En la Argentina, una de cada seis parejas padece infertilidad. Esto quiere decir que la posibilidad de concebir un hijo sin ayuda médica es remota o nula. A un año de la aprobación de la Ley 26.862, que garantiza la cobertura del tratamiento de fertilización por parte de obras sociales y prepagas, ONGs denunciaron que aún existen “grietas” en la legislación que impiden que las parejas accedan a los procedimientos de reproducción asistida.
“Una de las deudas pendientes es la sanción de una ley complementaria que regule las técnicas de reproducción, porque con legislar sobre la cobertura no alcanza. Por otro lado, es necesario habilitar bancos de donación de gametos; es decir, óvulos y espermatozoides”, le dijo a PERFIL Isabel Rolando, presidenta de Concebir. Este último punto es central, ya que en la actualidad no existe un banco nacional de gametos y los privados disponibles muchas veces son rechazados por las prepagas y obras sociales.
“También nos encontramos con falencias en la cobertura de la medicación, que forma parte del tratamiento y, por ende, debería ser gratuita. El sistema de salud abona sólo el 40% de su costo. Frente a eso, la opción es realizar un reclamo ante la Superintendencia de Servicios de Salud, que en general resuelve el problema. Pero para ese momento ya se perdió tiempo”, agregó María Elena Cabral, vicepresidenta de Abrazo por Dar Vida.
En cuanto a los lugares para realizar el tratamiento, sólo algunos hospitales públicos brindan el servicio, aunque abonando lo que se denomina “arancel hospitalario”. Los centros privados que sí realizan los tratamientos son 82 y están incluidos en el Registro Federal de Establecimientos de Salud. Sin embargo, las parejas no pueden elegir: deben hacerlo en el centro que su obra social o prepaga disponga. “En un tratamiento de fertilización, que implica una carga emocional grande y requiere de una empatía muy marcada entre el paciente y su médico, esto es un problema. Además, el no poder elegir hace que algunos centros terminen ‘saturados’, los tiempos se alarguen y la calidad de los tratamientos disminuya”, explicó Sergio Pasqualini, director de Halitus, y agregó: “Como prueba, tenemos las cifras: antes de la sanción de la ley se realizaban cerca de 12 mil tratamientos por año en todo el país. Hoy, con una legislación supuestamente facilitadora, manejamos la misma cantidad”.
Mariana Contreras, presidenta de Sumate a Dar Vida, coincidió: “Hay más consultas pero no aumentaron los tratamientos. Creo que eso también tiene que ver con la falta de adhesión de las provincias a la norma nacional, ya que hasta el momento sólo lo hicieron Chubut, Santa Fe, La Rioja, Entre Ríos, La Pampa y San Luis, mientras que en Buenos Aires tiene media sanción la adecuación y en la Ciudad de Buenos Aires ni siquiera tenemos eso”.
