El secretario general de la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN), Julio Piumato, lanzó ayer un paro de 72 horas en rechazo al proyecto de reforma judicial de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, mientras su gremio ve amenazado su poder de fuego a la hora de negociar salarios e incidir en la “ubicación” de empleados en la Justicia.
El dirigente sindical, alineado en la CGT opositora de Hugo Moyano, encabezó ayer una asamblea en la sede de los tribunales de Comodoro Py, donde se encuentran los juzgados y fiscalías federales que investigan causas de corrupción y denuncias contra el poder político, y frente a un centenar de personas convocó a un paro de 48 horas en la Capital Federal y de 72 horas a nivel nacional.
Esto no les gusta a los autoritarios
El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad.
Piumato habló del “avasallamiento contra el Poder Judicial” y de “las políticas de ajuste que quiere implementar el Gobierno a los trabajadores” de su gremio. La huelga incluirá una movilización al Palacio de Tribunales el miércoles. “Piumato se maneja con criterios judiciales de hace años, pertenece a la familia judicial. La reforma le hace peligrar esos nexos con quienes hoy manejan la Justicia, y se expone a quedar a merced del Ejecutivo”, analizó un dirigente gremial que conoce sus estrategias. “Se acabó la incidencia del gremio en la colocación de personal en la Justicia por eso la reforma le resta poder a Piumato”, agregó la fuente.
Piumato, quien fue un acérrimo kirchnerista durante la alianza del Gobierno con Hugo Moyano, dijo ayer que de “democratización de la Justicia no tiene nada” y consideró que “la medida no es nacional y popular”. Ahora, deberá negociar salarios con el Consejo de la Magistratura y no con la Corte, y quedará merced de la mayoría K en el organismo. Además, uno de los proyectos impulsados por el Gobierno prevé concursos para los aspirantes a trabajar en la Justicia. Hoy, las normas varían de acuerdo a cada fuero.
“Demostremos que los judiciales vamos a defender la Constitución Nacional y la división de poderes”, dijo. El dirigente consideró que la reforma judicial “afecta los intereses de todos los argentinos, fundamentalmente de los trabajadores y los jubilados, al crear una nueva instancia que retrasa por años la duración de los juicios”, por la creación de nuevas cámaras de Casación, instancias intermedias entre las Cámaras Federales y la Corte Suprema.
La asamblea de ayer en el hall de entrada de los tribunales federales de Retiro fue una escena pocas veces vista. No fue multitudinaria, pero reflejó la preocupación de un sector de los empleados judiciales y de funcionarios con cargos que sí creen que la reforma los perjudicará en sus funciones.
