El estrés de las reservas y el condicionamiento del gasto público, debido a las restricciones que impone el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, provocaron una virtual parálisis en la cadena de pagos, tanto en los proveedores del Estado, como en los acreedores internacionales de las empresas. Esa situación podría desembocar en una crisis de quebranto financiero de las empresas, en una masiva retirada de las ofertas para los bienes y servicios en que invierte la administración pública, y en una aceleración de la inflación. La alarma está encendida en todos los sectores productivos, tanto en comercio y servicios, en la construcción de la obra pública, como también en el eslabón industrial.
Distintos actores del ámbito privado admitieron a PERFIL que las empresas que le venden productos al Estado están con “complicaciones serias” de continuar con su actividad, si es que antes de las elecciones primarias, que se realizarán el fin de semana próximo en la Argentina, no se inicia un proceso de rápida solución de los pagos atrasados. A los escenarios incendiarios de cierres o desabastecimiento, los dueños y ejecutivos anunciaron una avalancha de remarcaciones de productos para poder sustentar las pérdidas que se producen con los atrasos. O se estanca la actividad o se profundiza la inflación, un escenario temido por el Gobierno, en su búsqueda por retener el poder presidencial.
Con sequía de por medio, las cuentas del Estado se recalentaron para sostener un plan de inversiones en el inicio de un año electoral clave, pero con una presión inversa para poder cumplir con las metas de ajuste que el FMI impuso en las condiciones del repago de la deuda externa. Para los constructores, el panorama se nubló luego de la salida de Martín Guzmán del Ministerio de Economía. Luego les tocó el turno a los comerciantes y, ahora, el peso también llegó a los industriales, que sufren la falta de dólares y el encarecimiento del financiamiento de las importaciones. El mundo empresarial cree que el gasto continuará sostenido, pero los atrasos podrían ser récord, con “pérdidas incalculables” para las empresas proveedoras.
“Seguimos cobrando tarde, en algunos lugares no mucho y en otros un poco más, pero depende del sector. La situación es la misma que alertamos en la Convención”, afirmó el presidente de la Cámara de la Construcción (Camarco), Gustavo Weiss. Consultado por este medio, admitió que existe un clima de “miedo” en ese sector del círculo rojo local. De hecho, según pudo confirmar PERFIL, hay obras que se paralizaron y otras que se habían reactivado, bajo promesa de pagos, que están nuevamente al límite del lock out. El costo financiero es muy grande, porque los salarios y los insumos se pagan de manera cotidiana, pero el dinero estatal está casi paralizado. Además, denuncian que la fórmula de redeterminación de precios, que busca recuperar el terreno perdido por los atrasos ante las subas de los insumos, está desfasada con el ritmo inflacionario.
“Hay preocupación por los últimos meses de este gobierno y los primeros del que viene, porque sabemos que, sea quien sea el gobierno, va a tener que arreglar la macro, sincerar las variables y ajustar la economía; y tenemos mucho miedo que ese ajuste, como suele ocurrir normalmente, nos impacte”. Los constructores soñaron que luego de su evento anual se liberaran los pagos, luego de que el ministro de Economía, Sergio Massa, les prometiera regularizar la situación. El jefe de Camarco evitó chocar con el funcionario y precandidato oficialista, ya que reconoce que el ajuste, tarde o temprano, llegará y la construcción será el primer eslabón. “Por supuesto que tenemos miedo. Estamos tratando de hablarlo con los candidatos, plantearles el tema, pero sabemos que viene una economía más restrictiva el año que viene y nos preocupa”, se sinceró Weiss.
En la Unión Industrial Argentina (UIA) advirtieron que la crisis de las importaciones, por la falta de dólares en las reservas del Banco Central (BCRA), terminará con un traslado a precios al consumidor o “hará quebrar a muchas pymes, que en la actualidad tienen baja rentabilidad bruta, pero que, incluyendo los costos extras de la inflación y los nuevos impuestos, terminará por cerrar un año letal por el impacto financiero”. “Hay empresas que están trabajando a pérdida, porque hoy tienen rentabilidad mínima, pero a fin de año su balance neto será negativo”, sostuvo un industrial que se sienta en la mesa chica de la conducción de la central fabril.
El decreto que aplica un nuevo costo del 7,5% en la importación de bienes y la contratación de servicios internacionales, entre ellos, el flete, sería mucho más gravoso, según los industriales. Sucede que, a ese impuesto PAIS le suman los costos que genera la financiación y el atraso en el acceso a los dólares para pagar las compras en el exterior, lo que llevaría ese porcentaje por encima del 10%. “Todo eso irá a precios, lo que planchará el consumo y la producción. Pero si las empresas absorben todo o parte del problema, a fin de año habrá muchas fábricas cerradas”, alertó otra fuente de la UIA, quien llegó a ser más cruenta: “Después de financiar las importaciones, desde hace 15 días que está todo paralizado e, incluso, hay fábricas que no tienen acceso a los dólares desde hace un mes”. “No hay un dólar para nadie y no se pueden pagar las mercaderías, lo que genera muchas distorsiones, pero hay dos problemas que desvelan: por un lado, el endeudamiento de las empresas cada día es mayor; y, por el otro, los proveedores advirtieron que frenarán cualquier venta a la Argentina hasta que no estén garantizados los pagos”, confesó el empresario consultado.
Retenciones: nuevas promesas para las economías regionales
Irma Rosales es la presidenta de la Unión Argentina de Proveedores del Estado (UAPE) y dijo que el delay que se produce en la víspera de un cambio de gobierno se adelantó y se agravó este año. Afirmó que existe una “crisis total” por los atrasos en los pagos, que se acentuaron desde octubre del año pasado, pero que se habían originado un par de meses antes. Tienen un problema: no existe una actualización por efecto de la inflación, lo que genera una licuación de la acreencia. “Los números no dan, la deuda flotante es inmensa, pero tampoco refleja la realidad. Hay muchos procesos que tienen facturación, pero que todavía no llegaron a Tesorería, porque están pisadas”, alertó ante PERFIL.
Un cálculo de la entidad sostuvo que los bienes y servicios de las empresas que reportan a la UAPE tienen en su poder un 40% de la deuda consolidada del Estado. Según Rosales, la Tesorería admitió que los pagos podrían demorarse por falta de fondos de cada Ministerio. “Todos mantienen sus gastos, pero suspendieron los pagos”, se quejó. Todo indica que ese atraso calzó justo con el reclamo del FMI para que el Gobierno ajustara sus cuentas. La solución es perdidosa en cualquiera de los casos para las empresas, porque el jaque inflacionario del atraso les genera un agujero financiero; pero una rebeldía que provoque desabastecimiento le permitirá al Gobierno aplicar multas por incumplimiento de contrato.
Según el director asociado de Eco Go Consultores, Sebastián Menescaldi, en junio la deuda flotante fue de $ 1,5 billones y se ubicó muy por encima del déficit primario. “Tiene que ver con las dificultades de financiamiento que está teniendo el Gobierno para poder afrontar los niveles de gasto”, analizó, consultado por este medio. Hay un dato que llamó su atención y que está en línea con la denuncia empresaria de un estancamiento en la cadena de pagos: “En general hay alguna estacionalidad en meses de junio y mayormente en diciembre, pero no tan grandes como la actual. Creo que esto demuestra las dificultades de financiamiento. La otra señal en el mismo sentido fue el haber agotado el cupo de adelantos transitorios que le podía dar el BCRA al Tesoro en junio/julio”.
