Sur Finanzas: Ariel Vallejo volvió a declarar, rechazó todas las acusaciones y dijo que "no hay delito que perseguir"

La causa judicial que investiga las operaciones financieras del grupo Sur Finanzas ingresó en una nueva etapa con la segunda declaración indagatoria de Maximiliano Ariel Vallejo, uno de los principales imputados del expediente y empresario vinculado al presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia.

El financista compareció nuevamente ante el Juzgado Federal de Lomas de Zamora a cargo de Luis Armella, en una investigación impulsada por la fiscal Cecilia Incardona, donde enfrenta graves acusaciones por presunta asociación ilícita, usura, defraudación en perjuicio del Club Atlético Banfield y lavado de activos agravado.

Durante la audiencia presentó un extenso escrito de defensa, elaborado junto a su abogado Pablo Parera, en el que respondió punto por punto cada una de las imputaciones formuladas por la fiscalía y sostuvo que las actividades desarrolladas por las empresas del grupo fueron absolutamente legales.

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La nueva indagatoria se produjo pocos días después de que también declararan los exdirectivos del Club Atlético Banfield Eduardo Juan Spinosa y Federico José Spinosa, además de responsables de Centro de Inversiones Concordia SRL. Paralelamente, el juzgado fijó nuevas fechas para otros imputados que aún no comparecieron y advirtió que quienes no se presenten podrían ser declarados en rebeldía.

El avance de la investigación coincide con un momento particular para la AFA, ya que Tapia se encuentra encabezando la delegación argentina que participa del Mundial 2026.

Ariel Vallejo: una defensa basada en la legalidad de las empresas

Desde el inicio de su declaración, Vallejo dejó en claro cuál sería el eje de su estrategia. “Aprovecharé esta oportunidad para brindar elementos útiles que reflejarán la actividad lícita de las firmas investigadas y desacreditar las imputaciones indeterminadas que se achacan a mi persona y el resto de los consortes”, expresó.

A lo largo del escrito, la defensa sostuvo que la acusación construye una sospecha generalizada sobre el funcionamiento de un grupo empresario sin individualizar hechos concretos que acrediten la comisión de delitos. Remarcó que “la mera pertenencia a una organización empresarial, con roles diferenciados, jerarquías claras y funciones específicas, no constituye ni puede constituir el sustrato fáctico de una asociación ilícita”.

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Además, contrapuso las características de una organización criminal con el funcionamiento de las sociedades investigadas. “Una asociación ilícita opera en la clandestinidad, carece de registro, no tiene empleados en relación de dependencia formal y no rinde cuentas ante ningún organismo estatal”, sostuvo el escrito.

Según la defensa, Sur Finanzas Group SA, Sur Finanzas PSP SA, Centro de Inversiones Concordia SRL y ARS Cambios SAS fueron sociedades regularmente constituidas, con CUIT otorgado por ARCA, empleados registrados y actividad comercial documentada.

Otro de los conceptos centrales del descargo fue que “la circunstancia de que una empresa o sus responsables estén siendo investigados no autoriza a presumir la ilicitud de la totalidad de sus contratos ni que todas las contrapartes revistieron el carácter de víctimas o de cómplices; esa inferencia global sustituye la prueba concreta por la mera sospecha genérica”.

La acusación por asociación ilícita

Uno de los primeros puntos que atacó la defensa fue la imputación por asociación ilícita prevista en el artículo 210 del Código Penal. Para que ese delito se configure, recordó el escrito, debe acreditarse la existencia de un acuerdo permanente entre tres o más personas destinado a cometer delitos de manera indeterminada.

Vallejo sostuvo que ninguno de esos requisitos aparece probado. Para reforzar esa postura, enumeró la situación laboral de quienes también fueron imputados.

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Entre ellos mencionó al gerente general y apoderado Gerardo Salvador Carrozza; a María Fernanda Sena Argis, presidenta de Sur Finanzas Group SA; a Bárbara Denise Sena Argis; a la secretaria del directorio Nahiara Gamarra; a Daniela Sánchez y Micaela Sánchez; al personal de transporte de caudales Rolando Soloaga y Sergio Da Silveira; y a la asesora externa Susana Beatriz Hoffmann.

