La dramática propagación de la epidemia de coronavirus y las excepcionales medidas que todos los países involucrados debieron tomar han motivado un estallido de opiniones desde las más diversas corrientes de pensamiento. Las tecnologías de la información permiten que personas con diferentes formaciones expresen sus ideas y compartan sus análisis, a los que la celeridad de los acontecimientos les provoca continuas transformaciones.
Esta intensa actividad de observación y emisión de opinión es bienvenida porque permite analizar desde distintas ópticas los fenómenos que produce esta situación sin precedentes idénticos. Pero me sorprende el tono con el cual la mayoría de estas opiniones se expresan en todos los medios de comunicación, pues se elige la afirmación dogmática que acerca las ideas compartidas más a una verdad revelada que a una opinión que pueda ser sometida a un análisis crítico.
Y esto implica un riesgo mayor que la epidemia porque afecta los principios de la organización democrática de los Estados y de las sociedades, a la que la mayoría de los países de América y Europa hemos adherido tanto en nuestros ordenamientos políticos y jurídicos internos como en las organizaciones supranacionales que hemos consolidado luego de finalizada la Segunda Guerra Mundial. La multiplicidad de pactos internacionales que involucran al mundo o a las regiones (en nuestro caso la OEA y, especialmente, el Pacto de San José de Costa Rica) se fundan en la pluralidad de pensamiento y expresión, que es la base fundamental de la organización política en una democracia constitucional.
Esto implica que sobre un mismo tema puede haber visiones diversas que deben ser respetadas y rebatidas con tolerancia. La realidad es compleja y admite ser analizada desde diversos ángulos de conocimiento, de interpretación ideológica y de percepción emocional. El disenso es natural al hombre y la excepcionalidad de una situación no debe alterar la base de nuestra convivencia. La revalorización del trabajo intelectual en un contexto que no es proclive a su incentivo es el mejor aporte que podemos hacer en esta dramática situación. Albert Camus, muy citado en estos días por su novela La peste, destaca la necesidad de valorizar la inteligencia y el pensamiento crítico para evitar el triunfo de las filosofías del instinto que, con un romanticismo de mala ley, prefieren el sentir al comprender, como si ambos pudieran separarse.
En un Estado de derecho todos los ciudadanos y habitantes de un territorio debemos acatar lasmedidas que legítimamente tomen las autoridades legales en situaciones de emergencia. Este acatamiento, que rige también para la vida ordinaria de toda sociedad democrática, no implica coincidencia con las medidas ni imposibilidad de manifestar la discrepancia.
Cada país tiene una situación distinta no solo en cuanto a la forma en que se propagó el virus y su impacto en la salud pública sino también en su forma de organización política y en la cultura con la cual se ejerce. No es igual la adopción de una medida en un régimen parlamentario –como España o Italia– que en los regímenes latinoamericanos, que mayoritariamente y con la sola excepción de Uruguay tienden a ser presidencialismos fuertes con gran concentración de funciones en el Poder Ejecutivo. Y no lo es porque cada forma de gobierno tiene sus propios sistemas de control y porque cada país encarna sus sistemas políticos conforme a sus hábitos culturales, tanto históricos como contemporáneos.
El cumplimiento de las medidas adoptadas por cada gobierno para enfrentar la epidemia y preservar la salud pública debe ser estricto en la conducta pero libre en la expresión de las ideas, con la clara vocación de transitar la situación con la menor afectación posible al ejercicio de nuestros derechos y al desarrollo normal de las instituciones.
Como advierte el filósofo italiano Giorgio Agamben es necesario evitar la tendencia creciente a utilizar el estado de excepción como paradigma normal de gobierno. Estas situaciones de emergencia son excepcionales y deben tomarse solo en casos de gravedad extrema y tratando siempre de salvaguardar el ejercicio de los derechos humanos en su mayor amplitud. No debemos olvidar que el estado de excepción es el límite final del Estado de derecho.
*Prof. Derecho Constitucional.
