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domingo 10 noviembre, 2019

¿Una bisagra histórica o cuatro años más de agonía?

Terminado el proceso electoral, el ex presidente plantea que el principal desafío es generar una mesa de consenso que permita salir, al fin, de la eterna crisis social.

por Eduardo Duhalde

Vinculos. Duhalde dice que conoce bien a Alberto Fernández: señala que es una persona inteligente, con capacidad de negociar. Foto: cedoc

Muy pronto la Argentina estrenará un nuevo gobierno constitucional. Otros cuatro años de una gestión que despierta tanto expectativas como incertidumbres en el marco de una sociedad partida casi por el medio, de acuerdo con el resultado electoral. La pregunta que me formulo es: ¿estamos frente a los prolegómenos de un nuevo ciclo de la vida nacional? ¿O este será un nuevo período que prolongará cuatro años más la agonía?

Para responder a este interrogante es preciso atender a los dos ejes que han regido el curso del país en los últimos tiempos: los enfrentamientos políticos que impiden el esfuerzo conjunto y la corrupción estructural en el Estado y la sociedad, fruto de la profunda crisis espiritual y ética que viven la Argentina y el planeta íntegro.

Gobierno de coalición. De tal modo, veremos si el gobierno que se dispone a asumir logra articular un régimen de coalición nacional con las fuerzas políticas representadas en el Parlamento –de manera que el que ganó gobierne y los que perdieron también– y con el aporte de las organizaciones empresariales, laborales, religiosas y sociales.

O bien –lo que desde mi punto de vista sería un grave error– resuelve que por sí solo puede hacer frente a los problemas estructurales del país con, apenas, algún pacto circunstancial, tal como ha venido ocurriendo en los últimos cuatro períodos.

Durante la campaña, las dos fuerzas mayoritarias del país centraron su estrategia electoral en el enfrentamiento y, respecto de la corrupción, solo formularon chicanas. La agresión superó largamente a las ideas en los debates y las comunicaciones.

De manera que si quienes conducen ambas fuerzas estuviesen dispuestos a construir una coalición gubernamental, deberán, al mismo tiempo, desterrar los “relatos” con los que se han manejado hasta ahora. Y deberán adoptar expresamente, como conducta política, la reconciliación y hacer docencia con ella.

Economía y política. No se trata de una opinión personal, sino de una demanda de parte importante del pueblo argentino y de la lógica del nuevo rumbo así adoptado.

El pueblo argentino ha quedado marcado por sus relatos de campaña y del pasado reciente que solo han generado odio e intemperancia.

Evidentemente, la difícil coyuntura económica y social que vivimos será un tema que exigirá máxima atención. Pero si los dos ejes planteados más arriba son las prioridades del gobierno venidero, seguramente las soluciones no tardarán en aparecer. Así nos lo enseñó la experiencia de 2002: los problemas pueden ser económicos pero las soluciones siempre serán políticas.

No es, entonces, un lugar común; no es una frase hecha, decir que si todos remamos para el mismo lado salimos de la crisis.

En suma, en las manos de un puñado de dirigentes está el futuro de los argentinos. Todos ellos cargan sus cuotas de responsabilidad en la crisis actual. Han ejercido, en el pasado reciente, los más altos cargos, han contribuido con su ejercicio a la división, la pobreza y la exclusión de la mayoría del pueblo argentino (Me excluyo de las responsabilidades presentes pero no de las culpas del pasado, naturalmente).

El fortalecimiento de nuestro orden democrático, imprescindible para sentar las bases de un futuro argentino vinculado al mundo que ya viene, requiere tareas tan inmediatas como imperiosas.

Corrupción: problema esencial. La primera de ellas es, vuelvo a repetirlo, terminar con la corrupción en la sociedad, y el Estado para volver a creer en nosotros mismos y para pensar una sociedad solidaria, fundada en la confianza mutua.

Un trabajo patrocinado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) “Mejor gasto para mejores vidas: cómo América Latina y el Caribe pueden hacer más con menos” llegó a la conclusión de que en promedio el sobrecosto en los proyectos de infraestructura desarrollados en América Latina en casi un siglo ha sido del 48%. El trabajo estudió más de ochocientos proyectos en todo el mundo y permitió demostrar que América Latina ha sido la región con mayor índice de sobrecostos.

