Restan 19 meses para la finalización del actual mandato presidencial. Pasada poco más de la mitad del gobierno de Alberto Fernández ha quedado plenamente demostrado que el experimento diseñado por Cristina Fernández de Kirchner fue todo un éxito en materia electoral y un verdadero desastre en materia de gestión. Desde las primarias de 2021 las tensiones al interior del Frente de Todos han ido in crescendo.
Pasó la discusión acerca del acuerdo con el FMI y las aguas no parecen calmarse dentro del oficialismo. Más bien lo contrario. Con frecuencia casi diaria funcionarios o dirigentes de las distintas alas que integran el Frente de Todos intercambian ataques, acusaciones o chicanas de manera pública. Los medios y la gestión no son la única arena de combate. El día de la Memoria y el día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas mostraron una curiosa postal: los protagonistas dejaron de ser las víctimas del terrorismo de Estado y de la demencial aventura militar de Galtieri. En ambas ocasiones el gran protagonista fue la interna del Frente de Todos.
Una coalición que controla el 48% de las bancas en Diputados y el 48% en el Senado tiene problemas de gobernabilidad
Nadie dentro del oficialismo pareciera registrar la gravedad de la situación. La obsesión por las elecciones de 2023 pareciera relegar a un segundo plano los problemas que aquejan al país. Al tope de estos problemas está la inflación. Aunque habrá que esperar al martes que viene para conocer el Índice de Precios al Consumidor de marzo el Gobierno ya sabe lo obvio: la cifra hará sonar las alarmas. Por muy extraño que parezca es posible que en privado el Gobierno celebre si el dato de inflación arranca con cinco en vez de con seis como pronostican algunas consultoras.
Frente a ello surge una obvia pregunta ¿qué hace el Gobierno para resolver esta cuestión? Repetir las mismas políticas que se han venido aplicando desde 2005 cuando bajo el gobierno de Néstor Kirchner la inflación anual superó la barrera de los dos dígitos.
De aquí hasta las elecciones difícilmente el Gobierno pueda lanzar un plan de estabilización. En primer lugar, carece de incentivos para hacerlo. Políticamente implicaría pagar costos ciertos en el futuro inmediato sin tener certeza acerca de poder cosechar los eventuales réditos electorales. Tampoco tiene motivaciones económicas para encarar una estrategia que reduzca sustancialmente la inflación. Si ello ocurriese, el Gobierno enfrentaría un problema fiscal debido a la indexación de las jubilaciones. Pero incluso si el Gobierno tuviera la voluntad de tomar el toro por las astas, tampoco podría hacerlo. Es imposible pensar en un plan de estabilización sin poder político. En tercer lugar, el Gobierno carece de credibilidad. En virtud de ello solo queda apelar al recurso de mostrar que se hace algo para encarar el tema. Las proclamaciones de guerra contra la inflación, la amenaza de usar la ley de abastecimiento y las mesas de acuerdos difícilmente produzcan algún logro. Pero al menos muestran a un gobierno activo y al frente del combate contra la suba de precios.
La inflación no es el único problema que deberá sortear el Gobierno en los próximos meses. Cuando solo faltan dos meses para que comience el invierno la disponibilidad de gas es todo un interrogante. A causa de la invasión de Rusia a Ucrania se han disparado los precios de los hidrocarburos. Es evidente que la factura que pagará Argentina por las importaciones de gas desde Bolivia y de Gas Natural Licuado (GNL) será más cara que en años anteriores. La pregunta más bien es si habrá suficiente gas para atender la demanda proveniente de la industria, los hogares y la generación eléctrica.
La semana pasada el Gobierno contrató ocho barcos de GNL de los cincuenta que se estima necesitará para asegurar la provisión de gas en invierno. Esta semana el Gobierno negoció una ampliación de las importaciones de gas de Bolivia de diez a 14 millones de m3 diarios, con la posibilidad de sumar otros cuatro millones de m3 diarios condicionado a que Brasil reduzca su dependencia de las importaciones de gas boliviano. Incluso bajo el escenario benigno en el que Argentina pueda acceder a 18 millones de m3 diarios de Bolivia, el suministro de gas en el invierno no parece estar asegurado. Entre mayo y septiembre del año pasado las importaciones de gas de Bolivia y de GNL promediaron 38 millones de m3 diarios.
Con la incertidumbre acerca del suministro de gas en invierno y la certeza de que habrá que pagar más, tanto por el gas natural boliviano como por el GNL, es que el Gobierno deberá convocar durante abril a audiencias públicas para actualizar los precios de la energía, tal como está estipulado en el acuerdo con el FMI. La discusión sobre tarifas y subsidios es desde hace rato una arena de lucha entre los funcionarios de las distintas tribus del oficialismo. Debido al alza del precio de los hidrocarburos podría darse una situación paradójica: que el aumento de tarifas energéticas resulte insuficiente para reducir los subsidios. “All pain, no gain” como suelen decir en inglés.
A pesar de las crecientes tensiones, el Frente de Todos no oficializará su ruptura (como The Police que a pesar de haberse separado en 1984 nunca emitió un comunicado oficial anunciando la disolución de la banda). Se doblará, pero no se romperá y será bajo esas condiciones que seguirá gobernando hasta diciembre de 2023. Si un estudiante extranjero de política comparada visitara la Argentina le costaría trabajo entender que una coalición que controla el 46% y el 48% de las bancas de las Cámara Baja y el Senado enfrente una situación compleja en materia de gobernabilidad. La respuesta es sencilla: “es el vicepresidencialismo de coalición, estúpido”.
Frente a este cuadro de situación cuesta mantener el optimismo. De acuerdo a la más reciente edición del Índice de Confianza del Consumidor que mensualmente publica la Universidad di Tella solo un 29% de los entrevistados cree que la situación económica mejorará en los próximos 12 meses. En septiembre de 2021 esa cifra era diez puntos mayor. No sobran los motivos para ser optimista.
A nadie debe sorprender ante semejante pesimismo que la sombra del ‘outsider’ se proyecte como una amenaza potencial sobre el actual sistema de partidos ni que la venta de espejitos de colores (la dolarización) cotice a la alza en estos días.
