Decidieron ser la cara visible de un problema que se extiende en la administración pública: los despidos de profesionales que son críticos de las políticas del Estado y de los que denunciaron corrupción. Están dispuestas a “ir por todo” y quieren que su testimonio ayude a quienes sufren lo mismo.
En su mayoría, se trata de mujeres que perdieron su puesto después de diez años de carrera. Vivieron situaciones de desplazamiento o despido con características similares en Cancillería, la Secretaría de Energía, los ministerios de Justicia y Defensa y la Sedronar, entre otras reparticiones.
El último ejemplo es el de Laura Haag, abogada que trabajó por 13 años en la Secretaría de Energía. Su caso ganó resonancia porque ella denunció –en coincidencia con testimonios sindicales recopilados por PERFIL– que la causa de su despido fueron las diferencias con la política energética del Gobierno de su marido, el ex funcionario Cristian Folgar.
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Tras unos días de “duelo”, Laura decidió dar a conocer su despido y se puso en contacto con otras personas que vivieron situaciones similares. Además de contar con un espacio para compartir sus experiencias, decidieron organizar junto a las diputadas Margarita Stolbizer y Liliana Schwindt –GEN y Frente Renovador– una audiencia pública el 11 de noviembre para denunciar los despidos. En los próximos días, la diputada Stolbizer presentará una nota al jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, detallando todos los casos.
Una de las más activas entre las despedidas es Sandra Votta, que trabajaba hasta diciembre pasado en la dirección económica de Cancillería, un espacio colonizado por el ministro de Economía. Durante el verano de 2013 se enteró de que perdía su trabajo, junto a dos compañeras del área, María Córdoba y Griselda López Viegas. Ellas habían denunciado maltratos a empleados ante los delegados de UPCN. En el caso de Griselda, también relacionó su despido con su resistencia a incluir a la ex novia de Máximo Kirchner, Tamara Mori, en la terna de diseñadores argentinos que participaron de la Semana de la Moda de Milán.
Otros dos casos de despedidos en el Ministerio de Justicia se sumaron a la iniciativa. Silvina Martínez fue apartada de su cargo como directora del Registro Nacional de la Inspección General de Justicia tras denunciar un cepo informativo instaurado para encubrir el caso Ciccone. Ahora es un testimonio clave en el caso contra la empresa presidencial Hotesur SA (ver aparte).
Sin causa. En el Registro Automotor, dependiente del mismo ministerio, hubo otro despido derivado del caso Ciccone: el calígrafo público Eduardo Casá, ex jefe del Area de Pericias Caligráficas de la Dirección del Registro Automotor. Había marcado falencias técnicas en una oferta de Ciccone (bajo control de The Old Fund) para las placas de autos. Lo acusaron de favorecer a la empresa Boldt y fue despedido. Incluso, intentaron echarlo de su trabajo como perito en la Corte Suprema.
Durante la audiencia, también hubo testimonios de empleados desplazados por razones políticas en la Sedronar, pero pidieron reserva de identidad al presentar denuncias sobre persecución a empleados en medio de la transferencia de un sector de la secretaría al Ministerio de Seguridad.
Más allá de la trascendencia institucional de estos casos, las personas afectadas relataron –en algunos casos entre lágrimas– las graves consecuencias psicológicas que conllevan las situaciones de persecución y acoso que denuncian. Peor aún, dentro de una estructura estatal. En dos casos, además del despido de la función pública, sufrieron el apartamiento de cargos académicos en la Universidad de Buenos Aires por presiones políticas.
También se manifestó que algunos de los despedidos tuvieron serios problemas para conseguir trabajo tras haber dado a conocer sus casos por la “sensibilidad política” que tuvieron sus despidos. De todos modos, advierten, están dispuestos a dar la pelea.
