La cartera de Salud en Brasil se ha convertido en el ministerio de la Corrupción del gobierno de Jair Bolsonaro, por obra y gracia del Covid-19. Al menos así lo confiesan testigos convocados por la Comisión Parlamentaria de Investigación de la pandemia, dedicada a rastrear los casos de sobornos en la compra de vacunas contra la dolencia. Las denuncias son graves: van desde el cobro adicional de un dólar por cada dosis del inmunizante de AstraZeneca-Oxford, hasta un contrato por 45 millones de dólares en la adquisición de la Covaxin, producida en India.
El entramado de estos delitos ya tuvo dos consecuencias para el jefe de Estado, aunque las acusaciones contra él se refieran a su “inoperancia” para impedir las malversaciones dentro de su gobierno. La primera fue un pedido de los senadores presentado a la Corte Suprema el último lunes, para que la justicia averigüe la trama delictiva en contratos por vacunas y la eventual participación presidencial. El segundo efecto fue la presentación del llamado “super impeachment”, que solicita a la Cámara de Diputados el inicio de juicio político contra Bolsonaro. Las argumentaciones remiten a la llamada “responsabilidad delictiva” del presidente brasileño. En ambos procesos, lo más notable es la confluencia de legisladores de izquierda, centro y derecha, en los reclamos contra el gobierno federal. Muchos de los diputados pertenecen a partidos que, en su momento, se aliaron con Bolsonaro.
Entre los derechistas que se colocaron en la vereda de enfrente del gobierno, figuran Joice Hasselmann del Partido Social Liberal (PSL) y Kim Kataguiri, del Movimiento Brasil Libre (MBL). Estos legisladores lideraron, a partir de 2015, manifestaciones callejeras a favor del impeachment de Dilma Rousseff, destituida en 2016 por causas que a la luz de los sucesos actuales podrían considerarse “forjadas” y “banales”.
Ahora, estos parlamentarios se unen en la práctica a las mismas corrientes políticas, entre ellas el Partido de los Trabajadores, a las que cinco años atrás acusaban de “corruptos” “ladrones”. Ahora, Kataguiri juzga que es preciso derribar a “uno de los presidentes más delictivos de la historia brasileña”. Fue la campaña contra el PT y su líder máximo, el ex presidente Lula da Silva, lo que produjo sin duda una votación masiva por Bolsonaro, quien entonces se promocionaba a sí mismo como el presidente que iría a erradicar “la corrupción” dejada por los anteriores gobiernos. Los contratos sobrefacturados para la compra de vacuna anti Covid-19 mostraron que la deshonestidad es un estigma difícil de extirpar. Más que eso, no solo puso en cuestión la idoneidad contra el delito del ex capitán del Ejército devenido presidente en 2019; también incluye a un militar directamente involucrado en las transgresiones (se sabe, al menos, de la participación de un coronel) con todo lo que eso significa en materia de daño al prestigio de las Fuerzas Armadas, que asumieron roles protagónicos en el gobierno de Bolsonaro. Un ejemplo es el ex ministro de Salud general Eduardo Pazuello, quien en abril debió dejar el puesto presionado por los malos resultados de las políticas oficiales para frenar la pandemia.
Los contratos sobrefacturados para la compra de vacuna anti Covid-19 mostraron que la deshonestidad es un estigma difícil de extirpar
Desgaste sí, pero sin impeachment
La Orden de Abogados de Brasil (OAB), un prestigioso colegio profesional, convocó a sus directivos a debatir el 20 de julio próximo un nuevo pedido de impeachment, que debería ser presentado ante la presidencia de la Cámara Baja. El presidente de esa institución, Felipe Santa Cruz, argumenta que “los hechos recientes, revelados por la Comisión Parlamentaria de Investigación del Senado, pone luz sobre la clara responsabilidad del gobierno federal sobre la tragedia que vivimos”. Subraya, también, que hay un derecho constitucional básico: “El derecho a la vida que está bajo seria amenaza. Por lo tanto, ya no podemos postergar por más tiempo la discusión sobre la posible presentación, por parte de nuestra entidad, del juicio político”.
Lo que nadie puede asegurar es la “reelección” de Bolsonaro en octubre del año próximo, justamente por el fuerte desgaste que implican las denuncias de corrupción de su gobierno
Pero ¿cuál es el alcance real de estas demandas? Hay más de un centenar de ellas que fueron cajoneadas por la cúpula de Diputados. Es cierto que, ahora, hay elementos de peso que podrían justificar el proceso de Bolsonaro; pero no menos verdadero que el presidente brasileño cuenta con el apoyo de una base congresista que le garantiza, en principio, su continuidad hasta el fin de su mandato, el 31 de diciembre de 2022.
Lo que en cambio nadie le puede asegurar es su “reelección” en octubre del año próximo, justamente por el fuerte desgaste que implican las denuncias de corrupción de su gobierno. No por casualidad, la popularidad presidencial cayó a 23% (desde el 30% que tenía a fines de 2020). En consonancia con ese derrumbe trepó a alturas impensables la credibilidad del ex presidente Lula, quien hoy sería votado por 49% de la población.
*Autora de Brasil 7 días. Desde San Pablo, Brasil.