La defensa remarcó que todos cumplían funciones específicas dentro de empresas formalmente constituidas y cuestionó que se pretenda demostrar la existencia de una organización criminal únicamente por la estructura societaria del grupo.

La pregunta de Vallejo: “¿Quién es la víctima?”

El segundo eje del descargo estuvo dirigido contra la acusación por cobro de tasas usurarias. La defensa formuló una pregunta que, según sostuvo, nunca fue respondida durante la investigación. “¿Quién es la víctima?”

Vallejo afirmó que los préstamos investigados fueron celebrados con clubes de fútbol administrados por autoridades elegidas institucionalmente, con asesoramiento contable y jurídico, que aprobaron libremente los contratos y jamás denunciaron haber sido perjudicados.

Por ello, sostuvo una de las frases más contundentes de toda la presentación: “Sin víctima que se reconozca como tal, en un supuesto menoscabo al patrimonio, no hay delito que perseguir”.

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Criticó la falta de fundamentos técnicos utilizados para considerar usurarias las tasas pactadas. “La ausencia de un parámetro técnico, sólido y contextualizado deja a la acusación sin un sustento objetivo que permita sostener la tipicidad de la conducta”, afirmó.

La defensa agregó que la legislación no sanciona cualquier tasa elevada sino el aprovechamiento de personas en situación de necesidad, ligereza o inexperiencia, circunstancias que —según remarcó— no pueden atribuirse a instituciones deportivas administradas por dirigentes y profesionales.

Los contratos celebrados con Banfield

Otro de los aspectos centrales de la investigación gira alrededor de los préstamos otorgados al Club Atlético Banfield. La fiscalía considera que los contratos de mutuo integraron una maniobra defraudatoria. Sin embargo, Vallejo presentó la secuencia completa de las operaciones para sostener la legalidad de esos acuerdos.

Según explicó, el 17 de julio de 2023 Sur Finanzas otorgó un préstamo por 500.000 dólares destinado a cubrir necesidades de liquidez del club. Posteriormente, el 9 de octubre del mismo año ambas partes celebraron un segundo contrato por otros 500.000 dólares para afrontar nuevos requerimientos de caja.

La defensa sostuvo que ambos convenios fueron aprobados por la Comisión Directiva de Banfield antes de su firma, que los fondos ingresaron efectivamente a las cuentas del club y fueron utilizados para cubrir necesidades financieras.

También destacó que, con posterioridad, las propias autoridades renegociaron la deuda y que la nueva conducción surgida tras el cambio de dirigencia decidió mantener vigente la relación comercial con Sur Finanzas.

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Respecto del contrato de patrocinio deportivo, que la fiscalía considera ficticio, el escrito recordó que existió una propuesta formal presentada el 12 de diciembre de 2022 y señaló que la marca Sur Finanzas apareció en la camiseta del club, en la publicidad estática y en transmisiones televisivas, incluyendo la denominada Copa Sur Finanzas.

Para la defensa, esos elementos demuestran que el patrocinio existió y tuvo una contraprestación económica real.

El cargo por lavado de activos fue respondido mediante cinco argumentos centrales. En primer lugar, Vallejo sostuvo que la evasión tributaria no puede ser considerada el delito precedente del lavado de dinero.

Para respaldar esa postura citó al jurista F. J. Córdoba, quien sostiene que “lo característico del delito de evasión es que el autor se ahorra gastos que debería realizar para cancelar una deuda con el Fisco; por lo tanto un gasto ‘ahorrado’ es un gasto que no se hizo, es decir, una ‘nada’ que no puede, por consiguiente, ser objeto idóneo de un delito de lavado”.

En segundo término cuestionó la consistencia económica de la acusación.

Según explicó, la retención indebida de aportes que se le atribuye ronda los 46 millones de pesos, mientras que las compras de vehículos que la fiscalía considera operaciones de lavado ascienden a 338.659.900 pesos. Para la defensa, esa diferencia demuestra que “los montos no cierran”.

