La Justicia ordenó allanar la casa de la presidenta peruana Boluarte

La policía peruana allanó ayer la vivienda y el despacho presidencial de Dina Boluarte, en el marco de una investigación sobre presunto enriquecimiento ilícito por unos relojes Rolex que la mandataria no habría declarado dentro de sus bienes. La operación generó la indignada condena de la presidenta. 

“La medida de la madrugada es arbitraria, desproporcional y abusiva”, señaló Boluarte en un mensaje a la nación tras las operaciones de registro ordenadas en su contra, que forman parte de un “ataque y acoso sistemático”.

En la madrugada un grupo de uniformados y fiscales irrumpió en la casa de Boluarte, en el este de Lima, tras derribar la puerta con una barra de hierro. Después, fueron al palacio presidencial y registraron el despacho de la mandataria, quien se encontraba en el sitio al momento del operativo, confirmó el gobierno. 

“Se ha allanado el domicilio privado de la presidenta. Terminada la diligencia han venido a palacio de gobierno con los mismos propósitos”, dijo a la prensa el primer ministro Gustavo Adrianzén.

Las autoridades realizaron el registro en busca de los relojes de lujo cuya procedencia la mandataria no ha aclarado. 

Aunque la fiscalía no ha revelado si halló las joyas u otra evidencia, la defensa de Boluarte aseguró que los policías encontraron unos relojes en su habitación dentro de la sede de gobierno. 

“No se los llevaron, se constató y tomaron fotografías. Eran aproximadamente diez, dentro de ese número había algunos relojes bonitos, pero no puedo decir cuántos eran marca Rolex”, señaló el abogado Mateo Castañeda.

Otro de los abogados, Joseph Campos, aseguró que uno de los Rolex de la mandataria es  “obsequio de un fan. “¿Qué pasa si eso es un obsequio de un fan enamorado?”, argumentó. 

Boluarte, quien asumió la presidencia en diciembre de 2022, comenzó a ser investigada el 18 de marzo por presunto delito de enriquecimiento ilícito y omisión de consignar declaraciones en documentos públicos. 

Nueva citación. Los allanamientos fueron autorizados por el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, que preside el juez supremo Juan Carlos Checkley, a pedido del Fiscal de la Nación.

El primer ministro criticó severamente los operativos contra Boluarte. “Consideramos absolutamente desproporcional, injustificada y cuando no ilegal e inconstitucional la acción que se ha realizado”, afirmó Adrianzén.

La mandataria de 61 años fue citada el viernes por la fiscalía para que rinda su declaración, tras haber solicitado la reprogramación de la diligencia que estaba prevista la semana pasada. 

“Estamos seguros de que en el decurso de la investigación se ha de aclarar de manera definitiva que no existe ningún tipo de responsabilidad por los presuntos delitos que se están investigando”, sostuvo Adrianzén.  

En caso de que la fiscalía la acuse de enriquecimiento ilícito, Boluarte solo respondería en un eventual juicio después de julio de 2026 cuando termina su mandato, según fija la Constitución. 

El escándalo, sin embargo, puede derivar en un pedido de vacancia (destitución) de Boluarte desde el Congreso alegando “incapacidad moral”. 

Para que ello ocurra, las bancadas de derecha que controlan el Parlamento unicameral y son el principal sostén de la mandataria deberán apoyar a las minoritarias bancadas de izquierda en una alianza, en teoría, difícil de concretar.

“Manos limpias”. El escándalo por los Rolex estalló tras un reportaje del programa periodístico “La Encerrona” a mediados de marzo.

El medio reveló que Boluarte había usado varios relojes de la marca de lujo en actividades oficiales desde que asumió como vicepresidenta del gobierno del expresidente Pedro Castillo y ministra de Desarrollo e Inclusión Social en 2021.

El período analizado por el programa va hasta diciembre de 2022, cuando asumió la presidencia.

En su única reacción hasta el momento, Boluarte solo se refirió a un Rolex “de antaño” y dijo que lo había obtenido con el “esfuerzo” de su trabajo. 

“He entrado a Palacio de Gobierno con las manos limpias y saldré con las manos limpias”, declaró Boluarte en pasados días.

A raíz del escándalo, la Contraloría de la República anunció que revisaría nuevamente las declaraciones de bienes que Boluarte presentó los dos últimos años en busca de algún eventual desbalance patrimonial.

La fiscalía ya investiga a Boluarte por los presuntos delitos de “genocidio, homicidio calificado y lesiones graves”, en un caso abierto el año pasado por la muerte de más de cincuenta ciudadanos “durante las movilizaciones sociales entre diciembre de 2022 y enero de 2023”.

Con una popularidad de apenas 10% en las encuestas, la presidenta peruana carece de bancada propia en el Congreso. Boluarte era vicepresidenta hasta que asumió la primera magistratura el 7 de diciembre de 2022 luego de que el Congreso destituyera al presidente izquierdista Pedro Castillo por su intento de disolver el Parlamento y gobernar por decreto.

Reacciones. El fundador del partido Perú Libre y prófugo Vladimir Cerrón publicó en X un mensaje criticando a la presidenta. “Boluarte habrá comprendido que concesionarse a la derecha, pagar a sus medios de comunicación y ser desleal a su partido nunca son buena paga. Admita que la derecha la utilizó para derrocar ‘constitucionalmente’ a su compañero de camino (Pedro Castillo), pero lo paradójico es que usted está en el mismo camino. Todo apunta a un nuevo golpe blando”, planteó. 

Otras voces de la oposición han apuntado también a la necesidad de dimisiones. En cambio, el primer ministro Adrianzén restó  importancia a la operación y cree que se quedará en “solo una anécdota”. “Se va a dirigir a la fiscalía cuando sea convocada. Ha pedido reprogramación y no se le ha concedido. Si juzga pertinente, dará declaración ante la prensa. Se está haciendo una tormenta donde no debería haberla, no es una crisis, ni creo que sea tan grave”, apuntó. 

Para Adrianzén, esta operación policial “ofende” a la nación y es “desproporcionada”. “Esto es insólito y llamativo, el ruido político (que genera) ahuyenta la inversión y eso hace daño a todos”, argumentó. Estos hechos se producen después de que el fiscal supremo adjunto de Perú, Hernán Mendoza, denunciara este miércoles que la mandataria no había acudido a las citaciones para explicar la procedencia de los relojes y joyas de lujo por los que se le acusa de un delito de posible enriquecimiento ilícito que ahora investiga el Ministerio Público.

La presidenta peruana tenía programada una citación el martes por la tarde y el miércoles a primera hora de la mañana, si bien no asistió a ninguna de ellas, teniendo que ser postergadas.

Esta situación se produce cuatro días antes de la fecha prevista para la presentación del nuevo gobierno que lidera Adrianzén ante el Congreso para solicitar el voto de confianza.