La ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner sumó en las últimas 48 horas dos nuevas complicaciones en su ya complejo escenario judicial: a la confirmación de su procesamiento con prisión preventiva en la causa de los cuadernos de las coimas se acumuló el pedido, durante la jornada de ayer, de los fiscales federales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques de elevación a juicio oral del caso Hotesur, en el que CFK está procesada, junto a sus hijos y otras personas, por presunto lavado de dinero a través de falsos alquileres de plazas hoteleras a la ex familia presidencial. Como en las otras causas que la comprometen, la ex mandataria está considerada “jefa de asociación ilícita”. El pedido, que fue presentado ante el juez del caso, Julián Ercolini, alcanza a sus 18 imputados, entre ellos Máximo y Florencia Kirchner, los detenidos Lázaro Báez y Víctor Manzanares; el hijo mayor de Báez, Martín; la sobrina de CFK, Romina Mercado, y el empresario Osvaldo Sanfelice. El juez planea elevar la causa a juicio en febrero de 2019, luego de que los abogados de las defensas opinen sobre la cuestión. Así, el caso Hotesur se sumará a la lista de juicios orales pendientes contra la ex presidenta en el año electoral (ver aparte). El expediente comenzó en noviembre de 2014 tras una denuncia de la diputada Margarita Stolbizer que describía la supuesta operatoria inmobiliaria, con alquiler de hoteles de la familia Kirchner, para justificar el cobro de dinero proveniente de sobreprecios en obras públicas. Para los fiscales, “la acusación fiscal se encuentra enmarcada en la existencia y funcionamiento de una asociación ilícita de carácter estable y permanente, ideada con motivo de un acuerdo de voluntades entre los ex presidentes de la Nación Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner”. En tanto que consideraron que la estructura estaba integrada, además, por “ex funcionarios públicos de distintas agencias estatales y otras personas de su confianza, montada en base a una división de roles definidos y estratégicos dentro y fuera de la estructura administrativa del Estado”. En tanto, consideraron que la asociación ilícita funcionó “ininterrumpidamente al menos desde el 8 de mayo de 2003 hasta el 14 de diciembre de 2016” y estuvo “destinada a cometer múltiples delitos para sustraer y apoderarse ilegítimamente y de forma deliberada de millonarios fondos públicos”. Pollicita y Mahiques remarcaron que fue a través de la compra de hoteles como el Alto Calafate, Las Dunas y La Aldea, que se construyó el “mecanismo a través del cual los ex mandatarios y los empresarios allegados canalizarían el dinero que era sustraído al Estado a través de la obra pública vial, otorgándole así la apariencia de provenir de una actividad lícita”. Y continuaron asegurando que eso, “en definitiva, les aseguraría a los ex presidentes y a sus hijos poder disponer de una parte del dinero de la corrupción, ya que ante los ojos de las autoridades fiscales y anticorrupción dichos fondos contarían con un ropaje de licitud que enmascararía el verdadero origen del dinero”. Los fiscales consideraron que, una vez que el dinero se encontraba en poder de las empresas de Báez y que los ex presidentes contaban en su patrimonio con los hoteles, la maniobra se perfeccionaba a través del pago de alquileres falsos. El siguiente paso de la maniobra, para los fiscales, “consistió en interponer una persona jurídica –Valle Mitre– para que administrara los hoteles y funcionara como sociedad pantalla entre el grupo económico y los ex presidentes; y que por lo tanto, por un lado, absorbiera los fondos ilícitos provenientes de la obra pública vial asignados a las empresas del Grupo Báez”.
