Es antigua como la humanidad, pero en la Argentina las viejas discusiones parecen no terminar nunca. Qué es y para qué existe un Estado, son interrogantes que vuelven a generar polémicas en la actualidad, tal como cada tanto ocurre cuando pasamos de gobiernos populistas que pretenden utilizarlo como instrumento generador de réditos políticos, a otros más racionales, que insisten en convertirlo en una estructura eficiente, al servicio de la sociedad.
Un Estado es el producto de la organización política de una comunidad, cuyos integrantes, sabiendo que no pueden autogobernarse, necesitan que las decisiones sean tomadas por unos pocos (las autoridades).
Esto significa que un Estado es la sumatoria de habitantes que viven en un territorio, y de gobernantes que, conduciendo los destinos del conjunto, toman decisiones mediante el ejercicio del poder político. Nada de esto ocurre por vocación popular, porque a nadie le gusta que lo manden y limiten; pero al mismo tiempo, nadie es capaz de afirmar que los gobernantes no son necesarios. Por el contrario, todos exigen “autoridad” frente al caos, el desorden y el delito.
En definitiva, un Estado existe para que la gente viva mejor, y quienes deben lograr ese fin son los gobernantes, para lo cual deben dictar normas de convivencia y prestar servicios esenciales y eficientes (salud, educación, justicia, defensa, seguridad y asistencia social). Ello no es posible si no existe una racional administración de los recursos públicos que evite gastar más de lo que se recauda, porque, en definitiva, ellos son tan escasos y limitados como los privados.
En todo caso, a diferencia del empresario, cuyo fin es obtener ganancias, el gobernante tiene por objetivo la satisfacción de las necesidades de la comunidad cuyos destinos conduce; pero ello no implica que los gobernantes deban desentenderse del principio de eficiencia en el manejo del dinero público.
Como cualquier estructura prestadora de servicios, el Estado necesita contar con el personal idóneo y necesario para ello; por lo tanto, contratar cien empleados cuando se necesitan cincuenta, es una forma de malgastar los recursos públicos; así como también lo es, pagar por productos y servicios necesarios para satisfacer el interés general, el doble de lo que se paga en el mercado.
Es inexplicable que todavía existan sectores de la sociedad a los que no les importe la eficiencia en la administración de los recursos de todos, y aplaudan políticas económicas que ahuyentan inversiones y generan servicios públicos deficientes. Es por eso indispensable discutir el rol que debe tener el Estado. Para algunos debe ser una suerte de benefactor bondadoso de la sociedad, cuya misión es dar trabajo a quien lo necesite, subsidiar eternamente a quien no trabaja y adquirir empresas privadas en estado de quiebra, todo sin importar si alcanzan o no los recursos.
Otros creemos que el Estado es una organización política necesaria, que sólo debe dedicarse a invertir sus recursos en la prestación de aquellos servicios públicos de utilización masiva, así como también en ayuda social debidamente organizada.
La ecuación no parece ser tan compleja: o un Estado benefactor que utiliza los recursos en forma desmedida, o el Estado eficiente, cuyos gobernantes son conscientes de que los recursos son limitados y de que deben ser cuidados e invertidos adecuadamente para lograr los fines propios de su existencia. Una vieja polémica que parece no tener fin en la Argentina.
*Prof. Derecho Constitucional UBA, UB y UAI.
