El exministro Martín Guzmán reapareció en escena con la presentación de un documento en donde descartó que la Argentina necesite un plan Bonex o un nuevo reperfilamiento de la deuda pública en pesos, al sostener que “es posible ir reduciendo el tamaño del stock de pasivos remunerados del BCRA”, si se aplica un plan de estabilización “que incluya consolidación fiscal y eliminación del financiamiento monetario del déficit, junto con tasas que premien el ahorro en moneda nacional”.
La reaparición del exministro de Economía coincidió con la crisis cambiaria, generada por el récord de la brecha cambiaria ante la presión de los dólares paralelos, y ante una alarma de hiperinflación. El paper que firmó Guzmán sostuvo que “toda solución que evite medidas compulsivas con elevados costos reputacionales requiere tiempo, posiblemente más que un período de Gobierno”, por lo que reclamó esencial “la continuidad en las políticas” y, “para ello, mínimos denominadores comunes que las sostengan”.
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El documento está firmado, además, por dos exintegrantes de su gabinete económico, Ramiro Tosi y Fernando Morra; además del economista Guido Zack de la Fundación Fundar. El think tank Suramericana Visión, que conduce Guzmán, se asoció al mencionado centro de investigación en políticas públicas para presentar un plan sobre cómo resolver la situación de las Leliq en la Argentina, titulado “Asignación de liquidez y política monetaria: cómo canalizar el ahorro argentino hacia la inversión productiva”.
Propuestas para el nuevo presidente
Guzmán está convencido de que la falta de credibilidad actual atentó contra el sistema, aunque confía en un plan de estabilización. Con este paper, el exministro de Economía pone “a disposición” del próximo presidente “aportes para lograr el objetivo”, según señalaron a PERFIL fuentes del entorno de los autores.
En total, son cinco las propuestas: diseñar e implementar una política de transición; ordenar la macroeconomía para reconstruir la confianza en la moneda nacional; reemplazar la esterilización a través de títulos del BCRA por títulos del Tesoro; diseñar e implementar la política monetaria sin condicionamientos provenientes del modelo de organización del sistema financiero; y evitar medidas que impongan costos reputacionales de largo plazo que afecten el desarrollo y profundidad del mercado local de capitales.
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Según el diagnóstico surgido del documento, “la Argentina la liquidez no es canalizada correctamente, pues coexiste su exceso con necesidades insatisfechas de financiamiento” y “la configuración actual del sistema financiero no genera incentivos para que el ahorro se canalice hacia la inversión productiva, sino hacia activos en dólares o instrumentos del BCRA”, situación que “alimenta un círculo vicioso de inestabilidad cambiaria y debilidad de la moneda nacional, limitando además el desarrollo de un mercado local de capitales”.
“Desde el año 2002 el BCRA ha emitido sus propios pasivos remunerados para absorber la liquidez excedente y evitar que una gran parte de la misma se vuelque a la demanda de divisas. Sin embargo, el tamaño y plazo de estos pasivos sigue amenazando la estabilidad cambiaria y daña el funcionamiento del sistema financiero, al desincentivar su rol de intermediación entre los ahorristas y los demandantes de crédito”.
Para eso, los economistas afirmaron que “un proceso de estabilización y crecimiento requiere en paralelo de una reconfiguración macro-financiera que recupere el valor de la moneda nacional y propicie el desarrollo del mercado local de capitales”. Desde ese punto de partida, los exfuncionarios criticaron fuertemente el aliento que el candidato libertario Javier Milei de desarmar plazos fijos y debilitar a la moneda nacional.
Política de transición, confianza en la moneda y títulos del Tesoro
El documento sostuvo que “en condiciones donde los distintos actores no coordinan para fortalecer el programa económico, las políticas deben mantener consistencia, integralidad y una secuencia que permita continuas calibraciones, mientras se robustece la credibilidad que ayudará a la coordinación del sistema” para una política de transición.
“Una consolidación fiscal compatible con un sendero de crecimiento de la economía reduce la dependencia de la asistencia monetaria al Tesoro. En el plano cambiario, resulta necesario una mayor movilidad de los flujos de capitales asociados a la actividad real que desaliente los movimientos de corto plazo. Esto posibilitaría que los superávits comerciales se asocien a un proceso de acumulación de reservas. La velocidad de estos cambios depende de la rapidez con la que se aborde el problema de asignación de la liquidez”, destacó el documento.
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En paper sostuvo que “los instrumentos de esterilización del BCRA han tomado un rol preponderante en el proceso de asignación de la liquidez”, debido a “la preferencia por estos títulos en detrimento de los del Tesoro y el crédito privado”. “No obstante, los títulos del Tesoro son la mejor opción para esterilizar porque protege al Banco Central de pérdidas financieras, y evita amenazas a su autonomía en la ejecución de la política monetaria. Al mismo tiempo, no incentivan la intermediación financiera”.
Para lograrlo, el plan “recomienda retirar progresivamente los pasivos remunerados del BCRA e incentivar la utilización de instrumentos del Tesoro a partir de una estructura de tasas que fomente las colocaciones a plazos más largos y provea incentivos regulatorios como los requisitos de efectivo mínimo, entre otros”.
Sin plan Bonex, ni reperfilamientos
El documento presentado criticó que, en la actualidad, “el margen de intermediación de las entidades financieras es actualmente determinado por las normas y regulaciones del BCRA, más que por su propia política comercial”. “La definición de las tasas de interés a nivel macroeconómico no debe quedar condicionada a garantizar una rentabilidad piso de supervivencia a las entidades menos eficientes como es en la actualidad”.
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Por este motivo, el grupo de economistas afirmó que “es necesario revisar si hay mérito para reconfigurar ciertos aspectos de la industria bancaria al tiempo que se suavicen progresivamente las regulaciones que operan fijando tasas mínimas y las que restringen cantidades en los mercados financieros”. “El rol de prestamista de última instancia del Banco Central no es el de asegurar la existencia de cada una de las instituciones financieras, sino el de garantizar los fondos al depositante”, aclaró.
En el último punto del paper, Guzmán y compañía desestimaron “políticas extremas, como el plan BONEX o el reperfilamiento de deuda en pesos”, al sostener que “tienen consecuencias reputacionales que limitan la capacidad de financiamiento de mediano y largo plazo, por lo que sus costos estructurales son muy superiores a sus supuestos beneficios de corto plazo”.
cp
