Hay temas que deben estar más allá de la especulación electoralista, como este de los crímenes de lesa humanidad. Y con la misma velocidad que el oficialismo logró aprobar la modificación en la escala de ganancias, con el voto de Juntos por el Cambio y toda la oposición, también debería aprobar ahora una ley que condene el negacionismo.
Candidatos. Javier Milei y Victoria Villarruel. |
Sergio Piemonte
Como anticipo de lo que podrían ser los debates presidenciales del 1° y 8 de octubre con Javier Milei, el de los vicepresidentes que se realizó el miércoles en TN tuvo como protagonista excluyente a Victoria Villarruel porque los otros candidatos eligieron polarizar con la representante de La Libertad Avanza.
Victoria Villarruel, abogada de 48 años, es hija, sobrina y nieta de militares, y desde hace muchos años activista por el reconocimiento del accionar militar durante la última dictadura, tiene una corta experiencia en política, donde comenzó recién en 2021 como diputada junto a Javier Milei.
El cargo de vicepresidente tiene su origen en la Constitución de Estados Unidos para asegurar la sucesión automática en caso de impedimento del presidente, y su importancia emerge solamente cuando eso sucede.
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Resulta especialmente importante el vicepresidente de Milei porque las posibilidades de tener que suceder al presidente, aunque siempre remotas, son objetivamente mayores frente a las posibles dificultades de gobernabilidad que enfrentaría un gobierno de La Libertad Avanza, por tratarse de un partido con solo dos años de historia, sin gobernadores, intendentes, y con una cantidad muy pequeña de diputados y senadores. El presidente que dolarizó Ecuador, aunque su medida se perpetuó, tuvo que renunciar a las dos semanas de implementarlo por las tensiones generadas.
Pero no hubo, en el debate de los vicepresidentes con Villarruel, foco en esta eventualidad ni sobre cuál es el grado de conocimiento de la candidata en los temas económicos disruptivos que son el fuerte de la propuesta de Milei para su gobierno. Ese desconocimiento agrega más riesgo a la sustentabilidad de su aplicación ante imprevistos.
De triunfar La Libertad Avanza, la vicepresidenta piensa concentrarse en los temas de seguridad y defensa, por lo que resulta doblemente preocupante su reiterado negacionismo sobre los delitos de lesa humanidad cometidos por la última dictadura.
Tiene todo el derecho la diputada Villarruel de exigir reconocimiento a los militares víctimas de la guerrilla como de la mayoría de los militares honestos que durante la última dictadura no participaron de delitos, muchos de ellos habiendo peleado honrosamente en las Malvinas, y ni que hablar de todos los militares actuales totalmente democráticos siendo trabajadores del Estado, que merecen el mayor elogio de la sociedad.
Pero no tiene el derecho de negar la existencia de delitos de lesa humanidad, y Victoria Villarruel en varias oportunidades negó la existencia del terrorismo de Estado y, ya siendo candidata, en varias oportunidades repitió la formulación “si hubo delitos ya fueron juzgados”. No es “si hubo”, es “hubo”, algo que no se le puede admitir negar a un diputado y candidato a vicepresidente.
Es probable que tanto abuso hizo el kirchnerismo de su meritorio segundo impulso en los juicios a los delitos de la dictadura, tratando de apropiarse del capital simbólico de Madres y Abuelas de Plaza de Mayo y, como candidatos y funcionarios de sus gobiernos, de los nietos recuperados, que una parte de la sociedad que no vivió el regreso de la democracia y el juicio a las juntas militares, que mucho más meritoriamente promovió Alfonsín, crea que “los derechos humanos de los 70” son un símbolo del kirchnerismo y no de toda la sociedad. Y que enojados con este gobierno sumen votos a La Libertad Avanza también por enfrentar a las organizaciones de derechos humanos como muchas de las otras provocaciones a lo políticamente correcto con las que se asocia al kirchnerismo: aborto, matrimonio igualitario, lenguaje inclusivo, justicia social, Estela de Carlotto, Alfonsín y hasta el papa Francisco.
Pero hay temas que deben estar más allá de la especulación electoralista, como este de los crímenes de lesa humanidad. Pueden tener razón los jóvenes al reclamar más preocupación por los derechos humanos actuales y hasta, irritados, pensar que “los derechos humanos de los 70” es un tema de los viejos. Pero los adultos, y mucho más quienes aspiran a ocupar cargos públicos, no debemos explotar esa frustración banalizando los delitos de la dictadura e incentivando el desconocimiento de los que no vivieron las últimas décadas del siglo pasado.
Por eso es imperioso aprobar ahora, con la misma velocidad que el oficialismo logró aprobar la modificación en la escala del impuesto a las ganancias de la cuarta categoría, pero ahora con el voto de Juntos por el Cambio y toda la oposición, una ley que penalice el negacionismo.
Alemania, Francia, Suiza, Austria, Bélgica, España, República Checa, Israel, Letonia y Liechtenstein tienen legislación que penaliza, con diferentes matices, a quienes justifiquen o nieguen el Holocausto.
En Francia son considerados delitos penales tanto la apología de los crímenes de guerra y contra la humanidad como el negacionismo del Holocausto o del genocidio cometido contra los armenios durante la dominación otomana, en 1915.
Y el resurgimiento en este siglo de partidarios de extrema derecha hizo necesario que primero Austria y en 2005 Alemania modificaran su Código Penal, tipificando la exaltación del nazismo como una de las formas del delito de incitación al odio racial, que contempla penas de hasta diez años de cárcel en el caso de Austria y de hasta tres años en el de Alemania.
En Argentina hubo varios proyectos de penalización del negacionismo: parte fueron perdiendo estado parlamentario por la inacción en la que se encuentra nuestro Parlamento, motivada por la extrema polarización política. Es el caso de los proyectos presentados por los diputados Cecilia Moreau (2016 y 2018); Daniel Pérsico (2017); Horacio Pietragalla (2019) y Patricia Mounier (2021); y el presentado por Alfredo Luenzo en el Senado (2021). Y los del año pasado, por los diputados Estela Hernández en marzo y Eduardo Fernández en septiembre. Los presentados este año aguardan tratamiento de la Comisión de Legislación Penal de la Cámara de Diputados: son el de María Carolina Moisés en junio, y Gisela Marziotta en julio; mientras que en el Senado aguarda lo propio el presentado por María Inés Pilati Vergara en julio.
Pero así como el crecimiento de la extrema derecha hizo en Alemania que sesenta años después del nazismo tuvieran que endurecer las penas frente al crecimiento del negacionismo, cuarenta años después de la dictadura Argentina atraviesa también un proceso similar que hace más necesaria la penalización.
Como parte de las celebraciones de los cuarenta años de la recuperación democrática, Editorial Perfil está distribuyendo en colegios una reedición compilada de El Diario del Juicio, publicación que se editó en 1985 durante el año y medio que duró el juicio a las juntas.
El mismo día del debate de los candidatos a vicepresidente se realizó en la solemne sala de la Cámara Federal del Palacio de Tribunales, la misma donde se condenó a las juntas militares de la dictadura, el lanzamiento de la reedición de El Diario del Juicio.
Todos los proyectos de penalización del negacionismo son de legisladores peronistas, en honor a Alfonsín el radicalismo debe presentar uno que sintetice a todos y una a la oposición con el oficialismo en un tema que no es partidario.
