Continúa abierto el conflicto con los policías de Santa Cruz que reclaman aumentos de salarios, a pesar de que el gobierno provincial realizó el viernes una denuncia por sedición, en concordancia con la política marcada por el gobierno nacional ante este tipo de reclamos. En tanto, gendarmes y prefectos patrullan las calles de Río Gallegos y Caleta Olivia, ante la falta de agentes, mientras se endurecen las posturas de ambas partes. El principal pedido de los policías es que se aumente la base de referencia con la cual se calcula el ingreso del personal de 32 a 40 pesos, lo que implicaría un aumento del 25% de bolsillo. En declaraciones a la prensa, el gobernador Peralta calificó el conflicto como “injusto” y denunció que se “busca desestabilizar”. Además, dijo que “nunca la policía provincial tuvo tantos derechos y canales institucionales para expresarse”, y advirtió: “Con la gente no se juega”. Peralta realizó estas declaraciones tras ordenar que se iniciaran sumarios a los efectivos que persistieran en las medidas de fuerza. La decisión fue tomada ayer por la tarde, luego de una reunión del mandatario con el jefe de Policía de Santa Cruz, Salomón Aleuy, y el ministro de Gobierno, Gustavo Martínez, quien explicó que “la medida la establece el reglamento disciplinario interno, por lo que se iniciarán en forma extraordinaria los sumarios respectivos a los efectivos autoconvocados, cuya finalidad será separarlos de la fuerza de forma preventiva”.
En contacto. Martínez confirmó, además, que el gobierno provincial tiene un canal abierto de comunicación permanente con el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, y agradeció “el pleno apoyo del gobierno nacional a las medidas que lleva adelante el gobierno provincial”. Tras años de enfrentamiento, la gestión de Peralta muestra ahora una mayor sintonía con el Ejecutivo nacional, ante el peligro de que el peronismo pueda ser desplazado de la gestión santacruceña en las elecciones de 2015. El Gobierno preveía que surgirían inconvenientes con fuerzas policiales, pero espera no repetir los errores que extendieron las protestas a todo el país el año pasado. Ofrecerá ayuda a las gobernaciones en problemas, pero impondrá como condición medidas disciplinarias fuertes y denuncias que tipifiquen las protestas como actos de sedición. Hasta el momento, el libreto propuesto por Capitanich fue interpretado al detalle por el gobernador Peralta. En esta misma dirección se expresó el ministro de Gobierno de Santa Cruz, ayer, para enviar un mensaje de dureza contra los uniformados: “El que no lo entienda así y haya vulnerado la reglamentación interna va a ser automáticamente separado de la fuerza por la sanción disciplinaria que corresponda. Sin desmedro de ello, y también lo saben los efectivos policiales, si avanza la situación penal, también van a ser suspendidos en sus funciones”. Además, destacó que no habrá consideraciones frente al petitorio elaborado por los policías acuartelados, al indicar: “Por fuera del Consejo, no se va a aceptar ninguna petición porque se busca vulnerar un órgano formal y legal”.
