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sábado 2 noviembre, 2019

Las ondas sísmicas que sacuden a Comodoro Py

En las últimas semanas proliferaron excarcelaciones, faltas de mérito y otras decisiones en causas judiciales que parecían impensadas. Eso significa que una parte de la Justicia no se interesa solo por la verdad y la ley.

por Federico Delgado

Ex presidenta. A Cristina Kirchner le dictaron la falta de mérito en dos de las tres causas por corrupción que enfrentaba. Foto: pablo cuarterolo

En las últimas semanas nuestra vida pública sufrió algunas ondas sísmicas. De acuerdo con los expertos, las más comunes se producen por la actividad de fallas geológicas derivadas por la liberación de energía acumulada.

La arena judicial fue y es parte de esos movimientos. En efecto, proliferaron excarcelaciones, faltas de mérito y toda una serie de decisiones en causas judiciales que parecían impensadas hace un tiempo atrás. Es como que un sector de la Justicia cambió sus anteojos y analizo los mismos expedientes de una manera diferente. Instantáneamente se desató la puja de opiniones para explicar porque el aparato judicial parece ajustar sus decisiones al poder de turno. Ellas van desde las teorías conspirativas y llegan hasta las especulaciones personales de algunos jueces y fiscales. Quizá todas tienen algo de razón. Pero escogí la metáfora geológica porque me parece que el fenómeno tiene causas más profundas.

Porosidad. Voy a retomar algunas líneas que trabajé en Injusticia (Ariel 2018) y que permiten una aproximación a los vaivenes judiciales desde otra perspectiva. Creo que hay tres grandes vectores para comprender por qué la Justicia reacciona de manera tan peculiar a las modificaciones de los procesos políticos: a) cuestiones personales, b) el entramado cultural del ecosistema judicial, y c) la porosidad del Estado. Me voy a concentrar en el último.

Las instituciones son edificios que generan las condiciones para que todos los ciudadanos podamos ejercer los derechos que nos reconoce la Constitución desde que nacemos. Si ellas son fuertes, todos podemos tomar decisiones sin temor a ningún tipo de represalia, ya que tenemos la garantía institucional que nos protege. En este caso el juez pondrá las cosas en su lugar por el solo hecho de pedírselo.

Las instituciones son el campo de juego en el que se despliega la vida pública en condiciones de igualdad relativa. Expresan el interés común en vivir de acuerdo con la ley. Entre otros requisitos, sus paredes deben ser sólidas para que no penetren intereses particulares. Si ello ocurre, dejan de favorecer a todos y se transforman en lugares que administran privilegios. Algo de esto pasa con una parte de la Justicia.

Disciplinar. Debido a la porosidad institucional, un sector del sistema judicial se “escapó” de la Constitución. Interacciona y tiene relaciones no previstas por la carta magna y que explican los estiramientos conceptuales que permitieron el uso y abuso de la prisión preventiva, las causas armadas, las pruebas plantadas, los arrepentidos todoterreno. Estos hechos en los últimos tiempos fueron públicos. La televisión se cansó de mostrarlos. Pero la intensidad de la vida cotidiana hace que muchas veces los miremos de manera inconexa. Aunque si los analizamos en conjunto, y más allá de la inocencia o culpabilidad de las personas involucradas, podemos ver cómo asoman usos de la Justicia alejados de los objetivos previstos por la Constitución. Esto es trágico. Me refiero a la Justicia como elemento de destrucción de adversarios políticos como medio para disciplinar a los sectores independientes de la propia Justicia y para encerrar a los que se cayeron del contrato social. Ello significa que una parte de la Justicia no se interesa solo por la verdad y la ley.

Me parece que allí yace el gran problema y, por lo tanto, el tremendo desafío colectivo que implica ubicar de nuevo a la administración de justicia en el interior de la Constitución. Significa terminar con la autonomía de un sector de la Justicia que, en nombre de la ley, separó al sistema judicial de la Constitución y se alió con otros actores sociales. Fruto de esa alianza, un uso arbitrario de las normas se ligó con otro tipo de intereses políticos y económicos. Así se pueden pensar, me parece, algunas de las razones que explican los encierros de hace unos meses y las libertades de estos días. El tema central, entonces, es esta amenaza a la democracia. Básicamente porque estas coaliciones suspenden de hecho nuestros derechos que, así, dejan de ser el último refugio de protección.

Finalmente, muchas confusiones acompañan este fenómeno. Voy a señalar dos. La primera tiene que ver con no comprender que todos somos victimas potenciales. La segunda con reducir el fenómeno a tal o cual juez o fiscal. El problema es más complejo. Se trata de formatos de organización política que aspiran a administrar en nuestro nombre algo que no se puede ceder: los derechos que nos asigna la Constitución por el solo hecho de nacer.

 

*Fiscal de la Nación.


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