La Argentina se abstuvo en la votación de una resolución que buscaba fijar una postura continental en el marco de la Organización de Estados Americanos (OEA) respecto al llamado a elecciones legislativas en diciembre por parte del gobierno de Nicolás Maduro. A ojos del Gobierno, el documento que se aprobó en la Asamblea General virtual con 21 votos a favor, cuatro en contra y nueves abstenciones, evidenciaba un posicionamiento inspirado en la línea más dura del Grupo de Lima con la que buscan diferenciarse desde diciembre de 2019.
El Gobierno se alineó así con México, Surinam, Guyana y una parte del mundo caribeño: Barbados, Belice, Trinidad y Tobago, Granada y San Cristóbal y Nieves —los últimos dos, parte de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA), creada por Hugo Chávez, que se dividió frente a la resolución—. El documento había sido presentado por Colombia con el apoyo de Uruguay, Ecuador, Perú, Costa Rica, Canadá, Bolivia, Brasil, Chile, Estados Unidos, Guatemala, Paraguay y la representación venezolana en el organismo en línea con el líder opositor Juan Guaidó. Para alcanzar los 18 votos mínimos y superarlos, se les sumaron Bahamas, El Salvador, Haití, Honduras, Jamaica, Panamá, Santa Lucía y República Dominicana.
Desde diciembre de 2019, el posicionamiento argentino se sintetiza en el credo "No a la injerencia extranjera de ningún tipo; No a las violaciones a los DD.HH y Sí a la salida democrática"
Desde diciembre de 2019, el posicionamiento argentino se sintetiza en el credo "No a la injerencia extranjera de ningún tipo; No a las violaciones a los derechos humanos y Sí a la salida democrática a través de elecciones libres, limpias, transparentes y creíbles". Lo expresan sus funcionarios cuando hablan frente y fuera de los micrófonos y los representantes diplomáticos en cada foro del que participa la Argentina. En ese sentido, no hay giros en su conducta, más bien el acompañamiento o no de las resoluciones que cada organismo emite de acuerdo a su contenido. Y en la moción de la OEA no solo se hablaba de elecciones.
Por eso, el Gobierno no suscribió a la declaración del Grupo de Lima el pasado 13 de octubre donde se esbozaba un planteo coherente con la mirada que este foro mantiene desde su creación, en diciembre de 2017, pero que la Argentina dejó de compartir cuando ascendió al poder el Frente de Todos. Pero sí voto en línea con algunos de los miembros de Lima al participar de las sesiones del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas diez días antes y frente a una resolución mucho más equilibrada en su letra. El único tema en el que aún no hay un postura definida por parte de la administración de Fernández es en cuanto a si avalará o no las elecciones legislativas convocadas para el 6 de diciembre.
Así y todo, la abstención de la Argentina y los otros ocho países fue criticada en duros términos por el representante de Uruguay ante la asamblea general, Manuel Washington Abdala. "No hay margen para el matiz. O se está del lado de los derechos humanos y la recuperación democrática en Venezuela o se está de la oscuridad y la tiranía. No hay punto intermedio", esgrimió, sin hacer una mención explícita a bandera alguna.
Sí remarcó, por su lado, que su país recuperaba "una postura principista en la lectura sobre los acontecimientos en Venezuela" al copatrocinar la moción. Pese a la relación personal con el mandatario vecino, Luis Lacalle Pou, y hasta la amistad con su canciller, Francisco Bustillo, la grieta con Montevideo en cuanto a los alineamientos regionales se va ensanchando.
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La moción lleva por título "La carencia de condiciones democráticas mínimas, para garantizar elecciones libres, justas y transparentes en la República Bolivariana de Venezuela". Traza un duro diagnóstico sobre "el deterioro de las condiciones políticas, sociales, económicas y humanitarias" en aquel país y expresa "que las acciones llevadas a cabo por el régimen ilegítimo de Nicolás Maduro violan las leyes nacionales, socavando el proceso electoral y amenazando con eliminar la Asamblea Nacional legítima, el último espacio democrático e institucional".
