de soberanía que separaba a las naciones desarrolladas de las periféricas. "No aceptamos que se nos limite en nuestro derecho al desarrollo tecnológico", afirmó en diversas entrevistas técnicas de la época, rechazando las presiones de Estados Unidos para que el país firmara el Tratado de No Proliferación (TNP).
El proyecto de la Planta de Agua Pesada y el rol de Suiza
Uno de los hitos técnicos más complejos fue la licitación para la segunda central nuclear, Atucha II, y la planta industrial de agua pesada (PIAP). En 1979, el gobierno militar adjudicó la construcción de la central a la empresa alemana Kraftwerk Union (KWU) y la planta de agua pesada a la firma suiza Sulzer Brothers. Esta decisión generó tensiones diplomáticas con Washington, que intentaba imponer salvaguardias más estrictas para evitar el desvío de materiales hacia fines no pacíficos.
El historiador de la ciencia argentino, Federico Quilici, en su investigación sobre el desarrollo tecnológico nacional, rescata documentos que prueban que la elección de la tecnología de uranio natural y agua pesada no fue casual. Este sistema permitía a la Argentina utilizar sus propias reservas de uranio sin depender del enriquecimiento en el exterior, una tecnología que en aquel entonces estaba bajo el control estricto de las grandes potencias nucleares.
La construcción de la Planta de Agua Pesada en Arroyito, Neuquén, se convirtió en una obra de ingeniería civil sin precedentes para la región. Sin embargo, los plazos originales empezaron a dilatarse debido a la crisis económica que comenzó a golpear al país hacia finales de 1980.
Pilcaniyeu y el anuncio del enriquecimiento de uranio
El secreto mejor guardado de la dictadura fue el Complejo Tecnológico Pilcaniyeu, ubicado en la provincia de Río Negro. Allí, un equipo reducido de científicos trabajó en el desarrollo de la técnica de difusión gaseosa para enriquecer uranio. El proyecto se llevó a cabo bajo un estricto compartimentaje de información, incluso dentro de la misma CNEA, para evitar filtraciones a los servicios de inteligencia extranjeros que monitoreaban el programa.
Pocos días antes de entregar el poder a Raúl Alfonsín, en noviembre de 1983, Castro Madero anunció públicamente que Argentina había logrado dominar la tecnología de enriquecimiento de uranio. Según crónicas de la época en el diario Le Monde, el anuncio fue interpretado como un hecho consumado que el régimen militar dejaba a la democracia, posicionando al país como el líder indiscutido en materia nuclear en América Latina, por encima de Brasil.
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El impacto de este anuncio en la diplomacia internacional fue inmediato. Los registros del Departamento de Estado de EE. UU. muestran la preocupación por una supuesta falta de transparencia del proyecto Pilcaniyeu. "El éxito en Pilcaniyeu otorga a Argentina la base teórica para producir uranio de grado militar, aunque todavía se encuentran lejos de una producción industrial sostenida", indicaba un cable diplomático enviado desde la embajada en Buenos Aires en diciembre de 1983.
El destino del plan tras el regreso de la democracia
Con la llegada de la democracia, el presupuesto de la CNEA sufrió un ajuste drástico. El gobierno de Alfonsín decidió mantener el carácter civil del programa y buscó un acercamiento con Brasil para desactivar la carrera armamentista en la región. Esto culminó años después con la creación de la ABACC, la agencia binacional de control nuclear. Muchas de las obras iniciadas por la dictadura, como Atucha II, quedaron paralizadas por falta de fondos durante más de veinte años.
La Planta de Agua Pesada de Arroyito finalmente se terminó, pero su producción fue errática debido a las fluctuaciones del mercado internacional y la falta de nuevas centrales que demandaran el insumo. El Plan Nuclear de 1977, que proyectaba un país con una matriz energética mayoritariamente atómica para el año 2000, nunca se cumplió en las dimensiones que los militares habían planificado sobre el papel.
Atucha II recién se inauguró en 2014, treinta y tres años después de que se vertiera el primer hormigón. De las cuatro centrales adicionales prometidas por el decreto de 1977, solo se completó una. El complejo de Pilcaniyeu sigue operativo bajo control civil y salvaguardias internacionales, dedicado principalmente a la investigación y la producción a pequeña escala de uranio de bajo enriquecimiento para reactores de investigación.
Al finalizar el periodo militar en diciembre de 1983, la deuda externa del sector nuclear argentino ascendía a aproximadamente 5.500 millones de dólares. Según los balances de la CNEA presentados en el primer trimestre de 1984, el personal del organismo se había reducido en un 15% respecto al pico de 1980 debido a las presiones políticas contra científicos disidentes y el exilio de técnicos hacia el exterior.
