Fue la crónica de un final anunciado. Una vez que la Presidenta se vio forzada por la Justicia a cumplir con lo dispuesto por el artículo noveno de la Carta Orgánica del Banco Central, referido a los procedimientos de remoción del presidente de la entidad, la suerte de Martín Redrado estaba echada. Mucho más aún cuando, como habíamos anticipado en esta columna, su destitución contaba con el voto “positivo” de Julio Cobos.
La puesta en escena de la renuncia del ex presidente del BCRA forma parte de un clásico de la política argentina. Son denuncias tardías que por su gravedad también comprometen al funcionario que las hace. Por otra parte, son confirmatorias de informaciones que en su momento la prensa difundió y que el kirchnerismo negó y fustigó. En la edición de hoy de PERFIL se publica una nómina de compradores de fuertes sumas de dólares. Figuran allí tanto Néstor Kirchner como Hugo Moyano. La fecha de la compra coincide con el despuntar de la crisis económica tras la quiebra de Lehman Brothers. Ese fue uno de los momentos en los que merodeó el fantasma de la devaluación. Se ve que tanto uno como otro tenían mucha plata y poca confianza tanto en el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner como en la economía del país.
El análisis de la comisión bicameral –que en realidad ha sido unicameral ya que, de sus tres integrantes, dos son diputados, Gustavo Marconato y Alfonso Prat-Gay, y quien la preside es el vicepresidente que no es senador– es altamente crítico de la gestión de Martín Redrado. Al día de hoy las posiciones de sus integrantes son las siguientes: Marconato votará por la destitución del renunciante presidente del Banco Central; Cobos, también, aun cuando su idea es hacer más que nada una evaluación con reproches a la gestión del funcionario desplazado; Prat-Gay, en cambio, se debate en una encrucijada: como es de público conocimiento, su valoración de la gestión de Redrado es fuertemente crítica y, por ende, es de la opinión de apoyar su remoción; lo que ocurre es que sobre él hay una presión que viene ejerciendo Elisa Carrió para que no vote a favor de lo que propone el Gobierno. De ceder ante esta presión, Prat-Gay quedará expuesto a una manifiesta contradicción que le facturarán opositores y oficialistas.
Por supuesto que en todo este episodio han quedado secuelas negativas significativas dentro del Gobierno. Una de ellas es la que terminó con la permanencia del Dr. Osvaldo Guglielmino como procurador del Tesoro. La Procuración del Tesoro es una pieza clave en el andamiaje jurídico del Poder Ejecutivo. Según se describe en sus objetivos, “la Procuración del Tesoro es la asesoría jurídica de más alto rango del Presidente de la Nación y de los funcionarios de la Administración Pública. Como tal, asesora al Presidente y a dichos funcionarios por medio de dictámenes, representa al Estado Nacional en juicio dadas ciertas condiciones, audita y registra los juicios contra el Estado Nacional, es parte, instruye sumarios a los funcionarios de las dos más altas categorías de la Administración que tengan funciones ejecutivas y capacita a los abogados del Estado y a los que aspiran a serlo”.
Algún malestar venía existiendo de arrastre con el Dr. Guglielmino. A él le adjudican la responsabilidad del mal asesoramiento relativo al tema Redrado. Como señalamos en esta columna, una de las cosas que dejó al descubierto este culebrón fue el desastroso manejo que hizo el Gobierno de todo el asunto, producto de un desconocimiento de su parte de aspectos técnicos elementales, circunstancia que lo llevó a meterse en un embrollo cuyo resultado no hizo más que acarrear un perjuicio tras otro. Esto fue consecuencia, además, de un pésimo asesoramiento. Los reproches por ello llegaron al secretario Legal y Técnico de la Presidencia, Carlos Zanini –intocable–; al ministro de Economía, Amado Boudou, y al procurador del Tesoro, quien, desde el punto de vista político, era el más débil.
Guglielmino asistió a la comisión bicameral a propuesta del vicepresidente. El hecho de haber aceptado la invitación de Cobos seguramente molestó a la Presidenta, quien, en la noche del martes, tuvo una pormenorizada conversación telefónica con el diputado Marconato. Durante esa charla, el legislador oficialista describió la actuación del hasta entonces procurador del Tesoro, enfatizando la defensa cerril que hizo de las acciones llevadas a cabo por el Poder Ejecutivo para remover a Redrado. Por lo visto, nada de eso sirvió y, en consecuencia, el matrimonio presidencial decidió que el Dr. Guglielmino debía ser echado. “Lo hicieron al mejor estilo K”, según afirmó alguien que supo ser kirchnerista y vivió una experiencia similar.