Vallejo afirmó además que al 1° de diciembre de 2025 declaró un patrimonio cercano a los 1.800 millones de pesos, compatible -según indicó- con ingresos mensuales de aproximadamente 70 millones de pesos durante más de tres años como CEO del grupo, además de dividendos empresariales, financiamiento bancario y reinversión de utilidades.

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El tercer cuestionamiento apuntó contra la supuesta vaguedad de la imputación.

Según la defensa, la fiscalía repite exactamente la misma descripción para operaciones completamente distintas —compra de vehículos, movimientos bancarios, aportes de capital o transferencias— sin individualizar hechos concretos que acrediten la existencia de dolo.

También rechazó que la enumeración de vehículos permita presumir enriquecimiento ilícito. “En forma simultánea nunca tuvo más de cuatro rodados propios”, afirmó el escrito, que además aclaró que la mayor parte de los vehículos pertenecían a las empresas y que el camión Mercedes-Benz cuestionado respondía a necesidades operativas del servicio de transporte de caudales.

Finalmente cuestionó el agravante de habitualidad.

“La mera enumeración cronológica de adquisiciones de bienes a lo largo de varios años no satisface ese requisito, si previamente no se explica por qué cada uno de esos actos, individualmente considerado, configura un acto autónomo de lavado”, sostuvo.

Además, la defensa agregó que “la imputación describe el mecanismo de lavado como ‘confusión sistémica de fondos ilícitos dentro de sus patrimonios lícitos’; sin embargo, la ‘confusión patrimonial’ no es ninguno de los verbos típicos enumerados en el artículo 303 del Código Penal”.

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Los clubes que Vallejo quiere llevar como testigos

Como parte de su estrategia procesal, la defensa solicitó que numerosos clubes de fútbol declaren como testigos para acreditar la existencia de relaciones comerciales reales con Sur Finanzas. Entre ellos figuran Argentinos Juniors, Temperley, Acassuso, Defensores de Glew, Dock Sud, Estrella, Excursionistas y Racing Club.

En el caso de Argentinos Juniors, la defensa sostuvo que los 600 millones de pesos recibidos fueron destinados al pago de salarios y a obras en una de las tribunas del estadio. También pidió que la Liga Profesional de Fútbol Argentino informe que la cesión de derechos de televisión como mecanismo de financiamiento constituye una práctica habitual y legal dentro del fútbol argentino.

En relación con San Lorenzo, el escrito señala que una deuda de 420 millones de pesos obligó a Sur Finanzas a refinanciar pasivos y resignar locales alquilados. Además, remarca que la Liga Profesional abonó el 15 de julio de 2025 fondos a Sur Finanzas PSP SA como consecuencia de una cesión de derechos televisivos del club, lo que, según la defensa, demuestra la legalidad de esa operatoria.

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La batería de pruebas solicitadas

Además de los testimonios, Vallejo pidió al juez Armella la realización de una pericia contable integral sobre Sur Finanzas Group SA, Sur Finanzas PSP SA, Roma Inversiones SA, Sur Crypto SA y Cluster Palace Beach SA.

También requirió una auditoría forense independiente para verificar el origen de los fondos considerados sospechosos por la acusación. Solicitó además oficios al Banco Central para confirmar si las empresas recibieron sanciones firmes y verificar si Sur Finanzas PSP SA se encontraba registrada como Proveedor de Servicios de Pago.

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La defensa también pidió informes a los bancos Hipotecario, Macro, Industrial, COINAG y BBVA para determinar si esas entidades emitieron Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) ante la Unidad de Información Financiera (UIF).

Por último, requirió la declaración del contador interno Gustavo López y la designación de un perito especializado en derecho corporativo y compliance para que determine, con criterios técnicos, cuándo un entramado societario constituye una maniobra de lavado de activos y cuándo responde al funcionamiento habitual de un grupo empresario del sistema financiero argentino.

CS/LT

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