Fueron despedidos los investigadores del Ministerio de Defensa que relevaban los archivos de las Fuerzas Armadas en busca de registros de crímenes de lesa humanidad
Ministerio de Defensa |
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Cynthia Balé* y Laura Schenquer**
El 27 de marzo las autoridades delMinisterio de Defensa anunciaron la decisión de desmantelar la política de archivos y derechos humanos que se encontraba en marcha en el ministerio desde hace 14 años. Esta medida implicó eliminar el corazón de esta política, constituido por los Equipos de Relevamiento y Análisis Documental de la Dirección Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, que eran los encargados de encontrar, examinar y preservar documentación de valor histórico o judicial que estuviera archivada en dependencias de las Fuerzas Armadas. Durante años, investigadoras e investigadores civiles trabajaron en estos archivos para garantizar el acceso a la información pública como un derecho humano fundamental y, sobre todo, proporcionaron documentos cruciales para el desarrollo de los juicios por crímenes de lesa humanidad.
La demanda por la apertura de estos archivos ha sido una constante en nuestro país desde el fin de la dictadura militar. Como ocurrió en otros países de Latinoamérica, los documentos producidos por las Fuerzas Armadas y/o de Seguridad que daban cuenta del accionar represivo ilegal se mantuvieron deliberadamente en secreto o fueron destruidos por los gobiernos dictatoriales. En ese contexto, fueron los organismos de derechos humanos y los sobrevivientes quienes denunciaron la existencia de operativos represivos y revelaron tanto la identidad de las víctimas, como la ubicación y el funcionamiento de los cientos de Centros Clandestinos de Detención que funcionaron en todo el territorio nacional.
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La propia Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP) demandó la entrega de documentos oficiales y, frente a la negativa cerrada de las Fuerzas Armadas, se refirió en su informe Nunca Más a la sospecha sobre la existencia de un “cúmulo importante de documentación que se ha destruido o que se mantiene oculta por los autores del accionar represivo”. Con pocas excepciones, los militares mantuvieron en los años siguientes un silencio corporativo y estratégico en torno a heridas abiertas como el destino final de los desaparecidos y de los niños o niñas que fueron apropiados. El sostenimiento de esa negativa implicó no sólo que delitos como la desaparición forzada y la apropiación de niños y niñas no cesaran de cometerse, sino que a lo largo de varias décadas, la búsqueda de la verdad y juzgamiento penal de los responsables estuvieran sostenidos mayormente sobre los testimonios de las víctimas.
A partir de 2006, con la reapertura de las causas por crímenes de lesa humanidad, los tribunales y fiscalías reanudaron las investigaciones que habían sido interrumpidas por las leyes de Obediencia Debida y Punto Final. Con este fin, comenzaron a enviar oficios a las Fuerzas Armadas requiriendo información que permitiera valorar las declaraciones de víctimas y testigos. Sin embargo, las respuestas obtenidas seguían siendo las mismas que en el pasado. La Armada, el Ejército y la Fuerza Aérea se limitaban a responder a los pedidos con fórmulas escuetas como “no se hallan registros…” o “no ha sido posible tramitar...”. El pacto de silencio se perpetuó así bajo la forma de una traba burocrática. Esta negativa persistente, basada en la supuesta falta de registros, quedó en evidencia cuando los propios militares comenzaron a presentar documentos en su defensa durante los juicios.
En 2010, tras reconocer la ineficacia de solicitar información directamente a las Fuerzas Armadas, el Ministerio de Defensa tomó la decisión de conformar los Equipos de Relevamiento y Análisis Documental (ERyA) para buscar, analizar y poner a disposición la documentación reclamada por la Justicia, sin intermediarios.
Desde entonces, a través del análisis de documentación que habían sido producida en el marco del funcionamiento institucional de cada una de las Fuerzas, como legajos de servicio, reglamentos, boletines, planes operacionales, actuaciones de justicia militar, reclamos elevados a las juntas de clasificación de oficiales y suboficiales, recibos de haberes y libros históricos de unidades, entre muchos otros, los ERyA han elaborado más de ciento setenta informes que fueron entregados a la justicia. Estos informes y su documentación adjunta detallan el despliegue operacional de las Fuerzas Armadas durante lo que éstas denominaron “lucha contra la subversión” y contribuyen a identificar a los responsables de distintos operativos y acciones que fueron o están siendo investigadas. Asimismo, se han reconstruido los organigramas de las Fuerzas Armadas, permitiendo entender cómo se integraron los “grupos de tareas” a la estructura jerárquica “normal” de cada una de las Fuerzas. Se especificaron qué funciones tenían, y, más recientemente cómo se producían operacionalmente los “vuelos de la muerte” que partían desde el aeródromo de Campo de Mayo y también aquellos donde eran asesinados las y los detenidos de la ESMA.
A su vez, el trabajo en los archivos permitió encontrar, digitalizar y poner a la consulta pública acervos de un valor incalculable, como las Actas Secretas de las reuniones mantenidas por la Junta Militar entre 1976 y 1983, las Actas de la Junta de Comandantes en Jefe durante la “Revolución Argentina”, el fondo personal de Isaac Francisco Rojas -alto oficial durante la autoproclamada “Revolución Libertadora”- y más de 600.000 fojas documentales relativas a la Guerra de Malvinas (disponibles, por tiempo indeterminado, en el portal “Archivos Abiertos”).
Desde la semana pasada, este trabajo ha sido interrumpido y la mayoría de los/as investigadores/as, altamente formados y especializados, fueron despedidos.
¿De qué manera responderá de aquí en más el Ministerio de Defensa a los requerimientos formulados por la Justicia? ¿Las Fuerzas Armadas volverán a negar la existencia de registros y documentos sobre la represión ilegal, a cuarenta años del retorno de la democracia?
El gobierno de Milei-Villaruel no sólo rechaza la verdad histórica que fue producida por la CONADEP, ratificada desde el Juicio a las Juntas Militares de 1985 y en los juicios posteriores, sino que ahora además pretende impedir que los archivos de las Fuerzas Armadas estén abiertos y disponibles a la sociedad. Para quienes cantan el estribillo de la “memoria completa” no valen los documentos, la investigación judicial, ni la reconstrucción histórica: sólo habrá fake news y propaganda.
*Cinthia Balé es Doctora en Ciencias Sociales, EIDAES-UNSAM **Laura Schenquer es Investigadora de CONICET, IHUCSO
