Se confirmó hoy el procesamiento con prisión preventiva por parte de la Cámara Federalcon por "trata de personas" para los dueños de dos talleres clandestinos ubicados en la ciudad de Buenos Aires. En los talleres, un grupo de ciudadanos bolivianos era sometido a explotación laboral para la confección de prendas de vestir, entre las que se elaboraban uniformes policiales y de empresas de seguridad.
Fue la Sala Segunda de la Cámara quien ratificó los procesamientos por el delito de "trata de personas agravado”. El tipo agravado se debe a que los hechos fueron cometidos mediante abuso de una situación de vulnerabilidad, como así también por la cantidad de víctimas, autores y “por haberse consumado la explotación". En el mismo documento que confirma el procesamiento, se trabó también embargos por cantidades entre 30 mil y 200 mil pesos.
Los procesados son tres, y regenteaban talleres textiles ubicados en las calles Daract y Mom, en el barrio porteño de Nueva Pompeya. En ese lugar, tenían a “una familia con dos hijos menores de edad y otras dos personas, todas de nacionalidad boliviana, que confeccionaban prendas de vestir, "uniformes policiales y de empresas de seguridad privada", sostuvo el fallo.
Según informó DyN, la investigación tuvo como origen la denuncia de una de las víctimas de trata ante la Policía Metropolitana que, con la intervención del juez federal Marcelo Martínez de Giorgi, realizó allanamientos en los que se terminó secuestrando "gran cantidad de telas, máquinas de coser y distintos elementos de costura".
Al parecer uno de los imputados tenía su actividad en regla, ya que "se encuentra inscripto en los registros de la Afip como fabricador de productos textiles desempeñándose en dicha actividad desde el año 1993", se explicó en el fallo firmado por los camaristas Eduardo Farah y Jorge Ballestero.
Los acusados mantenían un sistema para consumar la explotación laboral, que según manifestaron los jueces en el fallo, consistía en desplegar “mecanismos de captación, traslado y acogimiento o recepción”, mediante los cuales ofrecían y brindaban trabajo y alojamiento a los damnificados.
Los acusados, siempre según el fallo, "se aprovecharon del contexto económico altamente desfavorable en el que se hallaban, para consumar la finalidad de explotación laboral en los talleres textiles de los cuales eran sus titulares responsables".
Las víctimas declararon que fueron contactadas desde Bolivia por un familiar de uno de los imputados, quien les ofreció trabajo en Argentina, sabiendas de las "dificultades de acceder, en su país de origen, a trabajos que les permitan tener ingresos suficientes para cubrir sus necesidades y en algunos casos de sus familias".
A las potenciales víctimas se les captaba a través de "un aviso de un periódico local para desempeñar la tarea de ayudante de costurero bajo la promesa de un sueldo mensual de 500 dólares", según se podía leer en el fallo.
El trabajo consistía en "jornadas muy extensas de lunes a viernes y los sábados hasta el mediodía, con escaso tiempo de descanso durante el transcurso de la misma". Además, ninguna de las personas afectadas contaba con contrato, y por tanto carecían de los beneficios que les corresponden, “tales como aportes jubilatorios, obra social", según afirmaron los magistrados en su escrito judicial.
Los lugares allanados y ahora puestos a disposición judicial, "contaban con infraestructura deficiente, falta de calefacción e higiene, falta de mantenimiento y seguridad, como asimismo instalaciones eléctricas precarias". En el mismo lugar trabajaban y vivían, pese a lo cual “no contaban con llaves, siendo necesario solicitar permiso a los encargados para retirarse, cada vez, aún por escaso tiempo".
