Alberto Fernández lo dijo con claridad y contundencia no solo durante la campaña, sino también siendo ya presidente: la cantidad de miembros de la Corte Suprema no debe ser modificada. El proyecto de reforma judicial que presentó el miércoles pasado mandó esa promesa al canasto.
Hay que decirlo con todas las letras: ese proyecto extemporáneo tiene un solo objetivo. Y ese objetivo es garantizar la impunidad de Cristina Fernández de Kirchner. Es el mismo objetivo que tuvo la reforma que impulsó la actual vicepresidenta durante su segunda presidencia. En aquel momento, fue la Corte Suprema la que le puso freno. Lo mismo podría ocurrir con esta reforma. Para que ello no ocurra, el órgano máximo del Poder Judicial debería ser copado por jueces afines al kirchnerismo. No es esta la primera vez que algo así ocurre en la Argentina. Es algo muy propio del peronismo que empezó con el mismísimo general Juan Domingo Perón. El 8 de julio de 1946, el diputado peronista Rodolfo Decker presentó un proyecto de juicio político a los miembros de la Corte para desplazar a los magistrados cuya independencia molestaba a Perón. Así, el 29 de abril de 1947, los doctores Roberto Repetto, Antonio Sagarna, Benito Nazar Anchorena y Francisco Ramos Mejía fueron despojados de sus cargos al igual que el procurador general de la Nación, Juan Álvarez.
Carlos Menem buscó tener una Corte adicta a través de un mecanismo distinto. No hubo juicio político ni destitución de jueces, sino copamiento del organismo a través de su ampliación y la designación de miembros claramente afines a aquel gobierno. La “inspiración” de esa medida pareció provenir de un hecho protagonizado por el presidente de los Estados Unidos, Franklin Delano Rossevelt, quien, enojado por los fallos adversos a sus proyectos dictados por la Suprema Corte de su país, intentó neutralizarlos por medio de su ampliación y de la designación de jueces que le fueran adictos. Este episodio, conocido como “The packing of the Supreme Court”, fracasó.
Durante su presidencia interina, Eduardo Duhalde también intentó sacarse de encima una Corte que no le era funcional, por lo que abrió un proceso de juicio político contra sus miembros que, finalmente, no prosperó.
Néstor Kirchner fue el impulsor de una renovación de la Corte que fue prestigiosa. Eso le sirvió para congraciarse con un sector de la sociedad al que necesitaba con sus votos para sacarse de encima a Duhalde. Una vez logrado eso, esa Corte terminó siendo fuente de disgustos para su esposa y para el kirchnerismo todo. “No los hemos nombrado para esto”, supo decir allá por 2015 el entonces secretario legal y técnico de la Presidencia, Carlos Zannini, afectado por un fallo adverso al gobierno de CFK.
Una reforma judicial seria –que es la que el país necesita– solo puede ser exitosa si es producto del consenso. Eso –como se vio en la pobre presentación que hizo el Presidente en la Casa Rosada– hoy no existe.
El análisis del proyecto –tedioso e indescifrable para el común de la gente– abunda en inconsistencias. Se crean juzgados como si fuera soplar y hacer botellas. ¿De dónde saldrá la plata para su puesta en marcha? ¿Pensará el Gobierno en recurrir a la imposición de algún nuevo impuesto por “única vez”?
La conformación de la comisión de notables es altamente objetable. En primer lugar porque tiene una fachada de indiscutible pseudopluralismo. La mayoría de los integrantes son afines al Gobierno, es decir, pueden imponer su punto de vista sin ningún problema. En segundo lugar, porque la inclusión del Dr. Carlos Beraldi, abogado defensor de CFK, y del Dr. León Carlos Arslanian, abogado defensor de Ricardo Echegaray, resultan obscenas. Ambos son abogados prestigiosos. Fueron socios. Arslanian fue el presidente del tribunal que juzgó y condenó a las Juntas Militares. Pero su situación de defensor del ex titular de la AFIP lo invalida para ser parte de esa comisión. Lo mismo valdría si se lo hubiese nombrado al Dr. Pablo Lanusse, abogado de prestigio incuestionable, que hoy defiende a Mauricio Macri.
Antes de seguir, un párrafo para el ex presidente: su viaje a Europa para “trabajar” en la FIFA, en medio de la penuria por la que atraviesa la mayoría de la ciudadanía, es una obscenidad que cayó pésimamente filas adentro de Juntos por el Cambio. “Nos hace un daño enorme”, reconoció sin tapujos un importante legislador de JxC atónito por tamaña muestra de falta de timing político por parte de MM.
Adiós a la “soberanía alimentaria”. La expropiación de Vicentin fue un despropósito que, afortunadamente, tuvo existencia efímera. Su única utilidad fue la de dejar al descubierto las internas de la coalición gobernante y de las verdaderas intenciones de la vicepresidenta y sus acólitos. En esas arenas, la decisión del Presidente de dejar de lado la iniciativa de expropiación de la empresa cayó muy mal. Las críticas fueron duras y sonoras. Ante ese panorama, minutos después de que AF diera a conocer el DNU que anula la intervención de Vicentin, el ministro del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro, uno de los máximos referentes de la Cámpora, salió a respaldarlo por medio de un tuit que decía: “Excelente decisión de Alberto Fernández luego de que los opositores de siempre, incluido un sector del Poder Judicial, bloquearan todas las alternativas propuestas para el rescate de la empresa”. Para que nadie se confundiera, desde el entorno de Wado de Pedro se encargaron de aclarar que el tuit tuvo como fin bajar línea a los dirigentes kirchneristas que, anticipaban, iban a salir a cruzar al Presidente por la marcha atrás. “Hay que calmar a la tropa”, fue el mensaje.
La pregunta es: ¿pasará lo mismo con la reforma judicial?
Y mientras tanto, la pandemia. Cada una de las presentaciones en las que el Presidente, flanqueado por Horacio Rodríguez Larreta y Axel Kicillof, anuncia la prolongación de la cuarentena deja tela para cortar. La última no fue la excepción. Veamos:
No hubo lugar para las preguntas. El porqué es muy simple: no había respuestas más allá del discurso armado.
Kicillof, como siempre, no se privó de aportar sus falacias. Habló del “cierre” de Barcelona –lo desmintió la embajada de España– y de que el número de casos de la Ciudad es mayor al de la provincia de Buenos Aires, dato absolutamente falso.
Alberto Fernández lo acompañó en esa tergiversación de las cifras. El gobernador se expresa en términos estadísticos y, para que la comparación fuese válida, la Provincia debería hacer muchísimos más testeos que los que hace.
Los números de la semana demuestran que la fase restrictiva que culminó el 17 de julio fracasó. El miedo no sirvió.
