En nuestro país se asume como una “verdad revelada” que el índice de precios al consumidor (IPC) elaborado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) mide fielmente la inflación.
Un número creciente de ciudadanos dudan de la capacidad del citado indicador y dichas presunciones tienen un fundamento objetivo, ya que el IPC no es un indicador representativo de la inflación, concebida como “el aumento significativo y sostenido del nivel general de precios”, y mucho menos del costo de vida, conforme lo advierte el propio Indec en su publicación El Índice de Precios al Consumidor: Gran Buenos Aires. Versión preliminar. Agosto 2016.Metodología Indec Nº 19.
Esto es así no sólo por su estrecha cobertura geográfica (Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Conurbano) respecto de la extensión territorial de nuestro país, de la desigual distribución regional de los ingresos, de la limitada cantidad de bienes y servicios (sólo 607) y del hecho de que se consideran exclusivamente los precios al contado (¿Precios Transparentes?) ignorándose la incidencia del costo financiero.
Adicionalmente, un IPC de calidad requiere que el promedio de las variaciones o cambios de los precios de aquellos bienes y servicios que integran la canasta sean ponderadas en base a una encuesta de gastos recientes, y no como en el caso que nos ocupa (IPC Indec) que data de los años 2004 y 2005.
Es por todos conocido que la antigüedad –como fenómeno asociado al transcurso del tiempo– “atenta contra la verdad”, pero en este caso se encuentra agravada por la obsolescencia atribuible a los importantes cambios tecnológicos que influyeron en los hábitos de consumo con la incorporación de nuevos bienes y servicios (celulares, tablets, motovehículos, gastos bancarios, seguros patrimoniales, educación privada, medicina prepaga, wi-fi, telefonía móvil, seguridad y vigilancia, viajes aéreos, prótesis, diagnósticos por imágenes, tratamientos médicos novedosos, viajes de fin de año, fiestas familiares, etc.) y el abandono de otros (por ej. reparaciones –varias entre ellas de la indumentaria–, correos, nafta común).
Nobleza obliga a reconocer que en los primeros meses del año 2016 el Indec procuró actualizar mediante tareas de gabinete las ponderaciones de la Encuesta de Gastos 2004-2005, que resultaron insuficientes a juzgar por los resultados.
A partir de diciembre de 2015 la economía argentina experimentó un agudo cambio de los precios relativos, consecuencia de la devaluación del peso, la eliminación de las retenciones a las exportaciones agropecuarias y los ajustes tarifarios de los servicios públicos dispuestos por las autoridades económicas que provocaron importantes modificaciones en la composición del gasto de las familias, incluso de los bienes tradicionales.
Una consecuencia de lo expuesto precedentemente es que los resultados obtenidos por la aplicación de las antiguas ponderaciones subestiman severamente las variaciones de los precios respecto de los valores que se hubieran obtenido de aplicarse las ponderaciones correctas.
El fundamento de esta afirmación reside en que los alimentos y las tarifas de los servicios públicos, también llamados “bienes salarios”, son los que sufrieron un mayor aumento de precios relativos y consiguientemente incrementaron su incidencia en el gasto total de los hogares, porque no pueden privarse de ellos. Por lo tanto su ponderación actualizada sería sensiblemente superior a la registrada en la encuesta de gastos del bienio 2004-2005.
Simultáneamente, algo similar ocurrió con los bienes prescindibles, pero en un sentido inverso. Habida cuenta del sesgo sistemático en la subvaloración de las variaciones de precios en el IPC elaborado por el Indec, estimo que se impone una rápida revisión del proceso de elaboración del citado índice, y hasta tanto ello ocurra quienes lo utilizan sean conscientes de la subestimación de la que adolece.
