La incertidumbre es la nube oscura que cubre el territorio de la Argentina. Nadie tiene muy claro cómo saldrá el país tras la pandemia del Covid-19, pero el consenso es que las perspectivas futuras no parecen ser halagüeñas.
Movimientos en las sombras. Entrando en la cuarta semana de cuarentena obligatoria, las percepciones políticas de la sociedad no se detienen, por el contrario, tienen sus fluctuaciones muy pegadas al pulso político del presidente Alberto Fernández, en una etapa en la que por vías informales se consolidó un modelo político hiperpresidencialista como no se ha visto antes. Ernesto Laclau siempre explicaba que el populismo se conforma cuando una serie de demandas democráticas se concatenan en una serie de equivalencias que transforman al pueblo en un sujeto político inmanente. No obstante, Laclau no previó una situación tan particular como esta, cuya consecuencia extraepidemológica es que prácticamente todos los actores económicos y sociales inscriben sus demandas sobre el Presidente, desde los argentinos varados en el exterior hasta los sectores petroleros que piden el “barril criollo”.
Fernández intuyó, cuando los efectos de la pandemia mundial se hacían evidentes, que se pasaba a la fase provisoria del ultraalbertismo asumiendo tanto la conducción personal como la vocería de su propio gobierno, entendiendo asimismo que las internas que prometía la conformación desde sus orígenes el Frente de Todos se debían suspender conjuntamente con todas las otras actividades de la economía. Esta conducción “personalista”, para recordar el término con que sus enemigos denominaron la presidencia de Hipólito Yrigoyen, fue bien recibida por parte de la sociedad, como advirtieron diferentes encuestas donde la imagen positiva del Presidente escalaba del 50% al 80%.
Antipolítica que acecha. El país requería una conducción férrea, y la encontró. La palabra presidencial comenzó a coincidir con la palabra autorizada en una asociación no muy común en las casi cuatro décadas de restablecimiento de la democracia en Argentina. Más allá de “Alberto popular”, desde la semana pasada se comenzaron a observar ciertas dificultades que arrancaron con las demandas sobre la baja del “gasto político”: en otras palabras, que los funcionarios, legisladores y jueces se bajen los sueldos. Este pedido tuvo un tibio respaldo de las cacerolas de algunos centros urbanos. Puede ser que parte del “cacerolazo Essen”, como lo denominaron sus detractores, estuviera fogoneado por sectores del macrismo; sin embargo, un huevo de la serpiente de la antipolítica anida en la sociedad argentina (así como en otros lugares del mundo), con lo cual habrá que prestar atención a estos movimientos que hoy fluyen en los subsuelos de la cuarentena.
Luego vino la concurrencia masiva de jubilados a los bancos para cobrar sus haberes, evento cuya desorganización sorprendió a propios y ajenos, echando por tierra miles de recomendaciones sobre cómo comportarse mientras del coronavirus se apropia de nuestras vidas: quedarse en casa, distancia social y evitar todo tipo de traslado innecesario. Es obvio que los jubilados precisaban como nadie sus recursos, pero además faltó “calle” en los funcionarios que tenían que organizar el pago: para muchos jubilados, concurrir al banco una vez por mes es casi un rito, un espacio de sociabilización. Si no se toman los recaudos, volverá a ocurrir.
Más problemas. Un escalón por encima, ocurrió la compra directa de productos de primera necesidad por parte del Ministerio de Desarrollo Social con precios superiores a los de referencia fijados por el propio gobierno. Las compras directas, que este caso eran de aceite, arroz, azúcar, fideos y lentejas, están autorizadas en el marco de la emergencia, pero sorprendió encontrar esos valores en productos simples y que están más baratos en cualquier supermercado. Aunque hubo explicaciones sobre lo mal pagador que es el Estado nacional, las sospechas de sobreprecios fueron enarboladas de inmediato por la oposición, causándoles un dolor de cabeza al Presidente y al ministro Daniel Arroyo, que suspendieron la compra y pidieron la renuncia a los responsables del área, que para mayores males fue realizada a intermediarios distantes de la producción de los alimentos.
Más allá de la cuestión puntual, este tipo de situaciones refuerza al sector antipolítico de la sociedad, que cree que todos los políticos son “chorros” cuando se debaten impuestos excepcionales a los poseedores de fortunas para enfrentar el rojo fiscal, que si bien es estructural de la economía argentina, se amplifica frente a la detención de la actividad.
Tenemos que hablar. Lo que se observa es que la crisis provocada por el coronavirus se ha transformado en un “analizador” de la sociedad argentina, de sus estructuras económicas y sus formaciones estatales. El concepto de “analizador” fue desarrollado por el sociólogo francés René Loreau en los años 60, y si bien el espacio disciplinar donde se desarrolló fue en el cruce entre el psicoanálisis, la psicología social y el análisis institucional, la definición se combina con la de acontecimiento ya que, desde su perspectiva, “se denominará analizador a lo que permite revelar la estructura de la institución, provocarla, obligarla a hablar”.
En este sentido, la actual crisis provocada por virus está haciendo “hablar” al país en una serie de diálogos que van desde lo íntimo y familiar hasta lo macro a nivel institucional, poniendo al descubierto que el país estará tan sólido para soportar situaciones como esta y otras que sobrevendrán en la medida de la solidez de sus instituciones y sus clases dirigentes, un concepto mucho más amplio que la clase política y que engloba a empresarios, sindicalistas, la clase deportiva, funcionarios de élite y una largo etcétera. Quizás sea una oportunidad para revisar viejas estructuras corporativas del país para dotarlo de nuevas reglas que permitan el funcionamiento de un modelo económico que realmente incentive la producción sustentable y la integración social en un país en vías de fragmentación.
*Sociólogo (@cfdeangelis).
