El juez de Control y Faltas 7 de Córdoba, Milton Peralta, volvió a ordenar la puesta en libertad del empresario frigorífico y presidente del Club Estudiantes de Río Cuarto, Alicio Dagatti, quien está imputado por asociación ilícita y otros delitos.
Dagatti, junto a su hijo Ignacio y el director del frigorífico Livorno, Luis Mina, fue detenido en diciembre de 2024 bajo la acusación de liderar una supuesta red dedicada a introducir celulares, drogas y otros objetos prohibidos en prisiones de Córdoba. La principal investigación está dirigida por el fiscal de Delitos Complejos N.º 1, Enrique Gavier, quien vincula el ingreso de teléfonos móviles ocultos en medias reses del frigorífico con delitos cometidos desde la cárcel, conocidos como los "call center tumberos".
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El caso se ha visto envuelto en controversias judiciales, en particular por la validez del testimonio clave de un chofer, vinculado al llamado "camión narco" interceptado en Bouwer en 2023. Durante su juicio por tráfico de drogas, este chofer afirmó que Dagatti lo presionaba o pagaba para facilitar el ingreso de sustancias prohibidas a la prisión. Sin embargo, el juez Peralta declaró nulo este testimonio por haber sido obtenido de manera irregular y sin la asistencia legal adecuada.
Tras anular esas declaraciones, Peralta ordenó la libertad de Dagatti, aunque con una fianza de 900 mil dólares. Sin embargo, mientras la familia tramitaba esta garantía, el fiscal Gavier emitió una nueva orden de detención contra el empresario, acusándolo esta vez de comercializar carne en mal estado. Esta imputación está relacionada con denuncias por casos de triquinosis y presencia de gusanos en productos de frigoríficos familiares, y con la supuesta organización del reingreso de medias reses contaminadas a la cárcel de Bouwer.
El juez Peralta también anuló esta segunda orden de detención y ratificó que no existen riesgos procesales que justifiquen mantener a Dagatti privado de su libertad. No obstante, el fiscal Gavier apeló la decisión inicial de liberar tanto a Dagatti como a uno de sus colaboradores, el acompañante del chofer Maximiliano Irusta, quien quedó en libertad tras abonar una fianza de 30 mil dólares.
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El fiscal sostiene que Peralta realizó un análisis parcial de las pruebas, ignorando supuestos peligros de fuga y posibles interferencias en la investigación, que justificarían la prisión preventiva. Además, Gavier apunta a una supuesta red de influencias del empresario en ámbitos políticos, comerciales y mediáticos. También resalta que Dagatti utiliza mensajes efímeros en WhatsApp, lo que interpretaría como un intento de entorpecer la investigación, y señala que el empresario cuenta con recursos, que podrían facilitar su ocultamiento.
El fiscal rechazó la nulidad del testimonio del chofer, argumentando que este era víctima de amenazas de muerte y que sus declaraciones son fundamentales para demostrar la existencia de la asociación ilícita y la responsabilidad de los acusados.
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Por su parte, la defensa de Dagatti, a cargo de Matías Pueyrredón, confirmó la reciente orden de libertad dictada por Peralta y destacó la dureza de los términos con los que el juez se refirió al fiscal y al proceso.
En medio de esta disputa judicial, desde el Juzgado de Control expresaron cierto malestar porque, poco después de que Peralta ordenara la libertad de Dagatti por falta de riesgo procesal, el fiscal Gavier presentó nuevas imputaciones para impedir su liberación. La resolución del juez además solicita que el Tribunal Superior de Justicia de Córdoba sea informado sobre la situación.
