El fiscal Gastón Larramendi, encargado de pedir el desalojo de la planta de PepsiCo en el norte del Conurbano, afirmó este jueves que "de ninguna manera" cuestiona "el reclamo gremial", pero enfatizó que "los derechos no son absolutos".
"De ninguna manera cuestionamos el reclamo gremial [de los trabajadores], es algo totalmente lícito, pero como todo, todos los derechos no son absolutos y donde termina un derecho empieza el otro. El derecho de reclamar, de huelga, no puede avasallar a todos los demás", manifestó el funcionario judicial.
Larramendi indicó durante una entrevista radial: "Si hay algo que nos interesa como Ministerio Público es la legalidad, no es perseguir por perseguir en sí mismo, pero hubo una intrusión ilegal" por parte de trabajadores, según consignó la agencia DyN.
Conflicto. La protesta de los trabajadores de PepsiCo comenzó el 20 de junio cuando los empleados que debían cumplir el turno de guardia ese día feriado, al arribar al lugar, se encontraron con un cartel en la puerta que anunciaba el cierre de la planta.
La empresa argumentó que lo hizo "debido a los obstáculos inherentes a la ubicación de la planta en un área mayormente residencial, su compleja estructura de costos y extensos requerimientos logísticos". En ese contexto, anunció además que mudará la producción de snacks a Mar del Plata y, del total de trabajadores de la planta, 691 personas, reubicará sólo a 155 e indemnizará al resto.
Ante este escenario, los miembros de la comisión interna de la planta anunciaron la toma de la fábrica.
