El proyecto impulsado por el secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, de implementar una tarjeta de crédito oficial en supermercados –llamada “NapiaCard” en el oficialismo–, desplazando a los bancos de esas operaciones, despertó una larga serie de cuestionamientos. En el sector privado, además, sospechan que la iniciativa podría responder también a una interna en el Gobierno.
Según confiaron fuentes del sector a PERFIL, “la idea de trasladar todas las cuentas de tarjetas de crédito al Banco Nación resulta impracticable porque hay casi 18 millones de plásticos emitidos. Creemos que Moreno quiere demostrar que tiene más poder de presión sobre el sector financiero que Marcó del Pont”, apuntaron desde una entidad. Otros directivos señalaron que “si la intención fuera reducir comisiones, podrían modificar la normativa vigente de tarjetas de crédito –que fija sumas máximas– por medio de su tratamiento en el Congreso”.
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Sobre este último punto, la agrupación Barrios de Pie dijo que “no está claro para qué les va a servir esto” a las familias, y advirtió que el uso de tarjetas es “una herramienta rara” en las zonas humildes, donde es mucho más frecuente la libreta del almacenero. Para Miguel Angel Calvete, de la Federación de Supermercados y Asociaciones Chinas, “lamentablemente hay funcionarios, empresarios e industriales que tienen algunos pensamientos que no se condicen con la realidad económica, y éste es uno de ellos”. Federico Sturzenegger, presidente del Banco Ciudad, fue más allá y lo calificó directamente como “locura” que los supermercados sólo acepten una tarjeta oficial. “El Estado tiene que intervenir cuando hay un monopolio, pero no cuando hay una situación de competencia”, agregó.
