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Los riesgos para la Argentina que el Papa advierte en México

El Papa alertó sobre la “mexicanización” del país. Más allá de las primeras reacciones, analistas coinciden con su advertencia.

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Así, sin demasiadas vueltas, el papa ilustró la situación del narcotráfico en México: “la cosa es de terror”. Lo hizo en una carta que le envió a  a su amigo Gustavo Vera, legislador porteño y titular de la ONG La Alameda, que la divulgó. La carta expresaba también el deseo de que Argentina evitará la “mexicanización”. Francisco invocó como fuente los relatos que le hicieron obispos mexicanos.
El gobierno mexicano se manifestó “triste y preocupado” por las declaraciones papales, aunque dio por cerrado el asunto. La Santa Sede se apuró a decir que el término “mexicanización” que usó el Sumo Pontífice no buscó estigmatizar al pueblo mexicano y destacó la excelente relación con ese país.

Desde que Enrique Peña Nieto asumió la presidencia, en 2012, se generaron más de 140 protestas en contra de la violencia. Más de la mitad fueron organizadas por la tragedia de Ayotzinapa, en la que 43 estudiantes del estado de Guerrero desaparecieron el 26 de septiembre. Según cifras oficiales, hasta julio de 2014 había 22.322 personas desaparecidas en todo el país.
Para el politólogo mexicano Héctor Villarreal, lo que el papa Francisco expresó “corresponde fidedignamente a lo que sucede” en México, y la reacción del gobierno mexicano fue de rutina, “parte de un protocolo que la Cancillería mexicana debe cumplir”, que no debería afectar las relaciones con la Santa Sede ni del presidente Peña con el Papa.

—¿Cómo tomó la gente en general las declaraciones del papa Francisco? Sobre todo, porque es un pueblo muy devoto del catolicismo.
—Fuera del círculo rojo, fue algo irrelevante. Ni siquiera entre las oposiciones partidarias al gobierno hubo eco o resonancia de ello.
—¿Qué información manejan en México sobre la situación del narcotráfico en Argentina?
—No se sabe nada. En realidad, no es un tema ni siquiera entre investigadores o especialistas en temas de narcotráfico o América Latina.

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Ayotzinapa. A cinco meses de la desaparición de los estudiantes, “las protestas han menguado. A más tiempo que pasa, el interés en el tema y la protesta se va concentrando en los opositores de toda la vida y algunos nuevos. No es que ya a nadie le importe, pero la intensidad del movimiento y la protesta decrece.

—Más allá de la solidarización por las víctimas, hay una marcada protesta en contra del gobierno. ¿Y contra el crimen organizado?
—Hay un movimiento amplio de apatía contra la delincuencia. Los mexicanos no protestamos contra la delincuencia porque formamos parte de una sociedad muy corrupta, participamos de actos ilícitos de manera cotidiana y sí reconocemos que hay un problema de corrupción, pero a la mayoría nos viene bien seguir formando parte de ella. El 60% de la población activa trabaja en la economía informal. Tiene cierta legitimidad la delincuencia.

—¿Qué responsabilidad tiene el Estado, entonces?
—En el caso de Ayotzinapa, en tanto hay una autoridad de orden municipal que actuó como autor intelectual, es un crimen de Estado. Pero eso no implica que sea una responsabilidad del presidente como jefe de Estado, porque vivimos en un sistema federal. El gobierno es responsable del crimen por omisión. Cuando Peña Nieto tomó posesión, creó una agenda de cambios en el país que se llamó Pacto por México.

—¿Cómo debería actuar Peña Nieto para restablecer la credibilidad política?
—Le falta asumir un liderazgo de “ejemplo” de cambio, de transparencia y rendición de cuentas por los cuestionamientos de bienes patrimoniales que tiene su esposa, por ejemplo. Por otra parte, durante sus primeros dos años de gobierno, Peña Nieto no mencionó los temas de violencia e inseguridad.

—¿Y qué cambios serían necesarios en los organismos gubernamentales?
—Debería darle más autonomía a la PGR y profesionalizar con nuevos integrantes los ministerios públicos para que ganen credibilidad y eficacia. También debe hacerse presente en el tema de las víctimas de manera más personal e institucional, mediante la creación de un organismo público con ciudadanos involucrados en el tema de los desaparecidos.