La crisis política brasileña entrará pasado mañana en un nuevo y crucial capítulo, cuando el Tribunal Superior Electoral (TSE) reanude el juicio por el presunto financiamiento ilegal de la fórmula Dilma Rousseff- Michel Temer en la campaña presidencial de 2014. Un fallo adverso podría costarle el cargo a Temer. Sin embargo, en los últimos días crecieron las versiones sobre la posibilidad de que los jueces decidan aplazar el proceso, lo que le daría oxígeno político al mandatario en un momento en el que intenta resistir en el poder tanto como sea posible.
El juicio había comenzado el 4 de abril, pero se interrumpió para dar más tiempo a la defensa y para citar a nuevos testigos relacionados con la red de corrupción en el seno de Petrobras, que, según las acusaciones, habría abastecido la campaña de la destituida Rousseff y su ex vicepresidente. Algunas semanas atrás, el proceso en el TSE parecía condenado al cajoneo. Sin embargo, volvió a cobrar una enorme relevancia luego de que el empresario Joesley Batista, de la compañía JBS, revelara una grabación que probaría que Temer habría avalado el pago de coimas a un ex diputado preso a cambio de silencio.
Desde entonces, el presidente recibe fortísimas presiones para que renuncie. Propios y ajenos ven una salida por vía del TSE como una opción para evitar escenarios más traumáticos, como el que podría generarse si Temer sufriera una condena en el Supremo Tribunal Federal (STF).
“Un resultado negativo en el TSE sería fatal para el gobierno, porque provocaría una desbandada de los partidos que integran su base aliada en el Congreso –dijo a PERFIL el politólogo brasileño Christian Lynch, profesor de Ciencia Política de la Universidad del Estado de Río de Janeiro–. Sin base parlamentaria, no hay forma de hacer las reformas de las que Temer depende para mantener el apoyo de las elites que aún están a su lado. Salir del gobierno también significaría perder los fueros y quedar expuesto a la cárcel en primera instancia”.
Los siete magistrados del TSE deliberarán sobre el caso entre el martes y el jueves. Si decidieran impugnar los comicios de 2014, también tendrían que definir si
Temer debería abandonar inmediatamente su cargo o si podría permanecer en Planalto hasta que se agotaran todas las instancias de apelación. En cualquier caso, un fallo en contra provocaría la retirada de la coalición oficial del PSDB, hoy principal sostén de Temer, lo que dejaría al presidente en una situación de extrema debilidad.
Sin embargo, en los últimos días hubo indicios de que el tribunal optaría por aplazar su resolución. Según la prensa brasileña, todas las partes involucradas manejan la hipótesis de que los jueces aceptarán un “pedido de vista”, un recurso que implicaría la suspensión provisoria de las deliberaciones a solicitud de alguno de los magistrados para profundizar su análisis. “El TSE puede definir el futuro de Temer, pero probablemente no lo hará –evaluó el profesor David Fleischer, catedrático emérito de la Universidad de Brasilia– . Si dan lugar a un pedido de vistas, la decisión se aplazará hasta agosto. Y, aún si fallaran contra Temer, éste podría apelar al STF y demorar la resolución hasta 2018”.
Los tiempos del TSE abrieron especulaciones de todo tipo en Brasil. Durante la gestión Temer, el tribunal renovó a dos de sus miembros, lo que generó suspicacias sobre la independencia de los jueces respecto del Ejecutivo. El presidente del TSE, Gilmar Mendes, salió al cruce de las versiones y abrió el paraguas: “Los pedidos de vista son normales. Si alguien hiciera eso, no será por encargo de nadie. El TSE no es un juguete de nadie y no le corresponde resolver la crisis política”.
En opinión del politólogo Leon Victor de Queiroz, profesor de la Universidad Federal de Campina Grande, “a diferencia del STF, cuyo diseño institucional es el de una corte política, el TSE es menos sensible a las circunstancias políticas a la hora de tomar decisiones, por lo que, a lo sumo, la crisis podría influir en un pedido de vistas, pero no en la decisión de fondo”.
Cuando todos lo daban por muerto, Temer ha conseguido un respiro en los últimos días. “El gobierno fue eficiente en minimizar la percepción de debilidad –dijo el analista político Rafael Cortez, director de la consultora Tendências–. El cuadro actual señala una alta probabilidad de que se mantenga el mandato presidencial, a pesar de la enorme volatilidad política y de la incertidumbre sobre las reformas económicas”.
Piden cárcel para Lula
El Ministerio Público de Brasil pidió que el ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva sea condenado a prisión, en régimen de reclusión, por el delito de “corrupción pasiva calificada”, según informaron ayer fuentes judiciales. La petición consta en documentos remitidos al juez federal Sergio Moro y corresponden a una causa penal en la que Lula es acusado de ocultación de patrimonio y otros delitos relacionados con un departamento que sería de su propiedad pero aparece registrado a nombre de empresarios que le habrían servido de testaferros. El departamento, un tríplex situado en el balneario de Guarujá, en San Pablo, figura en los registros como propiedad de la empresa OAS, una de las constructoras implicadas en el escándalo de corrupción descubierto en el seno de la empresa estatal Petrobras.