Uruguay dio este miércoles el paso final en la implementación de la ley que regula el mercado interno del cannabis. Después de casi cuatro años sin instrumentación efectiva, Uruguay se transforma de esta manera en el primer país del mundo en legalizar la producción, venta y consumo recreacional de cannabis. La propuesta uruguaya representa una alternativa concreta frente al paradigma punitivo impulsado por Estados Unidos desde la sanción del Harrison Act en 1914.
La Ley de Regulación del Cannabis, aprobada en diciembre del 2013, dispone de tres mecanismos principales de acceso a la planta: el autocultivo, el cultivo cooperativo en clubes y la compra por medio de farmacias autorizadas. Previo registro del consumidor ante el Instituto de Regulación y Control del Cannabis (Ircca), cualquier residente del pequeño país sudamericano está habilitado para tener hasta seis plantas en su hogar, formar parte de alguno de los 63 clubes de cannabis en actividad, o adquirir mensualmente un máximo de 40 gramos del producto en alguno de los 16 comercios que actualmente se encuentran a cargo del suministro. De esta forma, la novedosa propuesta uruguaya se ubica entre el modelo punitivo predominante en gran parte de los países del mundo y la alternativa con impronta comercial recientemente implementada en algunos lugares de Estados Unidos, en donde la oferta del cannabis está en manos de diferentes empresas privadas.
Aunque de características dispares, las alternativas al paradigma punitivo han proliferado en nuestro continente durante el transcurso de los últimos años. México, Colombia, Brasil y Argentina ya han legalizado el uso medicinal de la planta, mientras que Jamaica, Perú, Chile y Ecuador avanzaron con la despenalización del consumo personal. Incluso en el propio Estados Unidos, promotor histórico del modelo punitivo contra las drogas, la utilización recreacional del cannabis ha sido también legalizada en ocho estados y el Distrito de Columbia, mientras que la versión con fines médicos fue aprobada por más de la mitad de los cincuenta estados que hoy conforman la unión.
Ninguno de estos antecedentes, sin embargo, ha tenido al Estado como institución central dentro del proceso de regulación del cannabis. A diferencia de las alternativas vigentes en el continente americano y en otras latitudes del planeta, las condiciones del mercado doméstico, desde el cultivo de la planta hasta la venta final del producto, están en manos del Estado nacional. El control sobre el volumen, la calidad, el precio y las modalidades de distribución del cannabis se transforma, de acuerdo a los objetivos establecidos en la ley 19.172, en la principal fortaleza de una política pública pensada no sólo en términos del delito y el crimen organizado, sino también en los beneficios en materia de salud pública, economía, derechos individuales y bienestar social.
Si bien los índices de delito, el nivel de vida y la estabilidad política del resto de los países de la región no son los mismos, la trayectoria seguida por Uruguay, también reconocido por ser el primer estado en abolir la esclavitud y que también legalizó la prostitución, el aborto y la adopción de hijos en matrimonios del mismo sexo, posiblemente marque un quiebre en materia de política contra las drogas. Frente a la alternativa uruguaya, la evidencia demuestra que el modelo punitivo no sólo dejó como resultado drogas más accesibles, baratas y de mejor calidad, sino que también tuvo efectos negativos sobre la democracia, la economía, los derechos humanos y el ambiente.
* Profesor de Ciencia Política, Unlar.
Alternativa uruguaya