La obra pública ha sido y es –como se ve– el ámbito en el que lo público y lo privado montaron la corrupción estructural. Por esa razón, como la Justicia se ha mostrado –si no cómplice– al menos displicente ante el fenómeno, es necesario afrontar la cuestión de manera “estructural” para lograr resultados positivos.

En ese sentido, es sumamente alentadora la presentación de “Hacia un acuerdo social anticorrupción”, un trabajo redactado por los especialistas Natalia Volosín, Manuel Garrido, Ricardo Gil Lavedra y Roberto Carlés, y las organizaciones de la sociedad civil: Agrupación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ); Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica; Poder Ciudadano y Directorio Legislativo, que fue presentado a los candidatos antes de las elecciones. Hoy, con los resultados a la vista, surgen varios interrogantes: ¿La hará suya el gobierno entrante? ¿La impulsará en el Congreso? ¿Estará dispuesto a llevar adelante ese acuerdo que propone bases jurídicas y procedimentales imprescindibles para desterrar la corrupción estructural en el Estado?

Si las respuestas a estas cuestiones fuesen positivas, comenzaríamos sin duda a transitar el camino de apertura de un nuevo ciclo histórico argentino, con el impulso esperanzador que ello lleva implícito.

Fallas. El trabajo señala que “las fallas institucionales que permiten que este fenómeno (la corrupción) ocurra profundizan las desigualdades existentes en nuestro país, y alejan aún más a los sectores de poder de aquellas/os que ven vulnerados sus derechos”.

Y pone de manifiesto también que “la discusión sobre el tema suele ser deficitaria y, en general, no ha logrado contribuir a dimensionar adecuadamente el problema, a diagnosticar sus causas ni a identificar sus impactos”.

El acuerdo hace hincapié en sus diversos abordajes de la problemática en la prevención a través de modificar, ampliar y renovar la legislación existente y de promover nuevas medidas.

A la par, al plantear “un nuevo sistema nacional de integridad”, propone “la creación de organismos de aplicación de la ley efectivamente autónomos en los tres poderes del Estado, en reemplazo de la Oficina Anticorrupción del Poder Ejecutivo”.

Para los autores del documento, “cualquier propuesta de reforma del Código Penal debe contener un capítulo específico para los delitos de corrupción, con definiciones claras y actualizadas de los tipos penales tomando en cuenta los compromisos internacionales firmados por Argentina respecto a la lucha contra la corrupción”.

Plantean también que “los sistemas de compras y contrataciones del Estado, ya sea de bienes y servicios como de obras públicas, han sido siempre áreas en las que el riesgo de corrupción es particularmente alto. Entre algunos de los problemas que se presentan habitualmente se destacan la cartelización de la obra pública, la colusión y el pago de sobornos o el financiamiento electoral para la obtención de contratos”.

Para evitar esos mecanismos, proponen “la creación de un órgano rector autónomo que maneje un registro y habilitación de los oferentes, el mecanismo sancionatorio y que vele por la prevención de conductas anticompetitivas y de corrupción”.

Es un detallado documento que los legisladores deberán estudiar y adoptar si queremos terminar con la corrupción en el Estado.

Crecientemente, desde el retorno de la democracia, el fenómeno de la corrupción estructural ha venido carcomiendo las bases del sistema democrático y de representación política.

Crisis y oportunidad. Una vez más estamos ante la posibilidad de que un nuevo mandato gubernamental constituya una bisagra histórica y podamos poner al país en el rumbo de su recuperación ética, económica, social y cultural. Solo así habrá una perspectiva esperanzadora para nosotros y, sobre todo, para las generaciones nuevas que bien merecen otro país.

Conozco bien al nuevo presidente. Me une a él una relación de afecto y respeto forjada a lo largo de los años. Sé de su inteligencia y su conocimiento de la política. Por eso no dudo que las cuestiones que aquí planteo no le serán extrañas y serán parte importante de su agenda desde el inicio de su mandato, que todos deseamos que sea exitoso.

 

*Ex presidente de la Nación.


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