El gobierno de Luiz Inácio da Silva se preparó este miércoles para nuevas protestas de los seguidores de su antecesor, Jair Bolsonaro, en Brasilia.
Después de los ataques y los destrozos de edificios públicos, las autoridades brasileñas reforzaron las medidas de seguridad en todo el país mientras se difundían volantes en las redes sociales con convocatorias para realizar concentraciones masivas y recuperar el poder.
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Ante la amenaza, el procurador general del gobierno le pidió al Supremo Tribunal Federal que prohibiera los bloqueos de rutas y la invasión de edificios públicos.
También prohibió en forma temporal las manifestaciones y reclamó la aplicación de multas a las empresas que financien ese tipo de expresiones antidemocráticas.
Lula lamentó ayer que Bolsonaro siga negando su derrota en las elecciones presidenciales, dirimidas en la segunda vuelta del 30 de octubre con un margen estrecho.
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Los ataques del domingo resultaron ser los peores contra la democracia desde que terminó la dictadura militar, en 1985.
Alexandre de Moraes, juez del Supremo Tribunal Federal, ordenó el martes el arresto de Anderson Torres, desvinculado del cargo de jefe de seguridad pública de Brasilia que había asumido el 1 de enero y exministro de Justicia de Bolsonaro. Torres se encuentra con el expresidente en Orlando, Estados Unidos.
Desde allí anunció por Twitter que estaba dispuesto a interrumpir sus vacaciones, regresar a Brasil y presentarse ante la Justicia.
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El juez Moraes también solicitó la detención de Fabio Augusto Vieira, jefe de la policía militar de Brasilia, uno de los responsables de la protección de los edificios vandalizados.
Los fiscales del Tribunal de Cuentas de la Unión pidieron al Supremo corte que bloquee los bienes de Bolsonaro y de Torres, así como los del exgobernador de Brasilia, Ibaneis Rocha, destituido por no detener los disturbios del domingo.
La policía detuvo a Ana Priscila Azevedo, una de las organizadoras del ataque a las instituciones del domingo.
En las redes sociales, Azevedo alentó los actos considerados golpistas y terroristas desde el campamento que habían montado los partidarios de Bolsonaro cerca del cuartel general del Ejército, donde pedían una intervención militar para impedir la toma de posesión de Lula.
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El expresidente ya está en condiciones de retornar al país
Bolsonaro fue dado de alta en el hospital de Orlando en el que fue internado por dolores abdominales y anunció que anticipará su regreso a Brasil.
Varios legisladores brasileños propusieron la creación de una comisión especial en ambas cámaras para analizar su grado de implicación en los ataques y reclamaron al Supremo que ordene su extradición.
Pidieron también que sea investigado el grado de participación en los ataques de los diputados federales André Fernandes, Clarissa Tércio y Silvia Waiãpi, aliados de Bolsonaro.
BL JL
