La crisis que generó la virtual ruptura de la cadena de pagos, tanto en el sector público, como en el privado, golpeó también a los gobernadores. Con los pagos “pisados” ante el ajuste fiscal que reclamó el Fondo Monetario Internacional (FMI) en Nación, varias administraciones provinciales se sumaron a los atrasos y pusieron en jaque a empresas que, cansadas de esperar, comenzaron a dejar desiertas las licitaciones públicas. Mientras que, en Córdoba, una de las provincias más productivas, aseguraron que las importaciones están casi paralizadas.
A diferencia de los organismos nacionales, cámaras empresariales aseguraron que el suministro de bienes y servicios de sectores clave se detendrá antes de fin de año en distintas provincias, debido a la ausencia de oferentes en las licitaciones públicas que se pusieron en marcha durante el último mes. Una de los ejemplos citados es Misiones, en donde el Poder Judicial “deberá comprar resmas de papel en los kioscos, cuando se le termine el stock”, según señalaron desde la Unión de Unión Argentina de Proveedores del Estado (UAPE) a PERFIL.
Los empresarios advierten sobre una parálisis en la cadena de pagos del Estado
Sucede que, en algunas provincias, los pagos están demorados desde hace ocho meses, pero esas cotizaciones de los pliegos se habían realizado en junio del 2022, cuando los precios estaban un 110% menos que en la actualidad, según fuentes de una empresa misionera consultada por este medio. “La entrega se realizó en enero del 2023, con facturas realizadas al inicio de febrero, y todavía no cobramos nunca un centavo. Los productos fueron cotizados en junio 2022”, sostuvo uno de los proveedores que quiso explicitar la situación territorial, luego de que PERFIL publicara la situación en ámbitos nacionales. “Aun con previsión de costos por atrasos, jamás se podrían remarcar precios de manera tan absurda, superando el doble del costo original, porque después surgen denuncias por sobrecosto. Pero hoy, las pérdidas son mayúsculas”, se quejó un empresario que le vende bienes a, al menos, cuatro provincias.
Crece la incertidumbre de cobro: ¿habrá un nuevo bono?
Los proveedores señalaron otra “trampa” en las licitaciones. Porque, a diferencia de las administraciones que dejaron de publicar licitaciones para manejarse con caja chica en lo que resta del año, algunas provincias decidieron multiplicar las compras en estos meses, pero con condiciones de pago que patearían para el próximo gobierno la disponibilidad de los fondos. “Llaman a licitación con precios a 60 días, la entrega es a 30 y el pago a otros 30. Eso da un total de 4 meses, si es que no existieran retrasos. La cuenta da diciembre y, es obvio que un próximo gobierno no va a pagar nada hasta no revisar”, es la ecuación que hacen algunos empresarios. Hay otras modalidades, como licitaciones con entregas parciales de hasta 180 días. Si la liquidación total se hace en el corto tiempo, sólo queda por esperar el pago, aún con retrasos. Pero si se llega al límite máximo de los seis meses, el cobro y los costos jugarán en contra de los proveedores, por el efecto de la inflación en la producción y en el pago.
“Hay provincias que están súper atrasadas y no responden a los proveedores, ni dan explicaciones. Eso sucede en Misiones. En otras, como en Río Negro, Salta y Neuquén suelen atender, pero las respuestas a los reclamos de los proveedores y de las cámaras del sector no satisfacen las deudas de manera contractual y pagan con notables atrasos. De esto surge que las cotizaciones quedan vacantes, como sucede actualmente en el Poder Judicial de Misiones, que no tendrá papel en resmas, porque nadie le cotizo”, aseguró el vocal de la UAPE, vicepresidente de la Cámara de Comercio Italiana en la República Argentina e integrante de la Federación de Comercio e Industria de la Ciudad de Buenos Aires (Fecoba), Arturo Curatola.
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El temor de los empresarios es que se engrose la deuda y que se forme una bola de obligaciones de pago que termine en una suerte de default con los proveedores, quienes deberán decidir si acudir a la Justicia o asumir las pérdidas. La primera opción es “inviable”, según señalaron desde la UAPE, debido a que el proceso lleva tiempos y costos que terminan por diluir el reclamo. La salida que todos están presumiendo es la emisión de un bono del Estado, que pueda ir a descuento en un banco estatal, en donde la pérdida sería menor. En todos los casos, el sector privado se resignó a un escenario negativo, ante la falta de comunicación con las administraciones provinciales. “En Nación, al menos, existe diálogo. En algunas provincias se manejan como feudos”, dijo, off the record, un empresario.
Apenas un 22% de importaciones aprobadas
La crisis por la falta de dólares y el ajuste del gasto se profundizó intra sector privado. La Unión Industrial de Córdoba (UIC) denunció que apenas un 22% de los pedidos de importación para el funcionamiento de las fábricas de esa provincia fueron aprobados en la última quincena. Esa estadística coincide con las advertencias que días atrás había realizado la UIA. “Se multiplican los problemas para el giro de divisas al exterior tanto para bienes y servicios vinculada con la producción donde la aprobación de SIRAS y SIRASES resulta cada vez más difícil de obtener. Es clave generar los mecanismos pertinentes para darle la mayor celeridad posible a insumos críticos, bienes intermedios y repuestos para bienes de capital”, había disparado la casa mayor de los industriales.
La UIC le puso números a la disminución en las aprobaciones del Sistema de Importaciones de la República Argentina (SIRA). “Durante las últimas dos semanas de julio, de acuerdo a nuestros registros de gestión, la tasa de aprobación fue sólo del 22%, marcando un contraste con nuestro histórico promedio del 54% para las solicitudes provenientes de Córdoba en el año 2023”, aseguró la central fabril que preside Luis Macario.
En su último reporte de actividad, los industriales cordobeses señalaron que “siete de cada diez industrias están operando a niveles de escala iguales o menores que los de hace un año” y que “la mayoría de los empresarios se encuentran cautelosos con respecto a un posible crecimiento de sus beneficios en el próximo trimestre”. Hay un dato que prendió una alerta: “A pesar de que la mayoría de las empresas del sector industrial cumplieron en su totalidad con sus obligaciones fiscales durante el segundo trimestre del año, existe un porcentaje significativo que sólo lo hicieron parcialmente o no realizaron el pago de impuestos”, aseguró la UIC.