El reemplazante de Osvaldo Guglielmino es el Dr. Joaquín Da Rocha, un hombre de solidez jurídica, con prestigio dentro del ámbito judicial y con vuelo propio dentro del Partido Justicialista. El Dr. Da Rocha es un hombre de consulta en los ambientes del derecho, de trato afable y abierto al diálogo. Habrá que ver cómo compatibiliza todos estos atributos con las formas con que ejerce el poder el matrimonio presidencial, a todas luces opuestas a las que exhibe el flamante funcionario.
Al Dr. Da Rocha lo propuso el jefe de Gabinete de Ministros, Aníbal Fernández, y la idea subyacente detrás de este nombramiento es que el Poder Judicial tome esta designación como un gesto del Poder Ejecutivo destinado a bajar los decibeles de un enfrentamiento altamente nocivo. Hay que señalar que, durante una de las tantas horas de furia de la crisis del Banco Central, la Presidenta, que es abogada, cometió la torpeza de hablar del “Partido Judicial” para descalificar los fallos adversos tanto de la jueza María José Sarmiento como de su superior, la Cámara en lo Contencioso Administrativo, y provocó un malestar mayúsculo entre una gran cantidad de profesionales del derecho que trabaja en la Justicia. “Esto cayó como una bomba atómica; va a ser necesaria una tarea de reparación muy importante para reencauzar, aunque sea mínimamente, las cosas”, reconocía alguien que conoce al dedillo lo que pasa en los pasillos y despachos tribunalicios.
El capítulo dos de esta novela habrá de centrarse ahora en la discusión que el Congreso deberá dar sobre el Fondo del Bicentenario, ya que, tras el fallo de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo, al matrimonio presidencial le es imposible avanzar con este proyecto sin la aprobación de una de las cámaras. Aquí las cosas juegan a favor del Gobierno. Esto es así porque la legislación concerniente a los decretos de necesidad y urgencia establece que, para su ratificación por parte del Parlamento, basta con la aprobación de una sola cámara, ya sea de Diputados o de Senadores. El Gobierno sabe que, en Diputados, esta batalla está prácticamente perdida. En cambio, en Senadores, las cosas son diferentes. Allí hay una paridad muy lábil que puede ser modificada por los votos de dos senadores: los de La Pampa. Pero en este caso en particular, hay otros que se suman desde espacios que no pertenecen al oficialismo. Estos son los casos de Santa Fe y Corrientes. En ambos, los respectivos gobernadores, el socialista Hermes Binner y el radical devenido K Ricardo Colombi, se han expresado a favor del Fondo del Bicentenario. La razón es muy simple: necesitan la plata. El Gobierno sabe eso. Y, por ello, está negociando a todo tren. El plan de la cajita feliz de Néstor y Cristina Kirchner está a pleno. Claro que hay una incógnita: nadie sabe a ciencia cierta cómo será luego la repartija de esos dineros, porque la llave de la caja la tendrán el ex presidente en funciones y su esposa.
En el medio de todo esto nadie ha vuelto a preguntarse qué estrategia se adoptará para que el país se defienda de futuros embargos dictados a causa del accionar de los fondos buitres.
Con el Fondo del Bicentenario el sueño electoral de Néstor Kirchner para 2011 volverá a cobrar vuelo. Será, de todos modos, un vuelo en cielos turbulentos. El “desamor” reinante en muchos sectores del justicialismo hacia el ex presidente en funciones se va expandiendo a la manera de las ondas que produce una piedra al caer al agua. Sin embargo, esto no entra en los cálculos del matrimonio presidencial, para el que todo se arregla con plata.
La reunión de 22 diputados provinciales peronistas en Pinamar encendió el fuego de la furia K. Como ya es sabido, en esa reunión hubo críticas fuertes hacia la conducción partidaria de Néstor Kirchner. No es que ésta hubiera sido el primer encuentro de legisladores del justicialismo bonaerense en el que aparecieron críticas hacia el ex presidente en funciones. Lo novedoso de este encuentro fueron tanto el detalle con el que se lo hizo conocer a los medios como una frase que allí se dijo, alusiva al esposo de la Presidenta: “Así nos conduce a una nueva derrota electoral”. Esto fue demasiado para Néstor Kirchner, quien, enterado de lo sucedido, estalló de ira y anunció que hará tronar el escarmiento entre los “traidores”, cuya nómina, en la provincia de Buenos Aires encabeza holgadamente el ex jefe de Gabinete de Ministros Sergio Massa.
Todos estos hechos han dado forma a la furia de enero. Enero ya termina; la furia, no.
Producción periodística:
Guido Baistrocchi
