“Desde el derecho penal liberal se sostiene que todas las personas tienen derecho a delinear su propio plan de vida y los terceros debemos tolerar estas expresiones aunque nos desagraden porque esta es la exigencia de las democracias consensuales”. Así comienza el texto “Negacionismo y libertad de expresión: reflexiones en torno de la criminalización”, de Valeria Thus, docente del Departamento de Derecho Penal y Criminología de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Y más adelante se pregunta: “¿Debería (y puede) un Estado exigir que las personas reconozcan un pasado particular?, ¿o la libertad de expresión alcanza también a la determinación de cómo quiere relacionarse cada uno con el pasado?”.
La comunicación libertaria parasita a sus contrincantes engrandeciéndose con sus respuestas
El conflicto estratégico entre la libertad de expresión y la penalización de discursos negacionistas, discriminatorios de cualquier tipo o que promueva el odio y la violencia se viene resolviendo de manera distinta en las dos costas del Atlántico. En Estados Unidos, e irradiando hacia todo el continente americano, hay una tendencia a concebir una forma de libertad de expresión unívoca, irrestricta e ilimitada, por lo menos en teoría, mientras que en Europa 25 países con igual tradición jurídica liberal cuentan con leyes que criminalizan el negacionismo y otro tipo de discursos. Alemania hasta modificó su Constitución colocando el derecho a la libertad de expresión por debajo del derecho a la dignidad de las personas.
Esto no les gusta a los autoritarios
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Para los europeos no se trata de crear una nueva Inquisición progresista ni de establecer “delitos de opinión” sino del ejercicio responsable de nuestras libertades, que vienen influenciando nuevas perspectivas también sobre el sistema interamericano, donde el derecho a la libertad de expresión es altamente protegido. Por ejemplo la Relatoría para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA prescribe un “deber especial de constatación razonable de los hechos que fundamentan los pronunciamientos” de los funcionarios y personas públicas que “están sometidos a ciertas limitaciones” cuando hacen declaraciones y “deben hacerlas con una diligencia mayor que cualquier sujeto particular en atención al alto grado de credibilidad que gozan para que los ciudadanos no reciban una versión manipulada de los hechos”. Y el relator de las Naciones Unidas reclamó la “exigencia de abstenerse de manifestaciones contrarias a la ética internacional” al tiempo que manifestó su “preocupación por las declaraciones (en 2022) del presidente de Brasil reivindicando la dictadura militar”.
El concepto “neutralidad de contenidos”, por el cual se podría defender la distribución de una publicación nazi o de promoción de delitos, es abusado de igual forma que la libertad de disponer del propio cuerpo haciendo inconstitucional una ley que penalice la libertad de vender los propios órganos. De la misma forma que existe un mercado de productos, hay un mercado de ideas y otro de órganos. No se trata de construir una verdad estatal, el disenso siempre enriquece, sino del uso responsable de la libertad, donde no todo es posible. “No todo” refuerza en lugar de restringir la libertad. Todo y nada son significantes del anarquismo y del autoritarismo, dos caras de la misma moneda e igualmente perniciosos.
Pretender la rehabilitación de regímenes que se caracterizaron por prácticas criminales no solo tiene consecuencia sobre el pasado resignificándolo sino, y más importante aún, sobre el futuro: ¿cuáles serán las prácticas en materia de combate de la inseguridad que tendrá un gobierno de aquellos candidatos que hoy relativizan los crímenes de la última dictadura militar o, justificándolos, los comparan con los de la guerrilla. Sobre este punto recomiendo leer la columna del fiscal del tribunal que condenó a los excomandantes de la última dictadura, Luis Moreno Ocampo, que publica hoy PERFIL.
No solo la candidata a vicepresidenta de La Libertad Avanza, Victoria Villarruel, viene reivindicando la última dictadura sino que el propio candidato a presidente, Javier Milei, durante el debate del domingo pasado utilizó las mismas palabras del alegato del represor y comandante de la Marina Emilio Masera previo a escuchar el fallo que lo condenó a cadena perpetua: “guerra” para enmarcar la lucha antisubversiva en un enfrentamiento entre dos fuerzas militares comparables, y “excesos” para los crímenes, negando la existencia de terrorismo de Estado.
Ninguno de los candidatos con posibilidades de ingresar a una segunda vuelta electoral generó una réplica al discurso de Milei porque ya se habían agotado sus cinco posibilidades de hacerlo en temas económicos. Volver a creer que se podría tener una economía de mercado floreciente sin un Estado que garantice seguridad jurídica sería repetir también en ese plano las prácticas de la última dictadura.
Otro argumento para no responder a los candidatos libertarios es que con sus provocaciones buscan retroalimentarse con las respuestas de quienes reaccionan indignados. Por ejemplo, que si se promulgara una ley que penalizara el negacionismo y fueran procesados por sus declaraciones, llevarían el caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, amparándose en el derecho de libertad de expresión. La tesis sobre que no hay que reaccionar frente a sus provocaciones porque lo que buscan con ellas es la respuesta para seguir teniendo centralidad en la agenda pública asume que la estrategia de comunicación libertaria es parasitar al sistema utilizando todas las cajas de resonancia. Responderles es agrandarlos, lo que genera un círculo vicioso de autocensura y una mayor provocación, que es el núcleo de la trampa en sí mismo.
La trampa de la provocación ya encontrará su límite en su propio éxito, como toda herramienta se desgasta con su uso y pierde efecto, morirá de sí y no de la acción externa. Mientras tanto, vale reflexionar sobre la oportunidad de una ley que penalice el negacionismo, la que podría no ser prioritaria hace algunos años, cuando este tipo de discursos era marginal, y qué hacer mientras tanto.
La táctica de la provocación tendrá límite en su propio éxito, morirá de sí y no por terceros
Un conjetura plausible recorre el camino de la aplicación de figuras legales existentes en el Código Penal, por ejemplo apología del delito cuando se trata de cuestiones que ya tienen condena firme en los tribunales, como el terrorismo de Estado. Otro aporte al debate público reside en profundizar sobre las condenas que recibieron los crímenes de la guerrilla. Ya hace 11 años, en una jornada sobre comunicación y derechos humanos, el juez Daniel Rafecas dijo: “Reclamar hoy día el juicio a los miembros de las organizaciones armadas (guerrilleros) por aquellos atentados es negar abiertamente lo que fue el terrorismo de Estado, negar abiertamente las decenas de miles de detenciones, de secuestros, de torturas y de asesinados, y el exilio forzado de muchísimos de ellos. A quien estos sectores reclaman su juzgamiento o han sido asesinados o permanecen desaparecidos; los que no, han sido salvajemente secuestrados y torturados; los que no, han pasado larguísimos años en prisión y los que han sido víctimas del exilio. Todos estos mecanismos tenemos que considerarlos como penas impuestas por el Estado, penas ilegales impuestas por el Estado en aquellos años, penas de muerte, penas de secuestro, penas de tormento, penas de exilio. Una vez que se tiene en consideración este enorme dato, ¿podemos seguir hoy en día con esa consigna según la cual deberían juzgarse aquellos atentados? No hay duda de que esta consigna forma parte de la estrategia negacionista y relativista de lo que fueron aquellos años”.