En tal sentido, limita el reconocimiento de los comicios legislativos que el gobierno chavista insiste en llevar adelante al "establecimiento de las condiciones necesarias de libertad, justicia, imparcialidad y transparencia, garantizando la participación de todos los actores políticos y de la ciudadanía, la liberación de los presos políticos, con plazos razonables para su celebración y que cuenten con observación electoral internacional independiente y creíble".
"No hay margen para el matiz. O se está del lado de los derechos humanos y la recuperación democrática en Venezuela o se está de la oscuridad y la tiranía. No hay punto intermedio".
El 7 de octubre pasado, un día después de la condena a Venezuela en Ginebra por las violaciones a los derechos humanos, Fernández y su canciller, Felipe Solá, recibieron la invitación formal, por parte del Poder Electoral de aquel país, para asistir como testigos internacionales en los comicios de diciembre. Aquella carta, que llegó por vía de la embajada venezolana en Buenos Aires, no fue respondida todavía.
Tampoco el Gobierno fijó una postura final sobre la validez de esos comicios como lo hizo con respecto a las denuncias registradas por Naciones Unidas. Sostuvo siempre la necesidad de articular elecciones para legitimar cualquier futura negociación política y se mostraba firme en cuanto a que debían concretarse en diciembre cuando una parte de la oposición, liderada por el ex gobernador Henrique Capriles, estaba dispuesta a participar y la Iglesia católica exhortaba a los actores políticos a sumarse.
Sin embargo, la oposición se bajó del proceso al no contemplarse la opción de aplazarlos, tal como solicitaban en línea con los países europeos del Grupo Internacional de Contacto de manera tal de trabajar en la transparencia del sufragio. Y luego la Conferencia Episcopal venezolana emitió un duro pronunciamiento en contra de su realización por falta de garantías. Así el Gobierno perdió dos de sus argumentos más sólidos. Pese a ello, descuentan que dirigentes del Frente de Todos, alineados con el gobierno de Maduro, puedan ser invitados a participar como garantes.
El documento de la OEA va más allá porque condena además "las acciones del régimen ilegítimo de Nicolás Maduro que socavan el sistema democrático y la separación de poderes, por medio del control del Tribunal Supremo de Justicia y usurpando las funciones constitucionales de la Asamblea Nacional de legislar en materia electoral y designar a los miembros del Consejo Nacional Electoral". Y hace "un enérgico llamado para la protección de los miembros de la Asamblea Nacional legítima" a la vez que acepta la continuidad del representante permanente designado por el cuerpo legislativo que comanda Guaidó, a quien reconocen como presidente encargado.
Con Fernández en el poder, la Argentina ha insistido sistemáticamente en separarse de algunos de esos lineamientos como tildar de dictadura al gobierno de Maduro —lo catalogan de autoritario sin dejar de admitir su legitimidad de origen— o reconocer a Guaidó como jefe de Estado interino. También cuestionaron, por igual, la constitución de dos asambleas legislativas paralelas a comienzos de año, por lo que evitan diferenciarlas como legítima o ilegítima tal como puntualiza el documento de la OEA.
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Al mismo tiempo, describen a la OEA, en manos de Luis Almagro, como el campo donde las posturas más duras juegan de locales, razón por la cual no disponen de amplio márgenes de negociación. No los tuvieron tampoco frente a esta resolución, afirman en Cancillería. De hecho, hubo un intento de acercarse a los países con "posturas menos ideologizadas" para fortalecer la abstención y no prosperó. En contra de la resolución, solo quedaron Antigua y Barbuda, Dominica, Nicaragua y San Vicente y Las Granadinas.
En la primera de las dos sesiones de la Asamblea General, Solá había alegado que la Argentina no había sido incluida en las negociaciones por los proyectos referentes a Venezuela así como al que versa sobre la transparencia electoral en las municipales nicaragüenses. También en esa otra votación, la Argentina prefirió abstenerse. "Creo que seremos testigos, una vez más, de algo que nos preocupa muchísimo y que está ocurriendo desde hace unos años: la división de América Latina basada exclusivamente en qué piensa cada país sobre Venezuela", reclamó.
Asimismo, el canciller cargó contra Almagro por adoptar posiciones personales que lo apartan de la imparcialidad propia del cargo. En marzo pasado, intentaron desplazarlo sin éxito de la secretaría general en la votación del organismo. Ahora deberán convivir con él por el resto del mandato.
MB / DS
