Tras un decreto macrista y una minifricción con la Corte Suprema, la familia judicial se quedó con el manejo de las pinchaduras telefónicas. Por decisión del tribunal liderado por Ricardo Lorenzetti, las escuchas quedaron bajo la órbita de la Justicia Federal. En adelante, los jueces ordenarán y a su vez controlarán cómo se ejecutan las pinchaduras. Los cuatro directores más operativos de la ex Ojota fueron puestos directamente por la Corte, y el jefe de ellos es el secretario letrado del juez Ariel Lijo.
Desde la Procuración General comandada por Alejandra Gils Carbó –área que tenía a cargo la administración de las escuchas, hasta el decreto macrista– aseguran que la reforme abre las puertas para que vuelvan los espías desplazados de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI, la ex SIDE). En nombres propios, se refieren a la tropa del mítico Jaime Stiuso, quien ayer regresó a la Argentina. Los nuevos jefes puestos por la Corte lo niegan, pero admiten que trabajarán en coordinación con la AFI.
En el lapso de un año, las escuchas pasaron por tres poderes: la reforma cristinista las llevó de la SIDE a la Procuración. Tras un decreto de Macri y una acordada de la Corte Suprema, pasaron al Poder Judicial.
Con la firma de sus tres miembros, Lorenzetti, Elena Highton y Juan Carlos Maqueda, la Corte puso al presidente de la Cámara Federal porteña, Martín Irurzun, al frente de esta verdadera papa caliente que es el Departamento de Interceptación y Captación de Comunicaciones (Dicom, ex Ojota). Irurzun fue uno de los pocos jueces de Comodoro Py que respaldaron por escrito a Carlos Rosenkrantz, candidato de Macri para cubrir las vacantes de la Corte.
El segundo de Irurzun será el presidente de la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia, Javier Leal de Ibarra. Autor de fallos de fuerte peso político, como la condena por corrupción al general Roberto Bendini (aquel que en 2004 bajó el cuadro de Rafael Videla en el Colegio Militar), Leal de Ibarra tiene un diálogo más que fluido con Lorenzetti.
Sin presencia diaria en la sede donde se realizan las pinchaduras (un edificio de siete pisos ubicado en Avenida de los Incas 3834), tanto Irurzun como Leal de Ibarra harán una especie de control externo de la Dicom. El cargo de ambos durará un año.
Con oficina propia en la ex Ojota, el director ejecutivo ya en funciones es el joven Juan Tomás Rodríguez Ponte, uno de los secretarios más cercanos al juez Lijo. En la aventura de poner orden en el mundo de las escuchas, al ex colaborador de Lijo lo acompañará un secretario directo de Lorenzetti y director de Seguridad de la Corte: Alejandro Lartigau.
“Nuestros objetivos son que haya transparencia y confidencialidad absoluta. El tercer punto clave será la capacitación. Caza de brujas no, pero sí vamos a formar al personal”, explicó a PERFIL el juez Leal de Ibarra.
En el edificio de Avenida de los Incas, unas ochenta personas se dedican a grabar conversaciones ordenadas por jueces en causas de narcotráfico, trata de personas y secuestros. Y salvo unos diez empleados provenientes de la AFI, la mayoría del personal depende de Gils Carbó. Y su intención es retenerlos en su equipo, tras la etapa de la transición. Cerca de Gils Carbó (enfrentada al macrismo), aseguran que la nueva Dicom convocará a los echados de la ex SIDE. Una afirmación que sin falta logra fastidiar a Lorenzetti.
¿Habrá carta blanca para los espías y técnicos que respondían a Stiuso? “Se evaluará a la gente, sin importar de dónde venga. Lo importante es que sean probos y honestos”, promete Leal de Ibarra.
Luego de la reorganización del aparato de inteligencia del Estado, en diciembre de 2014, las escuchas quedaron en manos de la jefa de los fiscales. El reclamo de los jueces es que debía quedar bajo la órbita de la Corte.
