Esta semana, el gremialista Omar Viviani confirmó que el presidente electo, Alberto Fernández, estudia la posibilidad de dar un "aumento general para los trabajadores de todas las actividades" por la pérdida del poder adquisitivo y el aumento de la pobreza durante los cuatro años de gobierno de Cambiemos. "Es muy posible que haya un aumento general para los trabajadores de todas las actividades", anticipó el secretario general del sindicato de conductores de taxis, aunque aclaró que no sabe de "cuánto" podría ser el porcentaje.
El posible aumento, uno de los temas que se trató durante la cumbre de la CGT con el futuro ministro de Trabajo, Claudio Moroni, generó repercusiones en el mundo sindical y empresarial. Este viernes, uno de los que se expresó sobre el tema fue el secretario general de la UTA, Roberto Fernández, quien brindó detalles sobre el encuentro con Moroni. "Manifestó que estaba muy preocupado por los ingresos de los que menos tienen y de los jubilados", sostuvo el sindicalista en declaraciones al programa Crónica Anunciada. Consultado sobre cómo tendría que ser el esquema de pagos, sostuvo que debería ser "una suma fija", y aseguró que la cifra "la tienen que estudiar" porque "todavía no saben que plata quedará".
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En tanto, Martín Cabrales y José Urtubey, dos referentes de la Unión Industrial Argentina (UIA), también dieron su opinión sobre la cuestión y rechazaron las eventuales gestiones de Fernández para aplicar el aumento generalizado. "Todos hemos perdido el poder adquisitivo, pero por decreto implementar esto, sabiendo la situación que atraviesan las PyMEs, es imposible. Me parece una medida difícil de aplicar. Las empresas están pasando su peor momento y se cierran PyMEs todos los días. No le veo sentido al aumento", sentenció Cabrales en declaraciones a radio La Red. "Estas cosas se hablan, no se hacen por decreto. En ningún momento se planteó esto, hace mucho que no hablo con Macri, por eso me permito dudar si efectivamente es así la noticia", cuestionó.
Por su cuenta, Urtubey subrayó que “el ajuste lo hizo el sector privado en estos años por la falta de financiamiento por la excesiva presión tributaria” y afirmó que “ahora lo que hay que empezar es a buscar recursos a partir de mayores políticas de desarrollo que generen la posibilidad de darle marcha a un 45% de capacidad ociosa”, recalcó durante una entrevista en radio Colonia.
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Según trascendió, la medida apuntará a aumentar como mínimo los salarios de los trabajadores de las categorías más bajas, y estará acompañada de un refuerzo de las jubilaciones y del valor de los planes sociales. Su implementación contemplaría como excepciones los casos de trabajadores cuyas paritarias estuviesen en plena ejecución y de gremios que hubiesen quedado en una situación de paridad con la evolución de la inflación, según detalló el diario Ámbito Financiero.
Por otro lado, la consultora Ecolatina emitió un informe en el que plantea que "la mejora del poder de compra y el pago de servicios de deuda entrarían en conflicto" el año próximo. "La recuperación del salario real no depende solo de las paritarias, donde se negocian los salarios nominales -de los trabajadores formales-, sino también de la inflación. Por lo tanto, la mejora del poder de compra y el pago de servicios de deuda entrarían en conflicto el año próximo: alcanzar y sostener un tipo de cambio competitivo y estable, en el corto plazo, permitiría conseguir los dólares necesarios para honrar los compromisos asumidos, pero entraría en contradicción con una mejora de los ingresos reales", expresó en un texto.
AB/FeL