El 23 de marzo, miembros de las FAES con armas en la mano irrumpieron en la casa del periodista Darvinson Rojas, para llevarlo a la cárcel. ¿Su delito? Dos días antes había tuiteado sobre la existencia de cinco casos más de Covid-19 respecto de los 42 que había “informado” el gobierno. Sin que se le pudiera probar mentira alguna, después de una semana preso, fue liberado, aunque se le imputó el delito de “instigación” al odio y le exigieron que revelara sus fuentes.
Rojas es solo uno de los 18 periodistas arrestados o perseguidos por denunciar irregularidades en el conteo de casos de Covid-19 por parte del gobierno. Otros casos son los de Rosalía Hernández, Beatriz Rodríguez y Kerlin Mosquera.
El personal de salud también ha sido víctima de ataques. Vale recordar que, desde hace años, los trabajadores vienen denunciando la pésima situación salarial y la paupérrima condición de los hospitales. En su momento, muchos fueron arrestados y judicializados. Ahora, al menos tres trabajadores de la salud fueron amenazados o detenidos por denunciar la falta de insumos e infraestructura para atender la pandemia.
Está claro que el gobierno de Maduro tiene cosas que ocultar. Si no, no pondría tanto empeño en silenciar las denuncias. A la fecha, oficialmente, contabiliza 197 casos y 11 muertes. Número difícil de creer cuando solo en un día se acumularon más de 300 casos sospechosos en Mérida. En realidad, es que poco se sabe sobre la situación del Covid-19 en Venezuela. Según el gobierno, está entre los países del mundo que más tests realiza. Pero, según la ONU, allí solo se hacen noventa por día.
Venezuela cuenta hoy con menos de cien respiradores y un 60% de desabastecimiento de antibióticos en hospitales. A lo largo de 2019, el 78% de los hospitales registró fallas en el servicio de agua potable; el 63%, fallas en el servicio eléctrico. Por ello, el tiempo de administración de antibióticos para el tratamiento de neumonía y meningitis en 2019 fue de diez horas mientras que el tiempo máximo recomendado es de cuatro. Es obvio que, con esta infraestructura, Venezuela no podría sobrellevar el esparcimiento del Covid-19.
Esta no es la primera vez que la dictadura de Maduro busca ocultar información. Lo ha hecho dejando de publicar el boletín epidemiológico desde 2016, con el rebrote de enfermedades vinculadas con la pobreza. El Banco Central estuvo más de tres años sin publicar estadísticas inflacionarias y económicas.
¿Qué quiere ocultar Maduro? Que su gobierno pauperizó a los trabajadores, que redujo el salario a 5 dólares, que el desempleo abierto hoy es del 50% y la informalidad, del 60%. La pobreza es del 74% y la indigencia, del 66%. Está prohibido, de hecho, el derecho de huelga y se han proscripto organizaciones políticas.
Así y todo, en esta última semana, hubo protestas en la región de La Guajira y Anzoátegui en reclamo de alimentos. En Guaricó, por agua potable. En Falcón, Portuguesa y Cojedes, por la escasez de gasolina. En todos estos casos hubo represión y se amenazó a aquellos que difundieron imágenes.
Esto es lo que realmente necesita ocultar Maduro. Que los trabajadores comienzan a levantarse nuevamente.
*Sociólogo, investigador Ceics y miembro del Comité de Solidaridad con los Obreros Perseguidos de Venezuela.
