Alfonso Santiago: “El Poder Judicial tiene hoy el mayor poder político y jurídico de toda la historia”

Doctor de Derecho, director de la Escuela de Política, Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad Austral, donde también fue vicerrector de Asuntos Académicos y vicedecano de la Facultad de Derecho y en donde actualmente es docente de “Derecho Constitucional”, Alfonso Santiago se especializa en historia de la Corte Suprema y responsabilidad política de los jueces y esta semana participó de la Agenda Académica de Perfil Educación. “Desde una cultura de normas o de leyes propias del siglo decimonónico, hemos pasado a una cultura de derechos, y en esa cultura de derechos, ¿quién tiene más flexibilidad para actuar y dejar de lado, incluso, a lo que diga la ley? Indudablemente, el Poder Judicial. Los jueces del siglo veintiuno son mucho más creativos, están menos encorsetados por los términos de la ley de lo que estuvieron en toda la historia. El Poder Judicial tiene hoy mucho más poder político y jurídico que en toda la historia”, sostuvo.

Miembro titular de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Buenos Aires y director de su Instituto de Derecho Constitucional “Segundo V. Linares Quintana”, Santiago es autor de una veintena de libros, entre los que se destacan “La Corte Suprema y el control político”;  “La función política de la Corte Suprema”;  “Historia de la Corte Suprema Argentina”; “Grandezas y miserias de la vida judicial: El mal desempeño como causal de remoción de los magistrados judiciales”; y “La responsabilidad de los magistrados judiciales por el contenido de sus decisiones jurisdiccionales. Marco teórico y análisis de algunas casos paradigmáticos”. “Hay mucha grandeza en el Poder Judicial, pero para tener un dato, el 6% de los jueces federales en los últimos cuarenta años han sido sometidos a juicio político o han renunciado mientras tramitaban un juicio político. En un poder, que es un poder de opinión, por lo tanto, un poder de credibilidad y de legitimidad basada en la conducta y en el conocimiento del derecho, es un porcentaje altísimo. Es decir, el escándalo ha estado muy cerca del Poder Judicial con mucha más frecuencia de lo que sería razonable. Y eso impacta”, agregó.

—En Historia de la Corte Suprema usted menciona que “la historia de la Corte Suprema nos muestra que a lo largo del tiempo crece en ella progresivamente, a pesar de algunos retrocesos, su autoconciencia de Poder de Estado”. ¿Cómo se podría definir esa “autoconciencia de la Corte Suprema” en la actualidad?

—La Corte Suprema siempre tiene una doble identidad. Por un lado, es un Tribunal de Justicia y debe resolver casos conforme al derecho, pero indudablemente, a través del control de constitucionalidad, no solamente resuelve casos como todo tribunal, sino que cogobierna con los otros poderes. Y gracias a esta importancia en la decisión de gobierno, es decir, en el rumbo que finalmente adopte el país y las decisiones que van configurándolo, la Corte hoy tiene un peso muchísimo mayor que el que tenía inicialmente. Esto sucede en cualquier tribunal. Si uno ve la evolución de la Corte Suprema de Estados Unidos, la evolución de la Corte Europea de Derechos Humanos y la evolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sucede lo mismo. Todo tribunal empieza suave y va aumentando su volumen, va aumentando su injerencia, va aumentando su poder jurisdiccional. Va afrontando en base a la construcción de poder que va haciendo desde lo jurisdiccional estrictamente, es decir, desde la resolución de casos conforme al derecho, va dando directrices más importantes y más significativas. La Corte Suprema de Estados Unidos solamente resuelve al año en torno a unos cien casos. Es decir, la Corte dice que solo se va a meter en los casos relevantes, trascendentes, importantes, mediante los cuales pueda fijar el rumbo. No le interesa ejercer su función de tribunal que resuelve una causa judicial, sino que le interesa resolver aquellos asuntos trascendentes, importantes, que exceden el interés de las partes y se proyectan sobre la sociedad toda. Este fenómeno también se da en la Corte Suprema argentina. Porque la Corte es, fundamentalmente, un poder de Estado, que se proyecta sobre la sociedad, va marcando rumbos a través de sus fallos.

—En sus estudios usted destaca que “la Corte Suprema no ha sido ajena a los avatares de la historia política de nuestro país: muy por el contrario, ha estado plenamente inserta en ella”. ¿Cuál sería entonces la inserción que tiene hoy la Corte Suprema en la coyuntura actual?

