En un marco de constante aceleración inflacionaria, los colegios privados, tanto los que cuentan con aportes estatales como los que no, se encuentran en una situación crítica de desfinanciamiento por el constante aumento de costos, no acompañado por los incrementos autorizados para las cuotas. A su vez, muchas familias no pueden afrontar el incremento de la educación de sus hijos.
Uno de los principales problemas del sector es que mientras que los salarios docentes aumentan por encima de la inflación, los incrementos en los aranceles autorizados se encuentran por debajo de esta.
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Para septiembre, los haberes de los docentes a nivel nacional acumularon una suba del 176,7% anual. Por su parte, los padres afrontaron aumentos en los aranceles todos los meses desde que empezó el ciclo lectivo.
Si bien a principios de año el Gobierno acordó que las cuotas de los colegios formen parte del programa Precios Justos para ponerle un tope a los valores, la aceleración inflacionaria llevó a que se tengan que autorizar incrementos por encima de lo pactado.
En aquel momento, se definió una suba de aranceles del 16,80% para marzo y un 3,35% mensual para abril, mayo y junio.
Sin embargo, frente a los reclamos del sector, el Gobierno determinó en junio un aumento de 7,5% en la Provincia y de 11,1% en la Ciudad de Buenos Aires. En julio, alcanzaron el 4% y 15,6%, respectivamente.
En tanto, en agosto pasado, el gobierno bonaerense autorizó un aumento del 18% en los aranceles de los colegios privados que tienen subvención estatal. No obstante, el sector pedía que este fuera del 22%. El mes pasado las cuotas subieron 14,4%.
Por último, en octubre los aranceles en CABA subieron 16,25%, como resultado de la revisión paritaria de los gremios docentes, que acordaron un aumento adicional del 23% en los salarios de septiembre.
De esta manera, el aumento acumulado en las cuotas de los colegios de CABA fue del 92,5% y para los de la Provincia del 65,19%.
La opinión del sector
En este contexto, el Consejo de Educación Católica de la Provincia de Buenos Aires expresó su preocupación por los proyectos educativos de gestión eclesial y advirtió que desde julio la modalidad de incrementar los sueldos antes de poder cobrar los aranceles ha motivado “problemas financieros y un endeudamiento creciente” en las instituciones educativas y en los obispados.
“Consecuentemente, hay comunidades que tienen problemas para sostener los gastos corrientes”, puntualizó.
Ante esta situación, el organismo educativo eclesial consideró que “los colegios de gestión privada con aporte de la provincia necesitan, de manera urgente, que se reconozca el aporte estatal para la totalidad de sus cargos de planta funcional y una recomposición de las bandas arancelarias”.
“Mientras que las instituciones sin aporte estatal necesitan, también de manera urgente, recuperar la previsibilidad en los aumentos de aranceles, para que las familias puedan ordenar su economía y sostener la educación de sus hijos”, agregó.
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“Las dificultades de financiamiento creciente en muchas comunidades educativas de la Provincia de Buenos Aires impactan de manera directa en el principio constitucional de enseñar y aprender, e impide que las familias puedan elegir libremente la educación que quieren para sus hijos”, sostuvo.
Asimismo, el Consejo recordó que “a las comunidades educativas de gestión eclesial concurre un tercio de las niñas, niños y adolescentes de la provincia de Buenos Aires; además, son fuente de trabajo para miles de docentes y no docentes que todos los días se comprometen con la formación integral y con el cuidado de sus alumnos; por eso necesitamos respuestas adecuadas, para que los colegios puedan recuperar la sustentabilidad”.
En esta línea, Norberto Baloira, secretario ejecutivo de la Junta Coordinadora de Asociaciones de Enseñanza Privada (COORDIEP) dijo a PERFIL: “El salario de los docentes, porteros y personal de limpieza impacta en más del 75% en el valor del arancel. Por este motivo es que hay que transferir ese porcentaje a la cuota. La realidad es que todos los meses se está produciendo esta situación debido al proceso inflacionario”.
Por otro lado, señaló que hay colegios que están en peligro de cierre, otros que están anunciando que no pueden sostener esta situación y colegios que están pidiendo que se les aumente el aporte estatal porque se les hace difícil la subsistencia.
Consultado por la situación de los estudiantes, Baloira precisó: “Si bien no se saca a los alumnos del sistema, se está registrando un corrimiento hacia colegios que estén más acordes a las posibilidades, más económicos”.
La situación de los padres
Por su parte, desde la Asociación de Colegios Privados de la Provincia de Buenos Aires (AIEPBA) señalaron: "Nosotros no participamos de paritarias y el Gobierno no nos consulta si realmente las escuelas privadas estamos en condiciones de trasladar ese aumento a las familias dado que lamentablemente hay una heterogeneidad muy importante en las 6.300 escuelas y no todas las comunidades educativas pueden pagar los nuevos valores".
"Si bien a los docentes les incrementan los salarios por encima de la inflación, que está muy bien que así sea, a muchas familias los ingresos no les aumentan de la misma manera", agregaron.
En este sentido, desde la Asociación de Defensa de los Consumidores y Usuarios de la Argentina (ADECUA) aseguraron que la dificultad de los padres para pagar las cuotas es desesperante.
"Hay una gran preocupación. La gente no sabe si va a poder seguir pagando las escuelas. Hay familias que aguantan hasta fin de año pero que ya están buscando vacante o en un colegio de menor costo o en un colegio del Estado. El problema es que no hay vacantes tampoco", explicaron.
En este contexto, desde AIEPBA propusieron:
-Cese momentáneo de embargos e inicio de juicios por parte de los organismos de recaudación (IPS, AFIP, ARBA, Obras Sociales).
- Reducción de contribuciones patronales por un periodo de tiempo determinado (tanto de IPS como AFIP).
- Crear un Programa de Ayuda al Sostenimiento de las Escuelas, similar al ATP/REPRO, que permita recibir un monto fijo de pesos por empleado.
- Cumplimiento por parte de la DGCyE con las deudas contraídas con las instituciones educativas de muchos años: 5tos. y 6tos. de secundaria común, 7mo. de secundaria técnica-agraria, crecimientos vegetativos, cargos/horas faltantes.
- Actualización de los aranceles autorizados teniendo en cuenta el gran desfase entre aumento de salarios docentes vs. aranceles desde 2020 y la fecha, para que el valor de los aranceles mantenga la relación con los costos.
- Ampliación del Programa AHORA 6 o 12 para el pago de las deudas en los aranceles (morosidad), entendiendo que la educación es una inversión y no un gasto.
- Modificación del sistema de control y aprobación de licencias (sobre todo extraordinarias) ya que implican un costo económico y financiero importante para las escuelas.
- Reducción en tarifas de luz y gas.
- Acceso a líneas crediticias a tasas subsidiadas.
- Eliminación del impuesto al cheque, como sucede con las escuelas de orden religioso católico.
- Espacio de trabajo en conjunto entre Estado Provincial y Nacional junto a la Asociación a fin de realizar un análisis exhaustivo de escuelas en riesgo de cierre (total o parcial), para posibles aportes estatales.
LD / LR
