La conducción del organismo multilateral que lidera Cristine Lagarde se reunió en Washington para evaluar la carta de intención presentada por el Gobierno argentino y decidió aprobar el préstamo de 50 mil millones de dólares aunque en esta primera etapa el gobierno de Macri recibirá U$S 15.000 millones.
También hoy se sabrá si Argentina asciende a economía emergente o continúa estando en la categoría de mercado de frontera. La definición depende de Morgan Stanley Capital International (MSCI), la empresa dedicada a calificar a los mercados financieros del mundo.
La "Carta de intención, el Memorándum de Políticas Económicas y Financieras y el Memorándum de Entendimiento Técnico entre Argentina y el FMI", consta de 33 carillas, en la que el Gobierno se compromete a:
- Fortalecer el marco institucional y de metas de inflación del Banco Central reforzando su autonomía y estableciendo un sendero para la inflación realista, que tome en cuenta las implicancias de la reciente volatilidad del mercado pero, no obstante, busque bajar la inflación a un dígito para fines de 2021.
- Disminuir las tensiones en nuestro balance de pagos, permitiendo operar flexiblemente a nuestro tipo de cambio como un amortiguador de shocks, incrementando nuestras reservas internacionales, disminuyendo nuestro déficit de cuenta corriente, y reduciendo nuestras necesidades de financiamiento externo.
- Proteger a los sectores más vulnerables de la carga de esta necesaria recalibración de la política económica. "El objetivo final de este plan es dinamizar la actividad económica, crear nuevos empleos, hacer más atractivo invertir en nuestra economía, reducir la pobreza, mejorar la cohesión social y elevar los estándares de vida de todos los argentinos".
Para asegurar una más rápida convergencia al equilibrio fiscal, las nuevas metas de resultado fiscal primario son: -2,7% del PBI en 2018 (vs. -3,2% con las metas previas), -1,3% en 2019 (vs. -2,2% antes), equilibrio primario en 2020 (vs. -1,2% antes) y superávit de 0,5% en 2021 (vs. 0% antes).
En el acumulado 2018-2021, esto significa una reducción acumulada del déficit de 3,1% del PBI, alrededor de USD 19.300 millones.
El nuevo sendero de convergencia fiscal permitirá que el ratio deuda pública a PBI comience a reducirse a partir de 2019.
Asimismo, se indicó que el acuerdo apunta a "reducir las necesidades de financiamiento del gobierno, encauzar la deuda pública por una trayectoria descendente.