—Lo que vale de mi trabajo es una perspectiva histórica que es la propia del académico, del científico, la que no simplemente observa lo que pasa en la superficie, sino que ve de fondo las corrientes marítimas o las corrientes históricas más importantes. Pero también eso se ve hoy. La Corte Suprema hoy tiene una capacidad de enfrentarse y de controlar a los otros poderes que es mucho mayor que la que tuvo antes. En la historia, habitualmente, había temas en los que la Corte Suprema decía que era una cuestión política no justiciable y que no lo podía juzgar porque era algo que debía ser resuelto por los otros poderes. Hoy no es así y la Corte resuelve sobre la reforma constitucional, amnistías, el indulto, la intervención federal, los juicios políticos. Incluso, puede intimar al Congreso a que dicte una ley en 120 días para que entre en funcionamiento el Consejo de la Magistratura. En el siglo veinte era casi impensable, ver algo así. En cambio, en el siglo veintiuno, sí lo es. Por eso, estudiando esta perspectiva histórica, se dice que el siglo diecinueve fue el siglo del Poder Legislativo, porque cambia el principio legitimador, el principio democrático: de las monarquías pasamos a las repúblicas y a las democracias y el poder que más expresa este nuevo cambio es el Poder Legislativo. También porque, jurídicamente, es el siglo de la ley, de los códigos, la pretensión del racionalismo a través de leyes generales, para poder reglar todas las circunstancias de la vida personal. El siglo veinte se dice que es el siglo del Poder Ejecutivo. Si uno ve del 1900 al 2000, ¿cuál es el poder que más crece? Indudablemente, es el Poder Ejecutivo. Porque el Estado se convierte en intervencionista, en regulador, en el Estado de Bienestar, por lo tanto, lo que más se desarrolla, es el Poder Ejecutivo, y a veces se hipertrofia, como fue en el caso argentino. Y, por último, se dice que el siglo veintiuno es el siglo del Poder Judicial. Porque muchas de las tensiones que antes se encausaban a través de los otros poderes, golpeando las puertas del Ejecutivo o del Legislativo, cada vez más se convierten en causas justiciables, entonces se golpea la puerta de los tribunales. Y porque desde una cultura de normas o de leyes propias del siglo decimonónico, hemos pasado a una cultura de derechos, y en esa cultura de derechos, ¿quién tiene más flexibilidad para actuar y dejar de lado, incluso, a lo que diga la ley? Indudablemente, el Poder Judicial. Los jueces hoy son mucho más creativos, están menos encorsetados por los términos de la ley de lo que estuvieron en toda la historia. En el siglo veintiuno el Poder Judicial tiene hoy mucho más poder político y jurídico que en toda la historia. La Corte Argentina ha hecho, en estos años, cosas que nunca había hecho, por ejemplo, mandarle al Gobierno que sanee el Riachuelo o decirle que tiene un problema con el reajuste de la jubilación. Este tipo de diálogo, de interacción entre poderes, es inédito. Es propio del siglo veintiuno, de este Poder Judicial más activo, más consciente de su rol institucional que va expresando más un proceso todavía más importante que es la judicialización del proceso político.

—¿Tiene alguna expectativa de que este nuevo Consejo de la Magistratura empiece a sentar bases sólidas sobre el nuevo funcionamiento judicial?

—Mis expectativas son medianas porque tenemos que recuperar la capacidad política de diálogo y negociación, que con la grieta no se logra. Es decir, Alfonsín y Menem eran figuras distintas, pero se pusieron de acuerdo en la Reforma Constitucional y en la integración del Consejo de la Magistratura y la reforma de la ley del Ministerio Público. Acordaron. Fueron capaces de nombrar jueces. En cambio, la grieta paraliza todo. Entonces, habrá que ver cómo juegan la voluntad de diálogo y no la de imposición. Al haber veinte consejeros, se necesita negociación. Claramente, es bienvenido cierto liderazgo del presidente de la Corte, que va siendo aceptado naturalmente, no para que se imponga su voluntad, pero sí para que haya posibilidades de generar acuerdos. Si triunfa la grieta y la no negociación en el Consejo de la Magistratura vamos a seguir trabados.

—En Grandezas y miserias de la vida judicial: El mal desempeño como causal de remoción de los magistrados judiciales usted analiza la actividad de los jueces en el marco de su responsabilidad judicial. ¿Cuál es la causa que posibilita el alto cuestionamiento que hoy se evidencia sobre este tipo de responsabilidad en los magistrados?

