En tanto se hace evidente la persistente vigencia de algunas complejas grietas sociales, también se hace factible percibir que un modo de hacer política está muriendo y algo nuevo necesita aflorar. No es que no corresponda reconocer los avances logrados durante la última década en materia de empleo, protección laboral, seguridad social, lucha contra la pobreza, derechos sociales, etc., claro que cabe, y por eso no han sido pocas las oportunidades en las que nuestras investigaciones fueron generosas con el propio gobierno, aunque es cierto, el acento ha estado puesto más en llamar la atención sobre las deudas sociales que en dar por sentados los créditos políticos. Si bien algunos consideran que tal actitud tiene como móvil hacer “oposición”, se equivocan, se trata de hacer bien nuestra labor de científica, procurando servir a un más justo y equilibrado desarrollo social.
Pero siendo éste un tiempo de eventuales continuidades y cambios es también un momento privilegiado para hacer balance de aquello que fue insuficiente o no se hizo bien. Sólo así podremos proyectar un mejor devenir. En tal sentido, la principal falla que cabe asignarle a la década ganada es no haber puesto en agenda la necesidad de un plan estratégico de desarrollo socioeconómico de carácter federal, intersectorial, con participación pública, privada y de la sociedad civil, dirigido por el Estado, consensuado con las diferentes fuerzas políticas y con supervisión y asistencia científico-técnica. Al parecer, tamaña ingeniería requería otras dotes y otros dones. Fue más fácil montarse en los márgenes redistributivos que ofrecía un crecimiento económico fundado en las ventajas comparativas internacionales, la administración de un tipo de cambio favorable, la gestión centralizada de subsidios a agentes privados, el reparto discrecional del gasto público y el lento pero sistemático consumo de los stocks productivos, ambientales y sociales disponibles. Todo lo cual hizo posible la ampliación de la infraestructura social, el crecimiento del empleo, el aumento del consumo, las protecciones laborales, la reactivación del mercado interno, la extensión de los beneficios previsionales y la proliferación de ayudas económicas, entre otros beneficios sociales.
Quizás todo ello era necesario para salir de la crisis en condiciones incluso socialmente más justas y ventajosas que las vigentes durante los años de febril convertibilidad. Pero no mentimos ni engañamos al afirmar que la realidad social permite mostrar que este esquema redistributivo de la década ganada no fue suficiente para erradicar el hambre, la pobreza extrema, la marginalidad social, la precariedad laboral, el riesgo de desempleo, el deterioro educativo, la inseguridad ciudadana, el avance del narcotráfico, el clientelismo político, la manipulación comunicacional, la especulación comercial, los desequilibrios regionales, la degradación ambiental, la concentración financiera, la corrupción política y judicial, entre otros males que resurgen y se agravan como problemas fundamentalmente sociales –no sólo políticos o económicos–, no sólo cuando se debilita el relato, sino sobre todo cuando se acaba objetivamente la posibilidad de volver atrás.
Como parte del mismo proceso, la década ganada se llevó puestas las estadísticas públicas y a una gran parte de los centros de investigación independientes capaces de alertar de los errores y orientar las soluciones. Al mismo tiempo, el oficialismo hizo oídos sordos a las llamadas de atención de propios y extraños.
Con continuidad o sin ella, una nueva década por ganar requiere al menos algunos cambios: tener diagnósticos ciertos, sumar consensos democráticos y construir políticas de Estado.
*IIGG, UBA. Observatorio de la Deuda Social, UCA.
