La Justicia federal comenzó a profundizar una investigación sobre presuntas irregularidades en el Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA), luego de que el fiscal federal Ramiro González impulsara una causa por posible enriquecimiento ilícito contra el ex titular del organismo, Facundo Leal, y otros funcionarios de la entidad.
Entre las primeras medidas de prueba, el fiscal requirió informes patrimoniales y financieros para analizar la evolución económica de Leal, de la actual presidenta del ORSNA, Noelia Florencia Ruiz; de la vicepresidenta, Lucila Belén Pagani; y de Facundo Gaitán, funcionario incorporado al organismo con tareas de supervisión.
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La causa se originó a partir de una denuncia presentada por la diputada nacional Marcela Pagano, quien planteó sospechas sobre el funcionamiento interno del ente regulador, la administración de recursos públicos y la adjudicación de obras aeroportuarias.
Las novedades en la investigación se dan a dos semanas de la detención de Facundo Leal, en una causa vinculada a su paso por ARSAT. En su casa hallaron droga y más de 2,5 millones de dóleres en efectivo.
La fiscalía busca determinar si existe correspondencia entre los ingresos declarados por los funcionarios y la evolución de sus patrimonios. Para ello, además de los informes financieros, solicitó los legajos personales de los investigados para conocer las condiciones de sus designaciones, antecedentes laborales y remuneraciones percibidas dentro del organismo.
Según publicó Infobae, durante los últimos meses se habría producido una reorganización interna que incluyó el desplazamiento de personal de carrera y la incorporación de personas vinculadas al círculo de confianza de las autoridades, concentrando funciones clave dentro de un grupo reducido de funcionarios.
La hipótesis judicial sostiene que esa estructura habría continuado incluso después de la salida de Leal de la conducción del organismo.
Obras aeroportuarias y sospechas de retornos
Otro de los ejes de la investigación apunta a las contrataciones financiadas mediante el Fondo Fiduciario de Fortalecimiento del Sistema Nacional de Aeropuertos (FFSNA).
En ese marco, González solicitó información detallada sobre adjudicaciones otorgadas desde enero de 2025 a las empresas Agro, Lemiro Pietroboni, Cemisa y Centro Construcciones, mencionadas en la denuncia como beneficiarias de distintas obras aeroportuarias.
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La fiscalía intenta reconstruir los procesos de contratación, certificación y pago de esas obras, además de verificar si existieron observaciones administrativas o denuncias previas.
La presentación judicial también menciona la presunta existencia de un mecanismo de cobro de retornos para habilitar certificaciones y pagos. De acuerdo con la denuncia, esos montos habrían representado cerca del 10% del valor de determinados trámites. Por el momento, se trata de una hipótesis que forma parte de la investigación y que deberá ser corroborada mediante las pruebas.
De acuerdo con una reconstrucción realizada por La Nación, la fiscalía requirió información a la Oficina Anticorrupción, la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) y la Auditoría General de la Nación (AGN).
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El objetivo es conocer si existen auditorías, denuncias o antecedentes vinculados con las adjudicaciones investigadas y con el funcionamiento del ORSNA durante el período analizado.
Además, se solicitó información sobre presuntos usos de recursos estatales para fines particulares, una de las cuestiones mencionadas en la denuncia original.
El vínculo con la causa ARSAT
La nueva investigación se produce mientras Facundo Leal permanece detenido en otra causa judicial que tramita en San Isidro y que está relacionada con su gestión al frente de ARSAT.
En ese expediente se investigan presuntas irregularidades en contrataciones vinculadas a servicios de custodia y almacenamiento de equipamiento tecnológico. La Justicia analiza especialmente la participación de la firma ALS (Argentina Logistic Service) en acuerdos celebrados con la empresa estatal.
Ante esa situación, el fiscal González pidió incorporar información de esa causa para determinar si existen posibles conexiones entre los hechos investigados en ARSAT y las denuncias que ahora alcanzan al ORSNA.
Por el momento, la causa se encuentra en una etapa inicial centrada en la recopilación de documentación, informes patrimoniales y antecedentes administrativos.
Las medidas impulsadas por la fiscalía apuntan a determinar si existieron delitos vinculados con enriquecimiento ilícito, administración fraudulenta o irregularidades en el manejo de fondos públicos.
CS