—En toda la historia de Estados Unidos ha habido tres jueces federales sujetos a juicio político desde 1787 hasta hoy. En la Argentina fueron sesenta jueces destituidos. El escándalo ha rodeado la vida judicial con mucha más frecuencia y con mucha más intensidad que con respecto a Estados Unidos. Desde el noventa hasta esta parte, permanentemente vemos en los medios situaciones iudiciales escandalosas que suscitan juicios políticos o renuncias. Hay mucha grandeza en el Poder Judicial, pero para tener un dato, el 6% de los jueces federales en los últimos cuarenta años ha sido sometidos a juicio político o ha renunciado mientras tramitaban un juicio político. En un poder que es un poder de opinión, por lo tanto, un poder de credibilidad y de legitimidad basada en la conducta y en el conocimiento del derecho, es un porcentaje altísimo. Es decir, el escándalo ha estado muy cerca del Poder Judicial con mucha más frecuencia de lo que sería razonable. Y eso impacta. La corrupción es un fenómeno que atraviesa muchísimas instituciones y, entre otras, el Poder Judicial. Pero si toda corrupción afecta a cualquier tipo de institución, ya sea religiosa, educativa o militar, la corrupción judicial, por la credibilidad que merecen tener los jueces, es más escandalosa. ¿En qué radica la legitimidad de los jueces? La Constitución dice que en dos cosas: su buena conducta y su conocimiento del derecho. Entonces, cuando uno ve las denuncias que hay en el Consejo de la Magistratura y los fallos destitutorios, uno entiende que el escándalo ha estado más cerca del Poder Judicial de lo que sería razonable.

—A través de su experiencia académica, ¿cuál podría ser el número ideal que debería tener la Corte Suprema?

—Ideal, en abstracto, yo creo que entre cinco y siete sería un número razonable, porque eso permitiría distintas voces que integran a un tribunal, desde hombres y mujeres, a distintas provincias y distintas especialidades. Con nueve miembros se mostró una Corte pesada, difícil, que se quiebra a sí misma. La de cinco ha sido una tradicional, que ha funcionado bien. Hoy tenemos una Corte donde un juez fue nombrado por Duhalde, otro juez fue nombrado por Kirchner y dos por Macri. Sería bueno que el Presidente lograra completar la vacante que se produjo durante su mandato. Pero la grieta no nos permite nombrar ni procurador, ni defensor del Pueblo, por lo que es más difícil nombre un juez de la Corte. Es un desastre.  Entonces, antes de modificar el número de la Corte, yo me preocuparía por tener capacidad política para completar la Corte. Ese sería el primer objetivo. Y hay que tener cuidado, me parece un disparate que no comparto para nada la ampliación a 16. Una Corte pequeña, con competencia acotada es mucho más fuerte institucionalmente que una Corte grande. Hay un teorema que sostiene que la reducción de la competencia aumenta el poder institucional de la Corte.

—En los últimos años, un sector del kirchnerismo instaló la idea del “lawfare”, este concepto que sostiene que Cristina Kirchner fue perseguida por una alianza político, mediática y judicial durante el gobierno de Mauricio Macri. Lo interesante es que, más tarde, el propio Macri sostuvo que también que fue perseguido judicialmente. En base a sus investigaciones, ¿qué análisis hace usted al respecto?

—Yo diría, primero, que hay situaciones objetivas que deben ser analizadas por el Poder Judicial. Las causas no se inventan, si no que hay situaciones que al menos hay que aclarar. Me refiero a las causas de Obra Pública, por un lado, Y Correo, por el otro. Hay causas objetivas que deben ser analizadas judicialmente y no hay que pensar que eso es victimismo. Lo que sí es cierto es que el Poder Judicial no se ha manejado con una independencia clara, sino que ha respondido a las presiones políticas en uno o en otro sentido. Los problemas existen y la sociedad tiene derecho a que los jueces juzguen de modo independiente, conforme al derecho, las situaciones de uno y otro lado. Y lo cierto es que unos y otros han utilizado mecanismos de interferencia judicial, con servicios de inteligencia incluido, para condicionar, afectar e impulsar decisiones judiciales. Todo esto es muy negativo. Es ilegítimo, por parte de los poderes que lo intentan, y mucho peor, por parte de los jueces que se mueven conforme a eso.

—Esta sección se llama Agenda Académica porque busca darle a investigadores, docentes universitarios un espacio en los medios de comunicación masiva. La última pregunta tiene que ver, precisamente, con ese objeto de estudio: ¿por qué decidió dedicarse a la historia de la Corte Suprema y a la responsabilidad política de los jueces argentinos?

—Hice mi tesis doctoral sobre la función política de la Corte Suprema porque me interesa el tema tal vez más difícil, más interesante, más complejo del derecho constitucional, que es la relación entre el derecho y la política. El derecho constitucional es un Cabo de Hornos, donde se encuentran el mundo jurídico y el mundo político. El mundo político sintetizado es la lucha por la obtención del poder y su ejercicio desde el gobierno. A eso se dedican los políticos. ¿Qué intenta el derecho? Judicializar, racionalizar, civilizar ese proceso que es naturalmente conflictivo y violento. ¿Se politiza el derecho o se judicializa la política? ¿Dónde se da se da este cruzamiento teórico y práctico? En la Corte Suprema aparece la instancia final de esta dialectica entre lo político y lo jurídico. Y ahí está el texto constitucional. La Constitución, que es una norma jurídica o un documento político. Esta síntesis de lo jurídico y lo político se evidencia de modo claro, notable, palpable, interesante en la actuación de la Corte. Por eso me dediqué a estudiarlo sistemáticamente.