Es muy frecuente observar en encuestas, el permanente descontento de la ciudadanía acerca de la actuación de la justicia, desde el reinicio de la democracia (10/12/1983 a la actualidad). No sólo las decisiones judiciales generan desconfianza, sino también, la escasa transparencia de los procesos coadyuva a conservar el fastidio social hacia la Justicia.
Y si bien, este descontento, podrá tener que ver con una cultura arcaica judicial Argentina, (por ejemplo, se continúa con la idea de no tributar impuestos, las declaraciones juradas de los jueces no las puede controlar cualquier ciudadano, dado que las protege una oficina especial de la C.S.J.N.). Pareciera que aún persiste la idea de un poder por encima de los otros, sin ningún control.
La arbitrariedad judicial, siempre ha tenido un límite histórico, un control, había una Cámara que controlaba y revocaba un mal procesamiento, o una Casación que mandaba a dictar un nuevo fallo a un Tribunal que no fundamentaba su decisión. O una Corte Suprema que ponía final al atropello, fallando en consecuencia. Hoy parecieran haber desaparecido esos controles internos históricos.
El descontento ciudadano, ahora se ha trasladado a quienes ejercemos la profesión en el universo del derecho penal, somos muchos los juristas que venimos alertando lo que está sucediendo en varios de los procesos de notoriedad pública: se están desconociendo el debido proceso, la constitución y las garantías de los ciudadanos.
Es indudable el grave peligro para la Democracia y el Estado de Derecho, y la República que implica esto. Resulta claro que un Poder sin control, en algún momento va a tener un freno, un final,y ese contrapeso, va a tener algún tipo de respuesta: que sin dudas será de carácter político,y lo brindará la propia democracia.
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