"España está incumpliendo la decisión el Comité de Derechos Civiles y Políticos de la ONU, resuelta en 2021, para reparar «múltiples violaciones de los derechos humanos de Baltasar Garzón", revocado en 2021 por haber investigado crímenes del «franquismo», y el celebre caso «Gürtel» de corrupción, informó hoy su abogada, Helen Duffy, notificada por el citado órgano, mediante «una nueva resolución condenatoria» contra Madrid.
Integrante de la ONG «Human Rigths in Practice», que vigila el cumplimiento del resarcimiento por crímenes y delitos no debidamente sancionados ni reparados por los Estados, habiéndose agotado las vías legales internas de los países que han ratificado el Pacto de Derechos Civiles y Políticos de la ONU, Helen Duffy recordó que Garzón fue arbitrariamente «destituido y enjuiciado», por investigar «crímenes de lesa humanidad» y «corrupción de alto nivel».
La citada letrada precisó que el dictamen del 2021 le había dado 180 días de plazo a España, para informar a la sede de la ONU en Ginebra de «las medidas tomadas» en vista de una «reparación integral» del magistrado destituido, pero que hasta la fecha no existe iniciativa alguna, en particular «la restitución o reincorporación de la víctima a su antiguo papel judicial», o «la compensación y las garantías de no repetición para garantizar que tales casos no puedan surgir en el futuro».
Ecuador: la candidata correísta Luisa González y el exlegislador Daniel Noboa irán al balotaje
Helen Duffy recalcó ahora que España se niega a «reconocer daños y perjuicios» cometidos contra Garzón, y llevar a cabo «el borrado de antecedentes penales injustificados y emprender una reforma legal y judicial, para salvaguardar la independencia judicial». Ante los reclamos de Ginebra, Madrid ha venido respondiendo "no es relevante o no implementa la recomendación", eludiendo definirse sobre "garantizar la no repetición" de las evidencias denunciadas por la ONU.
Las propuestas de la ONU para tratar estos casos individuales, una vez agotada la vía judicial interna en los países involucrados, sin que los litigios hayan sido incluso apelados o tratados por órganos regionales, suele dejar a las 2 partes en disputa, ponerse de acuerdo en una suma indemnizatoria, arbitrando si no hay consenso entre las partes. Trascendió que al respecto no hay acuerdo entre el gobierno socialista de Pedro Sanchez y el magistrado sancionado.
Tampoco hay una valoración coincidente en cuanto al "caso Gürtel". El ex-juez Garzón sigue rechazando "la sentencia proferida en su contra por investigar dicho caso … que fue parcial y arbitraria, con ausencia de previsibilidad de la conducta sancionada y sin acceso a la doble instancia". Constituiría una condena por un solo caso «que supuso la pérdida de su carrera judicial». Sin embargo, sería aún mas grave el diferendo sobre los crímenes del franquismo, en su mayoría impunes por la Ley de Amnistía de 1977, que sigue rigiendo la transición de la dictadura de Francisco Franco, hacia la actual monarquía constitucional y democrática.
El estremecedor juicio contra la enfermera británica que era una asesina serial de bebés
Fabian Salvioli, Relator Especial de la ONU para "justicia transicional", calificó oportunamente que "algunos países presentan un doble estándar: mientras que sus tribunales han enjuiciado adecuadamente y con éxito a autores extranjeros mediante la aplicación de la jurisdicción universal, los delitos cometidos por perpetradores nacionales permanecen impunes, por lo que genera una impunidad inaceptable para estos últimos", una apreciación que le calza a España, en virtud de los sumarios de Garzón sobre las herencias de las dictaduras en Chile y Argentina.
El argentino Salvioli, quien antes de ser Relator presidió durante varios años el Comité de Derechos Humanos de la ONU, antes citado, afirmó asimismo que "en ciertos casos se ha intentado rebajar algunos estándares para negociar acuerdos políticos. La urgencia para lograr un cese del conflicto o un tránsito de régimen ha incidido negativamente en otros casos" respecto "a la calidad de la rendición de cuentas, así como en su modelo o forma de implementación. Si bien el objetivo de lograr la paz y la democracia es imperativo, obstaculizar la rendición de cuentas, ademas de ser contrario al derecho internacional, suele afianzar una cultura de impunidad y violencia, y fallar en prevenir la recurrencia de nueva violaciones".
ds
