La polémica se instaló en la provincia de Tucumán alrededor del nombramiento de un ex funcionario de la última dictadura como uno de los cinco vocales de la Suprema Corte de Justicia provincial. Se trata del abogado Francisco Sassi Colombres, quien fue propuesto para el cargo por el gobernador kirchnerista Jorge Alperovich y cuya nominación fue aceptada este mediodía por los legisladores tucumanos con una amplia mayoría.
Organismos de derechos humanos salieron a golpear a Alperovich y lo acusaron de nombrar a "alguien que fue funcionario de primera línea de la dictadura militar y convalidó el terrorismo de Estado", al tiempo que destacaron "la incongruencia con la política de derechos humanos del gobierno nacional". Los voceros del gobernador contestaron que el funcionario en cuestión fue "sólo un técnico" y que ocupó el cargo "al final de la dictadura".
El mismo Sassi Colombres admitió haber participado del la administración del gobernador Antonio Merlo como Secretario de Gobierno en el año 1982, pero aclaró que fue "con la misión de colaborar con la transición democrática" y reivindicó tener "amigos desaparecidos". Sassi Colombres fue luego designado Fiscal de Estado, cargo que ocupa hasta el momento.
En conversación telefónica con Perfil.com, el futuro juez dio su versión de los hechos. "Cuando se empezó a hablar de la transición a la democracia me pidieron que yo actuara porque tenía vinculación con la clase política, esa es mi vinculación con la ultima etapa de la dictadura. Ya no había desaparecidos. Siempre he actuado por el sistema democrático", explicó.
Luego recordó que participa de la gestión pública desde 1970. "Estoy desde la época de (Alejandro Agustín) Lanusse", comentó, olvidando tal vez que ese también fue un gobierno militar.
"Quiero aclarar que tengo amigos muy queridos desaparecidos de esa época. Mi concuñado, o sea el esposo de la hermana de mi señora, Hugo Diaz, o personas muy amigas como Guillermo Miguel, hijo del ex gobernador", dijo, con la intención de demostrar su rechazo al terrorismo de Estado.
El subsecretario de Prensa y Difusión del gobierno tucumano, Ignacio Golobisky, señaló a Perfil.com que Sassi Colombres tiene "un perfil estrictamente técnico" y que es "un experto en derecho administrativo".
Golobisky remarcó que Alperovich tiene "autonomía", tal como indicó esta mañana el mismo gobernador, respecto al disgusto que podría haber causado la designación en el ámbito del gobierno nacional, donde los gestos a favor de los derechos humanos son considerados como algo no menor.
Los organismos de derechos humanos de la provincia están que trinan. En conversación con este medio, Emilio Guagnini, de la agrupación Hijos por la Identidad, la Justicia, contra el Olvido y el Silencio (HIJOS-Tucumán), dijo que "todo funcionario de primera línea que haya formado parte del gobierno de facto, en este caso a nivel provincial, sin duda alguna avaló el terrorismo de Estado, desde el mismo momento que asume como funcionario".
Guagnini, señaló que en el año 82, Sassi Colombres "tenía cabal conocimiento" de los crímenes de lesa humanidad perpetrados por los gobernantes militares.
"En el 2003, el gobierno nacional dictó el decreto 222 que establece que "se debe ponderar en la selección de los candidatos a cubrir las vacantes en la Corte la correcta valoración de sus aptitudes morales, su idoneidad técnica y jurídica, su trayectoria y su compromiso con la defensa de los derechos humanos y los valores democráticos", recordó Guagnini, quien remarcó que difícilmente, "alguien que fue funcionario de la dictadura puede defender los derechos humanos".
"Ésta designación va a contramano de la política nacional de Derechos Humanos", finalizó Guagnini.
