Los periodistas estamos obligados a servir de correas de transmisión entre los hechos y la audiencia, respetando como valor superior los derechos de la ciudadanía a expresarse en términos de libertad y verdad. Así, lo visto, escuchado y leído acerca de la marcha en memoria de los trágicos sucesos de diciembre de 2001 y la aplicación de medidas coercitivas del poder público sobre el ejercicio de la libertad de circulación de los ciudadanos trazó un límite entre el ejercicio del buen periodismo y una manera de comunicación que marginó, con claridad, acciones más cercanas al estado despótico que a la correcta conducta democrática del gobierno. Por caso, la intrusión de fuerzas de seguridad en medios de transporte público, llegando al límite de obligar a usuarios a descender de colectivos para demostrar que no viajaban en ellos para participar de la manifestación, no fue tratado de la misma manera por periodistas y medios independientes o por periodistas y medios comprometidos –por ideología, afinidad o complicidad– con los gobiernos nacional y de la Ciudad.
Lectores, y usuarios de radio, televisión y portales noticiosos, no recibieron, así, el mismo trato de unos y otros. La libertad proclamada como valor supremo por el partido de gobierno y su líder, hoy presidente, fue entendida por la prensa adicta como verdad absoluta al comparar los manifestantes con quienes no participaban en la marcha y sentían vulnerada su libertad de tránsito. Conducta incompatible con los valores éticos de este oficio.
Libertad y libertad. La palabra es la misma pero no el significado que se atribuye, en esos medios comprometidos con el poder, al libre albedrío de unos (los manifestantes o ciudadanos comunes) y otros (el gobierno y su sistema de represión). Hubiese sido correcto abordar el tema de la marcha y del protocolo pergeñado por el Gobierno (y por el aparato disuasorio de jurisdicciones afines) de manera más ecuánime, sin omitir posturas de unos y otros ni comentar las consecuencias nocivas para la democracia de las medidas adoptadas por el poder.
Es bueno recurrir a las fuentes.
No seré original: reproduzco textos de la enciclopedia más popular de internet: “El estado de libertad define la situación, circunstancias o condiciones de quien no es esclavo, ni sujeto, ni impuesto al deseo de otros de forma coercitiva. En otras palabras, aquello que permite a alguien decidir si quiere hacer algo o no lo hace libre, pero también responsable de sus actos en la medida en que comprenda las consecuencias de ellos”. La definición, extensa y pormenorizada, señala también: “La ética filosófica señala que la libertad es inherente al humano, es un dato fundamental originario de la existencia humana, fundamentado en la autoconciencia y la responsabilidad moral. Por tanto, el individuo humano no puede remitir su propia libertad/responsabilidad a ningún otro y, por eso mismo, la libertad, en su sentido antropológico, es algo que no es posible eliminar ni contradecir”.
No se trata de aplaudir desde los medios cualquier manifestación popular callejera, como lo fue la marcha por el aniversario de 2001. Tampoco se trata de denostarla. Sí se trata de mantener una actitud ecuánime que permita a la audiencia tomar o no partido teniendo entre manos toda la información disponible. El espíritu de esta columna es acercar al lector de PERFIL herramientas que le faciliten la tarea. En definitiva, observar con ojo crítico el papel de periodistas y medios en esta controversia entre quienes quieren ejercer la libertad de manifestarse públicamente y las acciones de gobierno que pueden o no limitar esa libertad.
No es rol del periodista imponer ideas sino facilitar a sus audiencias la libertad de observar la realidad con la mayor calidad y cantidad de recursos.
