Se trata de
ocho ex militares y dos ex policías acusados de "asociación
para delinquir y
reiterados delitos de privación de libertad" por la
desaparición de tres uruguayos en Argentina. Ayer se suicidó un imputado que podía haber quedado
preso.
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Cedoc
El juez uruguayo Luis Charles procesó ayer con prisión por primera vez en la historia del país a ocho ex militares y policías por violaciones a los derechos humanos durante la dictadura (1973-1985).
Los procesamientos fueron por los delitos de " privación de libertad en concurrencia fuera de la reiteración" y por "asociación para delinquir", por la desaparición del militante del Partido por la Victoria del Pueblo (PVP) Adalberto Soba.
La fiscal Mirtha Guianze había pedido el 29 de agosto el procesamiento de los ex efectivos de la dictadura por las desapariciones de Soba y de los también militantes del PVP Alberto Mechoso, León Durarte y Gerardo Gatti; así como la del militante tupamaro Washington Barrios, quienes habrían pasado por el centro de detención argentino 'Automotores Orletti'.
Estas desapariciones fueron excluidas por el gobierno uruguayo de la Ley de Caducidad, que evitó juzgar las violaciones a los derechos humanos cometidas en Uruguay durante la dictadura, pero que no incluye las desapariciones en el exterior ni los delitos con móviles económicos.
Charles "entendió que sus facultades estaban limitadas a ese caso en concreto en virtud de la resolución del Poder Ejecutivo", señaló Oxandabarat, en referencia a que el juez consideró que sólo la desaparición de Soba estaba excluida de la Ley de Caducidad.
Los procesados -que se retiraron esposados del juzgado y bajo una lluvia de huevazos lanzados por militantes de las organizaciones Plenaria Memoria y Justicia, e Hijos- son los ex militares José Gavazzo, Gilberto Vázquez, Jorge Silveira, Ricardo Arab, Ernesto Ramas, Luis Maurente y los ex policías Ricardo Medina y Pedro Sande.
Podrían enfrentar una pena de hasta 18 años de cárcel, y es de esperar que la defensa presente una apelación.
El juez Juan Carlos Fernández Lecchini aún debe pronunciarse por los pedidos de extradición argentinos, pero en caso de darles lugar, habrá que esperar a que culmine el proceso y la eventual condena antes de enviarlos al país.
Tras conocer el fallo el Servicio de Paz y Justicia (Serpaj) afirmó que se trata de un hecho muy importante que después de tantos años, se haya logrado que primara la justicia.
El integrante del grupo Guillermo Paysé sostuvo: "Esa fuerte impunidad arraigada en nuestra sociedad por más de 20 años tiene esta primera derrota con el procesamiento de seis militares y dos policías y de figuras significativas que permanentemente estaban señaladas por militantes que sufrieron torturas y que se sabían que estas personas habían viajado a Orletti porque los vieron allí, más allá de sus negativas permanentes por la mentira institucionalizada. Eso se revirtió y hoy la situación empieza a ser otra".
Cabe recordar que en noche del domingo s e suicidó Juan Antonio Rodríguez Buratti, uno de los militares que estaba citado para declarar este lunes. El coronel retirado se disparó en la cabeza en el garage del edificio donde vivía, cerca de la hora 19:15, y murió dos horas después en el Hospital Militar.
